La versión vigente de la legislación concursal está contemplada en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

Esta norma sustituyó a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, vigente durante varios años y que había sido objeto de múltiples modificaciones.

Los textos refundidos son actuaciones legislativas que desarrolla el ejecutivo por orden del legislativo para adecuar, ordenar y racionalizar una norma cuando ha sufrido diversas modificaciones y tiene una parte de la regulación dispersa por otras normas complementarias.

Estas nuevas normas no suponen una modificación legislativa (algo que compete a las Cortes Generales), aunque, además de fundir normas distintas, sí pueden variar la redacción del texto y la estructura de la ley principal (con añadidos, supresiones, desgloses, explicaciones más claras y detalladas, solución de incoherencias o puntos difíciles de interpretar…).

Acrónimo de Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho.

Es la tercera fase del Mecanismo de Segunda Oportunidad. En este momento del procedimiento es precisamente cuando el deudor puede aspirar a que se le cancelen algunas de sus deudas pendientes si cumple ciertos requisitos.

Un fiador es la persona que, mediante un contrato de fianza, garantiza con su patrimonio el cumplimiento de una obligación de otra persona. De este modo, si el deudor incumple el pago de lo comprometido, el acreedor podrá exigírselo al fiador.

Este tipo de contrato se suele asociar a préstamos y créditos solicitados a entidades bancarias, cuando estas exigen contar con una garantía personal de un tercero que refuerce la patrimonial del deudor.

Este contrato de garantía personal comparte muchos elementos con el contrato de aval (de hecho, este es una fianza), aunque con algunas diferencias de regulación (se contiene en el Código Civil), como ciertos derechos del garante.

Aunque tienen algunos puntos comunes, no debe confundirse este contrato con la obligación que existe en algunas situaciones de entregar o depositar un dinero como garantía.

Esta otra posibilidad puede dirigirse, por ejemplo, a garantizar una posible responsabilidad que implique un pago (costas judiciales, indemnizaciones…) o el cumplimiento de una obligación de acción u omisión: por ejemplo, en los arrendamientos, para litigar, en ciertos recursos, en caso de libertad provisional en un proceso penal…

Aunque en algunas ocasiones pueda hacerlo un tercero, muchos de estos otros depósitos o fianzas los realiza el propio implicado y deudor.

Un avalista es la persona que, mediante un contrato de aval, garantiza con su patrimonio el cumplimiento de una obligación de otra persona. De este modo, si el deudor incumple el pago de lo comprometido, el acreedor podrá exigírselo en su lugar al avalista.

  • El contrato de aval suele formalizarse en el ámbito mercantil para garantizar el pago mediante documentos de giro (letras de cambio, cheques, pagarés…), asumiendo el avalista la obligación de pago si el obligado a este lo incumple.
  • También suelen formalizarse cuando se solicita a una entidad bancaria que aporte su garantía para asegurar una obligación de pago o reforzar ciertas decisiones u operaciones: licitaciones, concursos, arrendamientos, responsabilidades asociadas a cargos…
  • Asimismo, hay avales que no son financieros sino técnicos: garantizan obligaciones que no son de pago, como el cumplimiento de obras, el buen fin de operaciones…

Este contrato de garantía personal es, en esencia, un contrato de fianza, aunque con algunas diferencias de regulación con este (se contiene en la Ley Cambiaria y en el Código Civil): por ejemplo, en ciertos derechos del garante.

Son los derechos de cobro que se deberán satisfacer antes que los demás en el concurso.

Las deudas que correspondan a estos se deben saldar las primeras con cargo al patrimonio del deudor, sin contar las de derechos garantizados.

Entre otros, son de este tipo las deudas por impago de salarios recientes de trabajadores (hasta cierto límite), gastos del propio concurso, pagos por alimentos (hasta cierto límite), ciertas obligaciones nacidas una vez iniciado el concurso…

Son los derechos de cobro con mayor preferencia, sin contar los créditos contra la masa.

Los hay de dos tipos:

  • Con privilegio especial. Se saldan aparte, con los bienes afectos. Son las deudas garantizadas con hipotecas, prendas y otros tipos de afecciones de bienes.
  • Con privilegio general. Se incluyen algunos como los impagos de retenciones fiscales o de cotizaciones a la Seguridad Social, otros impagos por salarios o indemnizaciones laborales (hasta cierto límite), ciertas reclamaciones por responsabilidad civil, el 50 % de ciertos otros créditos con acreedores públicos (Hacienda, Seguridad Social…), etcétera.

Son los derechos de cobro que no se encuadran en ninguna de las otras categorías de créditos (contra la masa, privilegiados o subordinados).

31 de marzo 2021

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