Conjunto de procedimientos regulados en la Ley Concursal que tienen como fin ayudar a solucionar el problema de impagos de los particulares y autónomos en situación de insolvencia.

Incluye tres fases:

  • Una fase preconcursal dirigida al logro de un pacto del deudor con sus acreedores (Acuerdo Extrajudicial de Pagos).
  • Una fase judicial (Concurso Consecutivo) si el acuerdo citado no se consigue, en la cual generalmente se liquidará el patrimonio del deudor para realizar los pagos o se constatará su insuficiencia.
  • Una tercera fase en la que el deudor, cumpliendo algunos requisitos, podrá cancelar todas o algunas de las deudas pendientes (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho).

Este mecanismo, de modo completo, fue introducido en la Ley Concursal por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, conocida coloquialmente como ‘Ley de la Segunda Oportunidad’.

Licenciado en Derecho, inscrito como ejerciente en un Colegio de Abogados, que lleva la defensa en juzgados y tribunales de sus clientes y/o les asiste prestándoles asesoramiento jurídico.

Actualmente los abogados, para ejercer, deben además cumplir ciertos requisitos: formación de práctica jurídica, superación de pruebas de acceso o acreditación de méritos o experiencia…

Personas naturales (físicas) que no son titulares de un negocio como autónomos adscritos al RETA o a una mutua profesional alternativa. Actúan como individuos y asumen las deudas con su patrimonio personal, que no está afecto a una actividad económica por cuenta propia.

Pueden ser trabajadores (con contrato laboral), directivos (contrato de alta dirección), funcionarios, pensionistas por jubilación, invalidez o viudedad, estudiantes, doctorandos, rentistas, amas de casa…

Modo genérico y coloquial  de aludir a quienes desempeñan su actividad económica por cuenta propia, adscritos al régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social (RETA) o, en algunos casos, a una mutua profesional alternativa (abogados, gestores…).

Puede tratarse de profesionales, artistas, deportistas, comerciantes u otro tipo de empresarios o emprendedores, siempre sin forma societaria en su negocio.

Los juzgados de primera instancia e instrucción son órganos jurisdiccionales dirigidos por un juez, y adscritos a un territorio concreto (partido judicial), que puede actuar en el orden civil y el penal.

Son el primer acceso judicial de los ciudadanos cuando en estos ámbitos se debe dirimir algún conflicto.

En los procedimientos preconcursales y concursales del Mecanismo de Segunda Oportunidad los juzgados de primera instancia son, en general, los que se encargan de los procedimientos en los que el deudor es un particular.

Los juzgados de lo mercantil son órganos jurisdiccionales dirigidos por un juez que pueden estar adscritos a una provincia o a varias de la misma comunidad autónoma, y tener sede en la capital de la provincia (uno o varios juzgados) o en otras poblaciones.

Se encargan de las cuestiones suscitadas en materia mercantil, y de los asuntos concursales (exceptuando los que corresponden a particulares, que se dirimen en los juzgados de primera instancia).

Licenciado en Derecho, inscrito como ejerciente en un Colegio de Procuradores, que lleva la representación en juzgados y tribunales de sus clientes y se encarga de labores documentales e informativas y de las notificaciones entre la sede judicial y los abogados.

En los procedimientos de segunda oportunidad (dirigidos a particulares y autónomos) no es obligatorio contar con procurador. Sin embargo, algunos abogados prefieran contar igualmente con los servicios de este tipo de profesional en su prestación jurídica a deudores que son personas naturales.

Un avalista es la persona que, mediante un contrato de aval, garantiza con su patrimonio el cumplimiento de una obligación de otra persona. De este modo, si el deudor incumple el pago de lo comprometido, el acreedor podrá exigírselo en su lugar al avalista.

El contrato de aval suele formalizarse en el ámbito mercantil para garantizar el pago mediante documentos de giro (letras de cambio, cheques, pagarés…).

También suele pactarse cuando se solicita a una entidad bancaria que aporte su garantía para asegurar una obligación de pago o reforzar ciertas decisiones u operaciones: licitaciones, concursos, arrendamientos, responsabilidades asociadas a cargos…

Es similar a la fianza.

Un fiador es la persona que, mediante un contrato de fianza, garantiza con su patrimonio el cumplimiento de una obligación de otra persona. De este modo, si el deudor incumple el pago de lo comprometido, el acreedor podrá exigírselo al fiador.

Este contrato se suele asociar a préstamos y créditos solicitados a entidades bancarias, cuando estas exigen contar con la garantía personal de un tercero.

Aunque tiene algunos puntos comunes, no debe confundirse la fianza con la obligación, denominada igual, de entregar o depositar un dinero como garantía (para litigar, por costas judiciales, por indemnizaciones, en arrendamientos, en caso de libertad provisional en un proceso penal…).

Todos los individuos son personas naturales desde su nacimiento. También se las llama personas físicas.

A efectos de la Ley Concursal y del Mecanismo de Segunda Oportunidad, se diferencia entre persona natural empresario (son los autónomos y equivalentes) y persona natural no empresario (son los particulares).

02 de enero 2021

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