77.000 euros perdonados en dos meses y medio a pensionista de Santander
En cuatro años se arruinó por completo
Eduardo (nombre ficticio) decidió emprender en el año 2000 en el sector de la construcción. Tenía contactos, trabajaba bien y enseguida levantó el negocio.
Fue una época buena en la que la burbuja que se estaba creando solo tenía efectos favorables. Más adelante, cuando estalló, todo se fue a pique pero, aunque pueda parecer raro, la empresa de Eduardo no duró hasta ese momento sino que en 2004 cerró.
Había trabajo, sí, y con unos precios que permitían buen margen de beneficio pero empezaron los problemas de impagos y todo se fue al traste.
Una característica de las empresas de este ámbito es que a la fecha de cobro, independientemente de que este se produzca o no, ya se han asumido obligaciones con trabajadores, con proveedores de materiales, con profesionales, etc. y que hay que pagar.
Si el cliente pide un aplazamiento es casi obligatorio concederlo, porque lo contrario sería prácticamente renunciar al dinero. Pero, claro, mientras tanto hay que conseguir la liquidez necesaria de alguna forma y se recurre a préstamos, pólizas o cualquier tipo de financiación que permita seguir funcionando.
En el caso que nos ocupa, llegó un momento en que se tuvo la certeza de que los clientes morosos no iban a pagar en ningún momento y que ya no se podía conseguir más crédito así que el negocio se cerró con una serie de deudas de importe más que considerable y sin medios con los que hacerles frente.
Una incapacidad laboral fue la gota que colmó el vaso
En cuanto le fue posible, Eduardo se reincorporó al mercado laboral y lo hizo trabajando para el Ayuntamiento de su localidad aunque lo hacía por temporadas, no de manera estable y continuada.
Con el paso de los años perdió su vivienda habitual por no pagar la hipoteca, pasó por un divorcio y por problemas de salud.
Todo eso fue empeorando su situación económica hasta que llegó un punto en el que a raíz de su enfermedad tuvo que dejar de trabajar y se le reconoció una incapacidad laboral con una prestación que no llegaba a los 500 euros.
En esos años Eduardo había podido rebajar en muy poca cantidad las deudas que arrastraba, pero en este punto ya sí que fue más que evidente la imposibilidad de hacerles frente.
Libertad Sin Deudas es la puerta de entrada adecuada
La posible solución estaba en el procedimiento regulado en la Ley de Segunda Oportunidad, así que contactó con nosotros y desde Libertad Sin Deudas le facilitamos una primera reunión gratuita con uno de nuestros abogados.
Tras ella tuvo dos ideas muy claras:
1.- Que cumplía los requisitos que exige la normativa y que, básicamente, son: ser persona física, tener dos o más acreedores y demostrar tanto que se es insolvente como que no se ha llegado a esa situación actuando de mala fe.
2.- Que la probabilidad de conseguir la cancelación de las deudas era prácticamente del 100%.
Con esto en mente le fue muy fácil tomar la decisión de iniciar el proceso judicial y la verdad es que el resultado no pudo ser mejor: consiguió la cancelación de la totalidad de la deuda (algo más de 77.000 euros) en solo dos meses y medio.
Para una persona que lleva 19 años cargando con un peso así el alivio es inmenso, ya te lo puedes imaginar…
Si tú tampoco puedes hacer frente al pago de tus deudas no le des más vueltas y llámanos ahora. Será el primer paso hacia una nueva vida.
Auto de cancelación de deuda
Clicando en el siguiente enlace puede consultarse el auto de cancelación de deuda correspondiente a este caso. Los datos de las personas implicadas han sido borrados por motivos de privacidad: 77.000 euros perdonados en dos meses y medio a pensionista de Santander.
