Ley de la Segunda Oportunidad

Todo sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, actualizado en febrero de 2022.

Es la norma que regula los procedimientos del concurso de acreedores y algunos acuerdos preconcursales que pueden darse antes de este para evitarlo.

La norma concursal vigente es la siguiente: 

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal

Dentro de esta norma se contempla la regulación del Mecanismo de Segunda Oportunidad introducida en 2015 por la conocida como ‘Ley de la Segunda Oportunidad’.

El deudor puede solicitar que se homologue judicialmente un acuerdo de refinanciación con acreedores si es en la modalidad colectiva y cumple ciertos requisitos.

Este paso da más fuerza ejecutiva al acuerdo a efectos de vinculación, finalización de ejecuciones, levantamiento de embargos, extensión de otros efectos…

Es uno de los tipos de acuerdo preconcursal que puede intentar el deudor insolvente, persona natural o jurídica, con sus acreedores.

La Ley contempla varios requisitos: Siempre se exige que exista un plan de viabilidad del negocio del deudor y la formalización en instrumento público. Además se precisan otros que varían dependiendo de qué modalidad de acuerdo se busque (colectivo o singular).

En ocasiones también se incluye una auditoría del plan efectuada por un experto independiente.

Son cantidades que legalmente pueden establecerse como obligatorias para asegurar a algunos familiares su sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación.

La obligación, en general, es recíproca para:

  • Cónyuges.
  • Ascendientes y descendientes.
  • Hermanos (limitados a auxilios necesarios para la vida y educación, por necesidad no causada por el beneficiario).

Los relativos a cónyuges y de estos hacia los descendientes suelen fijarse, entre otras situaciones, en los convenios y sentencias de separación o divorcio.

En sentido estricto, como se considera aquí, es el conjunto de los fondos (dinero), bienes y derechos de los que es propietario o titular una persona física o jurídica (u otra entidad) y que tienen un contenido económico valorable en dinero.

En sentido amplio, el patrimonio también incluye las obligaciones contraídas. Con esta consideración, se compone de un activo (fondos, bienes y derechos) y de un pasivo (deudas).

El patrimonio puede ser individual (de una persona) o compartido (colectivo), como sucede en el caso de los bienes gananciales matrimoniales o de las comunidades de bienes, o cuando hay copropiedad.

Son quienes padecen dificultades extraordinarias para atender sus deudas de préstamos o créditos hipotecarios y, según los parámetros establecidos legalmente (ingresos, dimensión de la unidad familiar, edad, variación de la situación económica…), tienen la consideración de personas situadas en el umbral de exclusión.

La normativa contempla para estos deudores ciertas medidas de reestructuración de la deuda, reducción de gastos, flexibilización de los procedimientos de ejecución hipotecaria…, algunas asociadas a un Código de Buenas Prácticas al que pueden adherirse las entidades bancarias.

Vía especial para la obtención del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).

Se puede acceder al BEPI por esta vía si no se pudieron pagar las deudas indicadas como presupuesto para la vía automática, pero se cumplen ciertos requisitos.

Por esta opción el deudor deberá comprometerse a pagar las deudas pendientes no exonerables mediante un plan de pagos de hasta cinco años. Pueden ser deudas pendientes por créditos contra la masa, créditos concursales privilegiados, impagos de alimentos y créditos de administradores públicos. En algunos casos pueden incluirse también algunos créditos ordinarios.

Es la vivienda de una persona que mantiene en ella su residencia habitual (principal). Hay normativas diferentes que establecen algunos requisitos para que una vivienda pueda considerarse habitual.

Por ejemplo, la normativa fiscal exige que sea la residencia durante al menos tres años (salvo traslado reciente por razones de matrimonio, separación, trabajo…) o se habite de manera efectiva y permanente sin que transcurra un plazo superior a doce meses desde la fecha de adquisición o terminación de las obras.

Hay que tener en cuenta, además, que para considerar que hay residencia habitual en el país es preciso que se resida en su territorio al menos 183 días en el año.

Término que se utiliza a menudo para aludir a una segunda residencia vacacional, pero que, en general, a diversos efectos (fiscales, para liquidación…), puede utilizarse para hacer referencia a toda propiedad que tenga un particular de inmuebles residenciales que no constituyan su vivienda habitual.

Puede tratarse de viviendas vacacionales, heredadas, compartidas (adjudicadas a cónyuges separados o excónyuges tras divorcios), de inversión…

Es el régimen económico matrimonial establecido por defecto en el Código Civil para los territorios que aplican la regulación civil común. Se denomina sociedad de gananciales. (Se aplica en estos territorios si no se pacta otro).

Básicamente, implica la existencia de un patrimonio común a los cónyuges que se forma con los ingresos obtenidos por estos durante la vigencia del régimen, sin contar los bienes legalmente considerados privativos (bienes anteriores al matrimonio, donaciones, herencias, ropa personal ordinaria…).

Son bienes gananciales (comunes), entre otros, las rentas del trabajo, los intereses y rendimientos de otros fondos o bienes (sean o no comunes), las empresas fundadas o los bienes adquiridos con fondos o bienes gananciales…

El leasing o arrendamiento financiero es una operación por la que una entidad adquiere un bien (inmueble, vehículo, maquinaria…) y lo cede en alquiler a una empresa, añadiendo una opción de compra al final del plazo.

Se desarrolla de manera similar a una operación de préstamo (pagos periódicos que incluyen intereses y amortización), pero con una cuota final, como valor residual. Esta última cuota suele coincidir con el importe del resto de las periódicas, por lo que se presupone que el arrendatario terminará adquiriendo la propiedad del bien.

Tiene algunas ventajas fiscales y contables si se cumplen ciertos requisitos. Por ejemplo, aunque es un alquiler, tiene un tratamiento similar al de una compraventa (por lo que no se computa como endeudamiento) y sus cuotas son fiscalmente deducibles.

Son cantidades que legalmente pueden establecerse como obligatorias para asegurar a algunos familiares su sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación.

La obligación, en general, es recíproca para:

  • Cónyuges.
  • Ascendientes y descendientes.
  • Hermanos (limitados a auxilios necesarios para la vida y educación, por necesidad no causada por el beneficiario).

Los relativos a cónyuges y de estos hacia los descendientes suelen fijarse, entre otras situaciones, en los convenios y sentencias de separación o divorcio.

Son administraciones, organismos y entes de titularidad pública que ostentan derechos de cobro frente a personas, empresas u otras entidades por razón de la formalización de transacciones, la prestación de servicios o la existencia de obligaciones establecidas en las leyes (contribución fiscal, cotización social…).

Son ejemplos la Hacienda estatal, las haciendas autonómicas y locales, la Seguridad Social, otros organismos públicos estatales, autonómicos y municipales…

Acrónimo de Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho.

Es la tercera fase del Mecanismo de Segunda Oportunidad. En este momento del procedimiento es precisamente cuando el deudor puede aspirar a que se le cancelen algunas de sus deudas pendientes si cumple ciertos requisitos.

Son los derechos de cobro con mayor preferencia, sin contar los créditos contra la masa.

Los hay de dos tipos:

  • Con privilegio especial. Se saldan aparte, con los bienes afectos. Son las deudas garantizadas con hipotecas, prendas y otros tipos de afecciones de bienes…
  • Con privilegio general. Se incluyen algunos como los impagos de retenciones fiscales o de cotizaciones a la Seguridad Social, otros impagos por salarios o indemnizaciones laborales (hasta cierto límite), ciertas reclamaciones por responsabilidad civil, el 50 % de otros créditos con acreedores públicos no subordinados (Hacienda, Seguridad Social…), etcétera.

Son los derechos de cobro que se deberán satisfacer antes que los demás en el concurso.

Las deudas que correspondan a estos créditos se deben saldar las primeras con cargo al patrimonio del deudor, sin contar los bienes afectos a derechos de cobro garantizados.

Entre otras, son de este tipo las deudas por impago de salarios recientes de trabajadores (hasta cierto límite), gastos del propio concurso, pagos por alimentos (hasta cierto límite), ciertas obligaciones nacidas una vez iniciado el concurso…

Es el registro que permite la consulta de:

  • Diferentes resoluciones adoptadas por los juzgados de lo mercantil dentro de los procedimientos concursales (edictos, decisiones, nombramientos, ceses,  informes, escritos, concesiones…).
  • Datos de interés concursal inscritos en diferentes registros.
  • Información relativa a los expedientes de negociación y tramitación de acuerdos extrajudiciales de pago (incluyendo los documentos de los pactos si se celebran).

Los datos los aportan los jueces, notarios, procuradores, registradores mercantiles y otros registros públicos.

Es como se conoce coloquialmente a la norma que introdujo en 2015 de una manera completa el denominado Mecanismo de Segunda Oportunidad en la regulación de la Ley Concursal, que está dirigido a particulares y autónomos. 

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

Actualmente este mecanismo está contemplado íntegramente en el Texto Refundido de la Ley Concursal:

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

(De modo coloquial algunos siguen llamando Ley de la Segunda Oportunidad a esta regulación del mecanismo contenida en la Ley Concursal).

La versión vigente de la legislación concursal está contemplada en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

Esta norma sustituyó a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, vigente durante varios años y que había sido objeto de múltiples modificaciones.

Los textos refundidos son actuaciones legislativas que desarrolla el ejecutivo por orden del legislativo para adecuar, ordenar y racionalizar una norma cuando ha sufrido diversas modificaciones y tiene una parte de la regulación dispersa por otras normas complementarias.

Segmento procedimental dentro del concurso consecutivo en el que se producirá la enajenación del patrimonio del deudor para saldar las deudas pendientes. Se respetará el orden de pago que corresponda según la clasificación de los créditos (preferencias de los derechos de cobro), y se seguirá el plan de liquidación definido por el administrador concursal.

Puede abrirse esta etapa del concurso en varios supuestos: entre otros si:

  • No se aprueba un convenio.
  • Si este se incumple o el deudor constata que no lo podrá cumplir.
  • Si cesa la actividad profesional o empresarial del deudor.
  • Si el deudor es un particular y no logró el Acuerdo Extrajudicial de Pagos…

En el marco del Mecanismo de Segunda Oportunidad, es la primera fase.

En ella se busca, con la ayuda de un mediador concursal, un pacto entre deudor y acreedores para solucionar los impagos pendientes.

Este pacto puede incluir fundamentalmente quitas (reducciones de deuda), esperas (aplazamientos, hasta cierto límite) y cesiones de bienes, además de un plan de pagos. Si no se logra el acuerdo o no se cumplen ciertos requisitos, se abre la fase de concurso.

En el marco del Mecanismo de Segunda Oportunidad, es la segunda fase.

Se abre si el Acuerdo Extrajudicial de Pagos no se celebra (no se presenta o no se llega a un pacto) o si el deudor lo incumple. En este procedimiento se intentará pagar las deudas con el patrimonio del deudor (si lo tiene), en la liquidación, o se constatará su insuficiencia.

En ocasiones también puede incluir una propuesta de convenio al inicio del procedimiento (con deudores que no sean particulares).

Modo genérico y coloquial de aludir a quienes desempeñan su actividad económica por cuenta propia, adscritos al régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social (RETA) o, en algunos casos, a una mutua profesional alternativa (abogados, gestores…).

Puede tratarse de profesionales, artistas, deportistas, comerciantes u otro tipo de empresarios o emprendedores, siempre sin forma societaria en su negocio.

Empresas, entidades o entes que ostentan una titularidad de derechos y obligaciones diferente de la de los individuos que las integran.

Pueden ser:

  • Asociaciones de interés particular (civiles, mercantiles o industriales) a las que la ley concede personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.
  • Asociaciones, corporaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley.

Son personas jurídicas, por ejemplo, algunas sociedades civiles, las sociedades mercantiles, las sociedades cooperativas, las fundaciones de interés público, las entidades bancarias y aseguradoras, las mutuas profesionales, algunas ONG, las cámaras de comercio, los colegios profesionales, ciertas cofradías profesionales, las administraciones públicas, algunos organismos y entes de la administración…

En algunas sociedades mercantiles (las anónimas, las de responsabilidad limitada…) los socios solo tienen la obligación de realizar la aportación al capital social que corresponde a su participación.

No son responsables de las deudas sociales, que corresponden a la sociedad como entidad diferenciada.

Hay también sociedades, como las comanditarias, que tienen unos socios con responsabilidad limitada y otros con responsabilidad ilimitada.

Situación en la que una persona o empresa soporta un nivel de endeudamiento que incluye compromisos de pago o devolución de dinero a sus acreedores que son excesivos para cubrirlos con normalidad con su patrimonio actual o futuro.

Es la situación en la que una persona física o jurídica no puede hacer frente a las deudas con su patrimonio (ni siquiera a las que tienen vencimientos a medio y largo plazo).

Por extensión, puede calificarse también de insolvente al que sí posee un cierto patrimonio con un valor relevante pero que es de difícil conversión en dinero (por falta de demanda en el mercado o por otras limitaciones) o solo puede desinvertirse con grandes pérdidas (muy a la baja), de modo que difícilmente llegaría con él a cubrir con normalidad sus compromisos de pago.

Todos los individuos son personas naturales desde su nacimiento. También se las llama personas físicas.

A efectos de la Ley Concursal y del Mecanismo de Segunda Oportunidad, se diferencia entre persona natural empresario (son los autónomos y equivalentes) y persona natural no empresario (son los particulares).

Referida a una persona física o jurídica, es una situación en la que esta puede hacer frente con su patrimonio a las deudas contraídas que tienen un vencimiento inminente o a corto plazo (especialmente si ello es posible sin necesidad de recurrir a desinversiones complejas).

Referida a un activo (producto financiero), la liquidez implica que esa inversión pueda deshacerse (cancelación, rescate, reembolso, venta…) de modo que se recupere el dinero invertido (con el rendimiento ya obtenido, si lo hay) con rapidez y sin una merma significativa de su valor dinerario.

Los valores de renta fija o valores de deuda los emiten estados, administraciones, entidades bancarias, empresas… e implican un préstamo de los inversores, canalizado a través de instrumentos mobiliarios denominados obligaciones, bonos, letras, pagarés…  

Al comprar estos valores, el inversor presta dinero al emisor y obtiene a cambio un interés (en un pago único o de modo periódico) y la devolución del capital al vencimiento. También puede vender los valores en el mercado secundario antes de dicho vencimiento.

Algunos de los valores de renta fija más conocidos y con mayor seguridad son los deuda pública emitidos por el Estado: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

Licenciado en Derecho, inscrito como ejerciente en un Colegio de Abogados, que lleva la defensa en juzgados y tribunales de sus clientes y/o les asiste prestándoles asesoramiento jurídico.

Actualmente los abogados, para ejercer, deben además cumplir ciertos requisitos: formación de práctica jurídica, superación de pruebas de acceso o acreditación de méritos o experiencia…

Servicio de prestación jurídica mediante el cual los colegios de abogados ponen a una serie de letrados de diferentes especialidades a disposición de los ciudadanos que deseen solicitar asistencia jurídica y no cuenten con un abogado o no sepan a quién recurrir.

En algunos colegios de abogados estos turnos se presentan fundamentalmente como destinados a la prestación de asistencia jurídica gratuita, pero el turno puede ser simplemente una lista de abogados, de modo que se le asigne uno al que lo solicite, tenga derecho a la asistencia gratuita o no.

Si quien lo solicita no demuestra que entra en los requisitos para optar a este beneficio, deberá costear la minuta del abogado (y otros gastos que quedarían exentos) si finalmente se le proporciona la prestación jurídica.

Opción legalmente prevista que permite a las personas físicas acceder gratuitamente a la prestación de servicios de un abogado si se considera que su patrimonio es insuficiente para costearlos. Para ello el beneficiario no debe superar un umbral de patrimonio legalmente previsto, que varía en función de los miembros de la unidad familiar. También suele valorarse que no haya signos externos que desmientan la insuficiencia económica.

Es preciso que se litigue en defensa de intereses propios, o de representados si ello deriva de una representación legal (por ejemplo, de un hijo menor o de un tutelado).

Puede incluir servicios de asesoramiento previo a juicios, asistencia al detenido, defensa en juzgados y tribunales, gastos y tasas judiciales, asistencia pericial…

Vía para la obtención del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) contemplada por la Ley Concursal como régimen general.

Permite obtener de modo inmediato, al finalizar el concurso consecutivo, la exoneración de las deudas si el deudor puede saldar ya las que tenga pendientes que correspondan a las partidas de créditos contra la masa y créditos privilegiados.

No obstante, si cumpliendo los requisitos para optar a un Acuerdo Extrajudicial de Pagos el deudor ni siquiera lo intentó, también tendrá que saldar un 25 % de las deudas por créditos ordinarios que tenga pendientes.

No son exonerables, según la Ley, las deudas con acreedores públicos o por impagos de alimentos.

Modo coloquial de referirnos a las deudas que corresponden a créditos (derechos de cobro) que tienen prioridad en el procedimiento de concurso.

Ello puede deberse a que forman parte de la partida de créditos contra la masa (que se pagan inicialmente) o por encuadrarse en las categorías de créditos con privilegio especial o general, que se pagan a continuación con el patrimonio del deudor, si existe.

Las partidas con menor preferencia son los créditos ordinarios y, en último lugar, los subordinados.

Figura contemplada en la normativa concursal cuyo cometido es actuar como conductor de las negociaciones dirigidas a que el deudor celebre un acuerdo con los acreedores (Acuerdo Extrajudicial de Pagos).

Puede ser un notario (si el deudor es particular), otro mediador concursal inscrito en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia (para cualquier deudor) o una cámara de comercio (si el deudor es autónomo).

Su función es ayudar a las partes a lograr el acuerdo y realizar los trámites previstos legalmente en esa fase extrajudicial del mecanismo. El fin es dar solución a los impagos del deudor evitando la apertura del concurso.

Figura regulada por la normativa concursal cuyo cometido se inicia una vez se abre la fase de concurso.

Actúa en este procedimiento tomando decisiones diversas sobre demandas, embargos, ejecuciones, contratos…, interviene en mayor o menor medida las decisiones de disposición y administración del deudor con actividad profesional o empresarial y participa en toda una serie de trámites del procedimiento (listas de acreedores, valoraciones de deuda y patrimonio, examen de propuestas, informes, trámites tributarios, registrales y laborales, trámites en la liquidación de bienes.

En ocasiones se nombra administrador concursal a quien actuó como mediador concursal en la fase extrajudicial.

Dentro del procedimiento concursal, tras la liquidación, son los impagos que el deudor no ha podido satisfacer aún con su patrimonio. En algunos casos podrá, mediante el BEPI, cancelar todos o algunos de esos pasivos si cumple ciertos requisitos.

Estrictamente, una cesión de bienes es la operación por la cual el deudor transfiere al acreedor la posesión de algunos bienes y de su administración pero solo para que los liquide y aplique el importe obtenido para saldar la deuda que tenía pendiente de pago. No se transfiere la propiedad.

En sentido amplio, como hace la Ley Concursal, puede diferenciarse entre cesión de bienes para pago y cesión de bienes en pago. La primera es la operación aquí citada, mientras que la segunda es la que se denomina habitualmente dación en pago, en la que el deudor sí transfiere la propiedad de los bienes al acreedor como modo de saldar la deuda mediante una prestación sustitutiva de la inicialmente fijada.

Una quita es un acuerdo que se formaliza entre deudor y acreedor para que el importe de una deuda pendiente se reduzca y ello facilite al primero asumir el pago de la cantidad restante.

En los procedimientos preconcursales (y en el marco del Mecanismo de Segunda Oportunidad) se pueden pactar quitas en la fase de Acuerdo Extrajudicial de Pagos, como modo de evitar el concurso. En algunos casos también pueden acordarse en la fase de concurso (en un convenio al inicio de este).

Una espera es el acuerdo que se produce entre deudor y acreedor para que el importe pendiente de pago se satisfaga tras un aplazamiento. Este puede referirse al pago de intereses, del principal o de todo lo debido.

En los procedimientos preconcursales (y en el marco del Mecanismo de Segunda Oportunidad) se puede pactar una (de hasta 10 años) en la fase de Acuerdo Extrajudicial de Pagos, como modo de facilitar que se satisfaga la deuda y con ello evitar el concurso. Pero también pueden acordarse en otras fases (convenio al inicio del concurso, planes de pagos para lograr la exoneración…).

Calendarios de pagos que pacta el deudor con los acreedores en la vía diferida de acceso al BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) para saldar las deudas no exonerables que estén pendientes. Puede tener hasta cinco años.

También pueden pactarse planes de pago en los acuerdos extrajudiciales y en las propuestas de convenio al inicio del concurso (en este último caso solo si se trata de autónomos).

La calificación de concurso culpable es uno de los motivos que impiden lograr la cancelación de deudas mediante el BEPI.

Un concurso de acreedores se puede calificar como culpable por ciertos motivos achacables al deudor.

Estos son algunos:

  • Generar o agravar su insolvencia por negligencia grave o mala fe (intencionalidad).
  • Alzarse con todos o algunos de sus bienes en perjuicio de sus acreedores
  • Retrasar o dificultar embargos o ejecuciones.
  • Ocultar bienes de su patrimonio de modo fraudulento o simular situaciones patrimoniales ficticias.
  • Cometer imprecisiones o falsedades en documentos para el procedimiento o contables.
  • Incumplir deberes de colaboración con el concurso, sin justificarlo.

Sentencia que ya puede desplegar todos sus efectos porque:

  • No se ha interpuesto ningún recurso contra ella y ya no cabe la interposición de ninguno más (por transcurso del plazo legal).
  • Se interpuso el último recurso posible, y el tribunal confirmó la sentencia o la modificó.
  • La Ley no prevé que pueda recurrirse (salvo por motivos excepcionales).

Pequeños préstamos que ofrecen algunas entidades (no solo las bancarias) a sus clientes y que suelen aprobarse con trámites rápidos y sencillos.

Suponen la entrega de importes dinerarios moderados (de varios cientos o miles de euros) y cuentan solo con la garantía personal del prestatario. Los plazos de devolución suelen ser cortos.

Conllevan intereses bastante más elevados que los préstamos personales ordinarios, pero suelen ser menos exigentes en el análisis de riesgo del cliente para la concesión (pueden obtenerse incluso sin aportar nóminas ni fianzas, en unas horas o pocos días).

La prenda o pignoración es, como la hipoteca, una operación por la cual se garantiza el cumplimiento de una obligación mediante la afectación de un bien mueble propio o ajeno. Se formaliza mediante un contrato y da lugar a un derecho real de garantía. 

En caso de incumplimiento del deudor, el acreedor podrá ejecutar la garantía.

Estos son algunos bienes que se suelen pignorar:

  • Modalidad con desplazamiento de la posesión: dinero en cuentas, participaciones en fondos de inversión, acciones o valores de renta fija, joyas…
  • Modalidad sin desplazamiento de la posesión: maquinaria agrícola, frutos de cosechas, materias primas, animales, colecciones artísticas… (Debe formalizarse en escritura pública e inscribirse en un registro).

Son los fondos (dinero), bienes y derechos que la ley considera no embargables en procesos de ejecución.

Entre otros, son los siguientes:

  • Salarios, hasta ciertos límites.
  • Muebles, menaje y ropa del deudor y su familia que no sean bienes superfluos.
  • Alimentos y combustible imprescindibles para la subsistencia.
  • Libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión (en algunos casos).
  • Bienes sin contenido patrimonial.

Derechos que tienen los acreedores a exigir que el deudor cumpla los compromisos adquiridos (pago, prestación de servicio, comportamiento…).

Dentro de los procedimientos preconcursales y concursales, los derechos de cobro son dinerarios (o al menos valorables en dinero).

No hay que confundir este concepto genérico de ‘crédito’ con la operación de financiación que lleva el mismo nombre y es similar al préstamo.

Modo coloquial de referirse a las deudas que corresponden a créditos (derechos de cobro) que tienen prioridad en el procedimiento de concurso.

Ello puede deberse a que forman parte de la partida de créditos contra la masa (que se pagan inicialmente) o por encuadrarse en las categorías de créditos con privilegio especial o general, que se pagan a continuación con el patrimonio del deudor, si existe.

Las partidas con menor preferencia son los créditos ordinarios y, en último lugar, los subordinados.

Segmento procedimental dentro del Concurso Consecutivo en el que se producirá la enajenación del patrimonio del deudor para saldar las deudas pendientes. Se respetará el orden de pago que corresponda según la clasificación de los créditos (preferencias de los derechos de cobro), y se seguirá el plan de liquidación definido por el administrador concursal.

Puede abrirse esta etapa del concurso en varios supuestos, entre otros:

  • si no se aprueba un convenio,
  • si este se incumple,
  • o el deudor constata que no lo podrá cumplir,
  • si cesa la actividad profesional o empresarial del deudor,
  • si el deudor es un particular y no logró el Acuerdo Extrajudicial de Pagos…

Es la tercera fase del Mecanismo de Segunda Oportunidad.

En esta etapa, el deudor podrá obtener la cancelación de sus deudas pendientes o de algunas de estas si cumple ciertos requisitos. Dispone de una vía automática si salda una serie de deudas preferentes, y, si no puede hacerlo, de una vía diferida, con el acuerdo de un plan de pagos de hasta cinco años.

Las deudas que podrían cancelarse son las pendientes si entran dentro de las que la normativa considera exonerables.

En el marco de la normativa concursal, es una proposición del deudor o de los acreedores que puede darse al inicio del concurso con el fin de evitar la liquidación.

Puede incluir la propuesta de medidas como las quitas (reducciones de importe adeudado) y las esperas (aplazamientos, de hasta 10 años), y además otras como la limitación de administración del deudor, la venta de bienes afectos, cesiones de bienes en pago…

En lo que respecta al Mecanismo de Segunda Oportunidad, las propuestas de convenio las pueden presentar los autónomos (no los particulares).

En el marco de los procedimientos del Mecanismo de Segunda Oportunidad, y en concreto, en su tercera fase (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho), es la posibilidad de que algún acreedor solicite que se deje sin efecto la exoneración de deudas por darse alguno de los presupuestos determinados por la Ley.

Hay fondos (dinero), bienes y derechos que la Ley considera no embargables en procesos de ejecución. Son, entre otros, los siguientes:

  • Salarios, hasta ciertos límites.
  • Muebles, menaje y ropa del deudor y su familia que no sean bienes superfluos.
  • Alimentos y combustible imprescindibles para la subsistencia.
  • Libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión (en algunos casos).
  • Bienes sin contenido patrimonial.

Procedimiento en el que se pone en venta públicamente un bien embargable del deudor (o varios) con el fin de satisfacer la deuda pendiente con el precio resultante.

Puede ser judicial (sobre bienes embargados en un proceso judicial, sobre bienes del patrimonio del deudor en la fase de liquidación de un concurso de acreedores…) y también, con algunas diferencias de regulación, en procedimientos administrativos (tras embargos efectuados por administraciones públicas en caso de impagos de contribuyentes, cotizantes…).

Operación por la cual el deudor transfiere al acreedor la propiedad de algunos bienes para que con ello quede saldada la deuda que tenía pendiente de pago.

Hay, por tanto, una extinción de la deuda mediante una prestación diferente a la acordada inicialmente.

La Ley Concursal contempla, en los acuerdos entre deudores y acreedores, preconcursales o concursales, o en el concurso a propuesta del juez, la posibilidad de una cesión en bienes en pago (la dación en pago) o para pago (cesión para liquidación sin transferir la propiedad).

En operaciones que implican obligaciones de pago (como los préstamos, créditos…), son períodos durante los cuales queda estipulado o pactado que el deudor no realice pagos, sean de amortización del principal, sean de pago de intereses, sean del total de las cuotas o importes. También pueden ser suspensiones temporales de devengo de intereses (que no se generen de momento).

Es un concepto similar al de las esperas, aunque estas son pactos de aplazamiento de pagos entre deudor y acreedor a los que se llega cuando hay renegociaciones de préstamos y créditos o en ciertas etapas concursales o preconcursales.

Son los derechos de cobro que a efectos del concurso no se encuadran en ninguna de las otras categorías de créditos (contra la masa, privilegiados o subordinados).

Son los créditos que tienen una menor preferencia de cobro en el concurso.

Entre ellos se incluyen:

  • los recargos e intereses (que no sean de operaciones garantizadas)
  • las multas y sanciones
  • los créditos de algunas personas especialmente relacionadas con el deudor…

Término con el que normalmente se hace referencia a la Administración tributaria estatal y, por extensión, a la Agencia Tributaria, pero que en sentido amplio también incluye a diferentes administraciones tributarias territoriales, como las autonómicas y las locales. 

Es uno de los acreedores públicos que participan con mayor frecuencia en los procedimientos concursales de empresas, particulares y autónomos por razón de impagos de retenciones, ingresos a cuenta, cuotas fiscales, sanciones, recargos…

Son cantidades que se añaden a una deuda cuando se ha incumplido una obligación en alguna condición del pago. Por ejemplo, en el ámbito tributario, por presentarse una declaración fiscal fuera de plazo, por iniciarse un período ejecutivo en la recaudación…

Estos importes, a diferencia de las sanciones o multas, son inherentes a la deuda (se suman a esta directamente por indicación legal al darse el supuesto motivador).

Son cantidades que se determinan como obligación de pago cuando se comete una infracción establecida legalmente (de declaración, pago, información, registro…). Por ejemplo, en el ámbito tributario, si se incumple el deber de realizar una retención fiscal e ingresarla.

Estos importes, a diferencia de los recargos (que son inherentes a la deuda), se tramitan y abonan separadamente, tras un expediente que debe sustanciarse y aprobarse. 

Son las cantidades devengadas como precio por disponer de un dinero ajeno.

  • El tipo de interés ordinario es un porcentaje sobre un capital que se establece como precio por la obtención de un crédito o préstamo (disposición del importe durante un período de tiempo).
  • El tipo de interés de demora es el tipo extra (añadido al ordinario) aplicable cuando se produce un incumplimiento de pago o un retraso, durante el tiempo en que este dure, hasta que se satisface la deuda pendiente.

Es el régimen económico matrimonial establecido por defecto en las legislaciones civiles de algunos territorios: Catalunya, Islas Baleares, Comunidad Valenciana…  Se aplica en estos territorios si no se pacta otro. En los territorios de régimen común se aplica si se pacta en capitulaciones o cuando se disuelve el de gananciales.

Básicamente, implica la separación de los patrimonios de los cónyuges, a cada uno de los cuales pertenecerán tanto los bienes que tuviesen antes de al matrimonio como los que adquieran después.

Los cónyuges deben contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio en proporción a sus respectivos recursos económicos, salvo que pacten una contribución diferente.

Situación en la que se produce un cese de la convivencia de una pareja casada y la disolución del vínculo conyugal.

Tiene además otros efectos, como el fin del régimen matrimonial, la estipulación de ciertas medidas respecto a los hijos o la vivienda, la fijación de pensiones compensatorias o pagos por alimentos, el fin del derecho a herencias, legítimas o percepciones abintestato…

Se resuelve por sentencia judicial.

El divorcio da derecho a contraer nuevas nupcias.

Situación en la que se produce un cese de la convivencia de una pareja casada, sin que de momento se disuelva el vínculo conyugal.

Puede tener algunos efectos similares a los del divorcio, como el fin del régimen matrimonial o de algunas de sus consecuencias, la estipulación de ciertas medidas respecto a los hijos y la vivienda, la fijación de pensiones compensatorias o pagos por alimentos…

Se puede formalizar en sede judicial o, en algunos casos (si no hay hijos menores o dependientes), de mutuo acuerdo también ante notario.

La separación no da derecho a contraer nuevas nupcias.

Son pagos con fines compensatorios que se estipulan en caso de separación o divorcio cuando se produce un desequilibrio en la posición de uno de los cónyuges que implica un empeoramiento en su situación económica respecto de la que tenía durante el matrimonio.

Los deberá satisfacer el miembro de la pareja que esté en mejor posición, y pueden consistir en una pensión temporal, en una indefinida o en un pago único. También pueden sustituirse por un usufructo (por ejemplo, de una vivienda, de dinero en cuentas…).

La pensión se fija teniendo en cuenta lo acordado en convenio y también otros datos de los cónyuges como la edad, salud, profesión, medios económicos actuales, duración de la convivencia, tiempo dedicado al cuidado de la familia…

Un fiador es la persona que, mediante un contrato de fianza, garantiza con su patrimonio el cumplimiento de una obligación de otra persona. De este modo, si el deudor incumple el pago de lo comprometido, el acreedor podrá exigírselo al fiador.

Este contrato se suele asociar a préstamos y créditos solicitados a entidades bancarias, cuando estas exigen contar con la garantía personal de un tercero.

Aunque tiene algunos puntos comunes, no debe confundirse la fianza con la obligación, denominada igual, de entregar o depositar un dinero como garantía (para litigar, por costas judiciales, por indemnizaciones, en arrendamientos, en caso de libertad provisional en un proceso penal…).

Un avalista es la persona que, mediante un contrato de aval, garantiza con su patrimonio el cumplimiento de una obligación de otra persona. De este modo, si el deudor incumple el pago de lo comprometido, el acreedor podrá exigírselo en su lugar al avalista.

El contrato de aval suele formalizarse en el ámbito mercantil para garantizar el pago mediante documentos de giro (letras de cambio, cheques, pagarés…).

También suele pactarse cuando se solicita a una entidad bancaria que aporte su garantía para asegurar una obligación de pago o reforzar ciertas decisiones u operaciones: licitaciones, concursos, arrendamientos, responsabilidades asociadas a cargos…

Es similar a la fianza.

ASNEF es un fichero de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito explotado por la empresa ASNEF-EQUIFAX y cuyo tratamiento de datos realiza la empresa EQUIFAX IBERICA.

Es un registro de incumplimiento de obligaciones dinerarias que facilita consultas sobre la posible morosidad de quienes son solicitantes de operaciones de crédito en otras entidades, y también acerca de incidencias judiciales, reclamaciones de organismos públicos, datos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil…

La información del fichero la aportan sus miembros adheridos, que son empresas de todos los sectores de la economía.

BADEXCUG es un fichero con información sobre incumplimientos de obligaciones dinerarias. La información sobre los impagos la facilitan los acreedores o quienes actúen por su cuenta o interés.

Lo gestiona la empresa EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO y una serie de entidades participantes en el sistema que se responsabilizan del tratamiento de los datos.

Estos pueden ser consultados exclusivamente por las entidades adheridas al sistema, que estén aportando información, cuando necesitan evaluar la solvencia de las personas o empresas con impagos.

EXPERIAN también gestiona el fichero CIREX sobre operaciones de microcréditos (haya o no morosidad).

El REGISTRO DE ACEPTACIONES IMPAGADAS (RAI) contiene información sobre impagos, imputables a personas jurídicas, que tengan un importe mínimo de 300 euros y correspondan a documentos en los que el deudor haya reflejado con su firma que aceptó (reconoció) la deuda.

Son los documentos de giro que se utilizan en masa en el sistema bancario y tienen fuerza ejecutiva. Puede tratarse de letras de cambio, cheques, pagarés cambiarios…

La información la aportan las entidades bancarias.

La versión vigente de la legislación concursal está contemplada en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

Esta norma sustituyó a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, vigente durante varios años y que había sido objeto de múltiples modificaciones.

Los textos refundidos son actuaciones legislativas que desarrolla el ejecutivo por orden del legislativo para adecuar, ordenar y racionalizar una norma cuando ha sufrido diversas modificaciones y tiene una parte de la regulación dispersa por otras normas complementarias.

Estas nuevas normas no suponen una modificación legislativa (algo que compete a las Cortes Generales), aunque, además de fundir normas distintas, sí pueden variar la redacción del texto y la estructura de la ley principal (con añadidos, supresiones, desgloses, explicaciones más claras y detalladas, solución de incoherencias o puntos difíciles de interpretar…).

Los ficheros de morosidad o registros de morosos son herramientas informativas al servicio de todo tipo de empresas que aportan datos sobre los incumplimientos de obligaciones de las personas y empresas.

Se alimentan de la información que aportan sus miembros adheridos, que son los acreedores (fundamentalmente empresas de diversos sectores) cuando sufren impagos de sus clientes.

Hay diversos ficheros de morosidad. Por ejemplo, el RAI (de impagos asociados a documentos de giro aceptados: letras de cambio, cheques, pagarés…), el ASNEF -EQUIFAX y el BADEXCUG (de incumplimientos dinerarios)…

Son medios de pago sustentados en una tarjeta que se diferencian de las tarjetas de crédito y de débito en que solo contemplan la posibilidad de pago aplazado con intereses: no incluyen la opción de pago a fin de mes sin intereses ni la de pago al contado (apunte inmediato en la cuenta asociada).

Al disponer solo de la modalidad a crédito con intereses, funcionan como una línea de crédito en cuenta corriente. Admiten solo el pago del total pendiente con cuota fija o con cuota periódica (con unos mínimos y máximos).

El hecho de que estas tarjetas devenguen a menudo intereses elevados y no dispongan de opciones para evitarlos ha dado lugar a una fuerte controversia sobre la escasa adecuación de este tipo de producto para muchos consumidores.

En esta línea, ha habido decisiones judiciales que han determinado que algunas de estas tarjetas, comercializadas entre el público con cierta agresividad, tenían intereses abusivos y sus condiciones de pago alargaban la operación de crédito.

La consecuencia es que ello ha abierto la puerta a las reclamaciones de usuarios endeudados a las entidades emisoras por este tipo de instrumento de pago.

No debe confundirse este tipo de tarjeta con la mayoría de las tarjetas de crédito convencionales que disponen de la opción de fijar el pago aplazado a cuota proporcional o fija pero también permiten al titular optar por el pago sin intereses a final de mes.

Procedimiento judicial que tiene por objeto lograr que el deudor insolvente con impagos satisfaga las deudas pendientes con sus acreedores en la medida de lo posible. Para ello, se busca la facilitación de acuerdos de pago (aplazamientos, fraccionamientos, reducciones…) o se procede a la liquidación de patrimonio (venta para dedicar el importe a los pagos), entre otras posibles medidas, si esos pactos no prosperan o se incumplen.

El pago de las deudas de los acreedores en la liquidación debe respetar ciertas prelaciones en función de su tipología, ya que unos derechos de cobro tienen más preferencia que otros.

Los ficheros de morosidad o registros de morosos son herramientas informativas al servicio de todo tipo de empresas que aportan datos sobre los incumplimientos de obligaciones de las personas y empresas.

Se alimentan de la información que aportan sus miembros adheridos, que son los acreedores (fundamentalmente empresas de diversos sectores) cuando sufren impagos de sus clientes.

Hay diversos ficheros de morosidad. Por ejemplo, el RAI (de impagos asociados a documentos de giro aceptados: letras de cambio, cheques, pagarés…), el ASNEF-EQUIFAX y el BADEXCUG (de incumplimientos dinerarios)…

ERTE es el acrónimo de Expediente Temporal de Regulación de Empleo.

Supone la suspensión o reducción temporal de un contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor.

Como efecto, los contratos no se extinguen (no hay despido) y los trabajadores continúan vinculados a la empresa, pero sin que esta les pague el salario ni indemnizaciones, o, si hay solo reducción, cobrando un importe menor.

Durante el período de suspensión los trabajadores tienen, en su caso, derecho a percibir las prestaciones por desempleo. Y superada la situación, pueden reincorporarse a la empresa.

Ordenación en grupos de los créditos concursales (derechos de cobro) a efectos de su preferencia a la hora de saldar las deudas en la liquidación del patrimonio del deudor.

El orden de preferencia es la siguiente:

  • Contra a la masa (van aparte de todos los demás y son los primeros en satisfacerse).
  • Con privilegio especial (se pagan con los bienes afectos).
  • Con privilegio general.
  • Ordinarios
  • Subordinados.

Calendario de pagos que pacta el deudor con los acreedores en la vía diferida de acceso al BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) para saldar las deudas no exonerables que estén pendientes. Puede tener hasta cinco años.

También pueden pactarse planes de pago en los acuerdos extrajudiciales y en las propuestas de convenio al inicio del concurso (en este último caso solo si se trata de autónomos).

En general, un deudor es la persona física o jurídica que se ha comprometido frente a otra persona o ente a realizar un pago, prestar un servicio o cumplir otro tipo de obligación en unas determinadas condiciones (forma, plazos, fechas…).

Dentro de los procedimientos preconcursales y concursales, el deudor suele serlo de obligaciones de pago dinerario (frente a proveedores, compañías de suministro, prestamistas, administraciones públicas…).

Conjunto de procedimientos regulados en la Ley Concursal que tienen como fin ayudar a solucionar el problema de impagos de los particulares y autónomos en situación de insolvencia.

Incluye tres fases:

  • Una fase preconcursal dirigida al logro de un pacto del deudor con sus acreedores (Acuerdo Extrajudicial de Pagos).
  • Una fase judicial (Concurso Consecutivo) si el acuerdo citado no se consigue, en la cual generalmente se liquidará el patrimonio del deudor para realizar los pagos o se constatará su insuficiencia.
  • Una tercera fase en la que el deudor, cumpliendo algunos requisitos, podrá cancelar todas o algunas de las deudas pendientes (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho).

Este mecanismo, de modo completo, fue introducido en la Ley Concursal por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, conocida coloquialmente como ‘Ley de la Segunda Oportunidad’.

Personas naturales (físicas) que no son titulares de un negocio como autónomos adscritos al RETA o a una mutua profesional alternativa. Actúan como individuos y asumen las deudas con su patrimonio personal, que no está afecto a una actividad económica por cuenta propia.

Pueden ser trabajadores (con contrato laboral), directivos (contrato de alta dirección), funcionarios, pensionistas por jubilación, invalidez o viudedad, estudiantes, doctorandos, rentistas, amas de casa…

Los juzgados de primera instancia e instrucción son órganos jurisdiccionales dirigidos por un juez, y adscritos a un territorio concreto (partido judicial), que puede actuar en el orden civil y el penal.

Son el primer acceso judicial de los ciudadanos cuando en estos ámbitos se debe dirimir algún conflicto.

En los procedimientos preconcursales y concursales del Mecanismo de Segunda Oportunidad los juzgados de primera instancia son, en general, los que se encargan de los procedimientos en los que el deudor es un particular.

Los juzgados de lo mercantil son órganos jurisdiccionales dirigidos por un juez que pueden estar adscritos a una provincia o a varias de la misma comunidad autónoma, y tener sede en la capital de la provincia (uno o varios juzgados) o en otras poblaciones.

Se encargan de las cuestiones suscitadas en materia mercantil, y de los asuntos concursales (exceptuando los que corresponden a particulares, que se dirimen en los juzgados de primera instancia).

Licenciado en Derecho, inscrito como ejerciente en un Colegio de Procuradores, que lleva la representación en juzgados y tribunales de sus clientes y se encarga de labores documentales e informativas y de las notificaciones entre la sede judicial y los abogados.

En los procedimientos de segunda oportunidad (dirigidos a particulares y autónomos) no es obligatorio contar con procurador. Sin embargo, algunos abogados prefieran contar igualmente con los servicios de este tipo de profesional en su prestación jurídica a deudores que son personas naturales.

Es una norma aprobada por el Gobierno para afrontar situaciones extraordinarias o urgentes si bien, para tener validez, deberá ser aprobada por el Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días desde su promulgación.

Es un tributo personal, directo y progresivo que grava las rentas obtenidas anualmente por las personas físicas para colaborar en el sostenimiento del Estado.

Es una asociación que trabaja por una organización judicial basada en la libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, por la democratización de la carrera judicial, igualdad entre hombres y mujeres, etc.

Es un movimiento no violento que defiende los intereses de los hipotecantes que no pueden hacer frente al pago de la cuota de sus hipotecas frente al marco legal que protege a los bancos.

El Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo recoge en su Anexo el Código de Buenas Prácticas Bancarias.

Este Código contiene una serie de medidas para reestructurar la deuda de los deudores hipotecarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Los bancos que estén acogidos a este Código están obligados a aplicar dichas medidas a los deudores que cumplan los requisitos de vulnerabilidad.

Conjunto de sentencias o resoluciones judiciales dictadas por distintos órganos judiciales.

La jurisprudencia ejerce una función importante de complementar el ordenamiento jurídico mediante la doctrina reiterada del Tribunal Supremo.

Procedimiento judicial mediante el cual el acreedor solicita la venta en pública subasta de un inmueble gravado con hipoteca para garantizar el pago de un préstamo, cuando el deudor incumple con el pago de las cuotas hipotecarias.

IPREM o Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, es un índice de referencia que se utiliza para conceder ayudas, subvenciones o subsidios. Se actualiza cada año.

Plusvalía o Plusvalía municipal, es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Se trata de un tributo local que grava el incremento de valor que experimenta un inmueble desde que se adquiere hasta que se transmite.

Es un conjunto de normas de derecho civil (capacidad, adopción, matrimonio, divorcio, sucesiones…), aunque no regula todas las materias del orden civil.

Órgano jurisdiccional único y superior en toda España y en todos los órdenes del derecho (civil, penal, contencioso-administrativo y social). Tiene su sede en Madrid.

La Dirección General de Tributos (DGT) es el órgano directivo de la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio de Hacienda que se encarga de la política tributaria del Gobierno de la Nación.

Índice de contenidos

Si te encuentras en una situación de insolvencia definitiva y no puedes hacer frente a los pagos de tus deudas, debes saber que existe la Ley de la Segunda Oportunidad a la cual la inmensa mayoría de las personas sobreendeudadas se pueden acoger para deshacerse POR LEY de sus deudas.

A continuación te explicamos lo más relevante sobre esta normativa. Si lo prefieres puedes descargarte nuestra guía gratuita.

1. 

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

La conocida popularmente como Ley de la Segunda Oportunidad es una norma que aprobó el Parlamento Español en 2015.

Esta norma introdujo en nuestro ordenamiento una regulación que permite a muchas personas físicas o naturales —particulares y autónomos— cancelar una buena parte de sus deudas pendientes si están en una situación de insolvencia y sobreendeudamiento y no pueden hacer frente a sus pagos.

Su denominación completa es la siguiente (puedes descargar el documento del BOE en este enlace):

Ley 25/2015, de 28 de julio, de Mecanismo de Segunda Oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

La Ley de la Segunda Oportunidad adaptó algunos procedimientos de concurso de acreedores, pensados para empresas que no pueden afrontar el pago de sus deudas, a los particulares y autónomos en esa misma situación.

Para ello, introdujo el denominado Mecanismo de la Segunda Oportunidad en la Ley Concursal.

Ley Concursal

Es la norma general reguladora de los procedimientos de concurso para todo tipo de deudores.

Hay que recordar que el concurso de acreedores sustituyó hace unos años en nuestra legislación a dos figuras tradicionales en el mundo de los negocios: la suspensión de pagos y la quiebra. Eran las dos situaciones de crisis por impagos en las que podía incurrir una empresa. 

Actualmente, desde septiembre de 2020, todo el Mecanismo de la Segunda Oportunidad queda regulado dentro del Texto Refundido de la Ley Concursal.

Esta nueva versión actualiza y moderniza la estructura de la norma concursal sin alteraciones sustanciales.

¿Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad?

Te puede interesar:

¿Existe la Ley de Segunda Oportunidad en otros países?

¿Por qué es tan desconocida la Ley de Segunda Oportunidad?

2. 

¿Qué ha cambiado con la Ley de Segunda Oportunidad?

Antes de la Ley de la Segunda Oportunidad

Antes de la aprobación de la Ley de Segunda Oportunidad, las personas naturales (particulares y autónomos) estaban condicionadas por lo que se llama responsabilidad patrimonial universal. Así, aquellas personas con deudas excesivas podían quedar atrapadas de por vida en una situación de endeudamiento e insolvencia.

Esto no les ocurría a muchas empresas en crisis, con ciertas formas de sociedad mercantil. Podían escapar de este mantenimiento de deudas mediante el procedimiento de concurso de acreedores y la posterior extinción de la empresa.

En cambio, los particulares y autónomos quedaban expuestos con todo su patrimonio actual y futuro a las deudas no saldadas en el presente. Si venían a mejor fortuna, tenían que pagar las deudas pasadas, arrastrando una pesada losa durante mucho tiempo.

Por ello, resultaba difícil, a veces imposible, deshacerse de las deudas.

Tras un fracaso empresarial, profesional o personal, el afectado acababa arrastrando sus impagos durante muchos años de su vida.

Con la Ley de la Segunda Oportunidad

El deudor, una vez ha hecho lo posible por pagar las deudas, si aún le quedan algunas por saldar, podrá liberarse de estas, o al menos de una parte. Verá así como se cancelan POR LEY todos o algunos de esos pagos pendientes (con ciertas condiciones).

Ello le dará la oportunidad de encarrilar de nuevo su vida personal y profesional.

Además, la Ley de Segunda Oportunidad permite que particulares, profesionales, comerciantes y pequeños empresarios, mientras estudian soluciones con las que satisfacer sus obligaciones de pago, puedan:

  • Paralizar algunas demandas y embargos, oxigenando su actividad personal y profesional.
  • Liberarse de la acumulación de intereses.
  • Mantener su actividad sin recurrir a la economía sumergida para subsistir.
  • Cubrir las necesidades familiares mediante algunos fondos, bienes e ingresos.

En definitiva, llevar una vida normal.

¿Qué ha cambiado con la Ley de Segunda Oportunidad?

3. 

¿Qué es el Mecanismo de la Ley de la Segunda Oportunidad?

Es el conjunto de procedimientos contemplados actualmente en la Ley Concursal, dirigidos solo a personas naturales —particulares y autónomos—, que pueden culminar con la liberación de sus deudas.

Se los conoce, de modo coloquial, como:

  • Ley de la Segunda Oportunidad.
  • Mecanismo de Segunda Oportunidad.
  • Procedimientos de Segunda Oportunidad.

De ser estrictos, deberíamos utilizar preferentemente las expresiones “Mecanismo de Segunda Oportunidad” o “Mecanismo de la Segunda Oportunidad”.

Sin embargo, es también habitual el uso de las expresiones “Ley de Segunda Oportunidad” o “Ley de la Segunda Oportunidad”. Ello se debe a que esta es la norma que introdujo en 2015 la regulación del mecanismo en la Ley Concursal.

En la práctica, se utilizan de modo indistinto todas estas expresiones.

Fases del mecanismo

La Ley o Mecanismo de la Segunda Oportunidad (incluida en la Ley Concursal) puede tener tres fases:

  • Primera fase: permite al deudor, con la ayuda de un mediador, promover acuerdos previos con sus acreedores que eviten la liquidación patrimonial.
  • Segunda fase: desarrolla un procedimiento concursal breve y simplificado si el acuerdo con los acreedores fracasa.
  • Tercera fase: establece varias vías para que el deudor cancele por ley algunas deudas pendientes, con ciertas condiciones.

¿Qué es el Mecanismo de la Ley de la Segunda Oportunidad?

4. 

¿Qué puedo conseguir acogiéndome a la Ley de Segunda Oportunidad?

Inicialmente, podrás paralizar demandas, embargos, devengos de intereses… Al final, liberarte de tus deudas o al menos de algunas de ellas.

En caso de sobreendeudamiento e insolvencia, no solo estarás expuesto al riesgo de perder dinero y patrimonio para tratar de satisfacer tus deudas. También es probable que sigas siendo objeto en el futuro de demandas, ejecuciones y embargos por los restantes impagos pendientes. Además, tu nombre seguirá presente en los principales ficheros de morosidad.

Acogiéndote a la Ley de la Segunda Oportunidad, una vez pagada una parte de la deuda (la que puedas asumir), podrás:

  • Evitar el asedio de cobradores, demandas, ejecuciones y embargos ya desde el inicio del procedimiento.
  • Cancelar por ley todas las deudas restantes o al menos una parte importante de estas.
  • Desaparecer de las principales listas de morosidad.

La Ley de la Segunda Oportunidad es el salvavidas para aquellas personas que no están en disposición de hacer frente a sus deudas impagadas y quieren deshacerse de ellas.

Se trata de un mecanismo muy útil en situaciones críticas en las que los particulares y los autónomos pueden ver truncadas sus estrategias, rotos sus planes de mantenimiento y consolidación, y perjudicados sus proyectos vitales.

¿Qué puedo conseguir acogiéndome a la Ley de Segunda Oportunidad?

Te puede interesar:

¿Me dará mala imagen acogerme a la Ley de la Segunda Oportunidad?

¿Podré emprender una nueva vida liberado de ataduras?

¿Existe la Ley de Segunda Oportunidad en otros países?

¿Por qué es tan desconocida la Ley de Segunda Oportunidad?

5. 

¿Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

El Mecanismo de Segunda Oportunidad está dirigido solo a personas naturales en situación de insolvencia. Pueden ser particulares o autónomos.

Como particulares consideramos a quienes, tengan o no una actividad laboral, no son titulares de un negocio como profesionales o empresarios en situación de alta.

En cuanto a los autónomos, dentro de estos puede haber profesionales, artistas, comerciantes, pequeños empresarios y emprendedores…, regentadores todos ellos de su negocio en situación de alta (o de baja temporal).

Este es un desglose bastante completo de quiénes pueden entrar en estas categorías.

Particulares

Son aquellas personas (individuos) que desarrollan actividades por cuenta ajena, cobran prestaciones o no tienen actividad:

  • Trabajadores fijos o temporales: empleados laborales de empresas, entidades, asociaciones…
  • Cuadros intermedios y directivos de empresas (con contratos laborales o de alta dirección).
  • Funcionarios de organismos e instituciones, y personal interino (laboral).
  • Personas en situación de desempleo (que no sea solo una baja momentánea de las actividades económicas), estén o no inscritos como demandantes de empleo.
  • Personas en desempleo temporal (por un ERTE).
  • Autónomos habituales en situación de baja temporal por falta de clientes, trabajos muy irregulares, actividades estacionales…
  • Personas en situación de baja por incapacidad transitoria (accidente, enfermedad…).
  • Pensionistas por jubilación, invalidez (incapacidad permanente) o viudedad.
  • Otros (por ejemplo, rentistas, personas en años sabáticos no remunerados, amas de casa, estudiantes, doctorandos, perceptores de rentas mínimas…).

Profesionales autónomos

Son negocios individuales con estructuras sencillas (muchas veces solo los compone la persona que presta el servicio, como único titular):

  • Profesionales liberales, adscritos al RETA (régimen de autónomos de la Seguridad Social) o a una mutua alternativa: abogados, procuradores, ingenieros, arquitectos, aparejadores, médicos, gestores administrativos…
  • Profesionales freelancers: traductores, redactores, correctores, periodistas y fotoperiodistas no adscritos a medios, fotógrafos… (A veces combinan altas y bajas).
  • Colaboradores autónomos de empresas: fontaneros, pintores, repartidores, vendedores, telefonistas, agentes de seguros, cobradores…
  • Autónomos dependientes (trabajan sobre todo con un cliente).
  • Prestadores autónomos de servicios no laborales: limpieza, tareas del hogar, cuidados personales o de geriatría, clases particulares…
  • Artistas que no trabajan con contratos laborales y no han creado entidades con personalidad jurídica: actores, pintores, escultores, músicos, técnicos de cine y teatro…
  • Deportistas profesionales cuando no trabajan con contratos laborales: tenistas, atletas, alpinistas, esquiadores, boxeadores, luchadores, toreros…
  • Socios trabajadores de cooperativas o sociedades laborales (respecto de sus propias deudas).
  • Profesionales en situación de baja temporal de actividad por accidente o enfermedad.

Pequeños empresarios individuales

Son negocios individuales. Actúan en sectores diversos, sin forma societaria (el titular es también autónomo). Pueden ser microempresas (negocios con menos de 10 trabajadores y facturación por debajo de 2 millones de euros) o pequeñas empresas, algo poco habitual sin formato societario (tienen un máximo de 50 trabajadores y facturan menos de 10 millones de euros).

  • Pequeños comerciantes: kioscos, ópticas, papelerías, librerías, fruterías, farmacias, colmados, boutiques de ropa, tiendas de informática y electrodomésticos, ferreterías, estancos, bazares y tiendas de regalos, peluquerías, salones de belleza, veterinarios…
  • Titulares de pequeñas empresas de prestación de servicios sin forma societaria: fontanería, electricidad, instalaciones, reparaciones, reformas, limpieza, mensajería y transportes…
  • Emprendedores (como ciertas startups, negocios de venta o servicios on line con alto uso de tecnologías) en su fase inicial, aún sin forma societaria, que pivotan de manera temporal sobre el titular fundador (autónomo), apoyado por unos pocos empleados o colaboradores.

Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir hasta ahora, ¿quién NO podrá acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

Pues todos aquellos negocios que, aún siendo de pequeña dimensión (comercios, servicios…), desarrollan su actividad mediante sociedades de responsabilidad limitada (las más habituales) o a través de otras modalidades societarias (sociedades anónimas, laborales, cooperativas, profesionales…), incluso aunque tengan un solo socio.

Y tampoco otros entes que, como las sociedades, son igualmente personas jurídicas (ciertas fundaciones, corporaciones, asociaciones…).

Los problemas de insolvencia e impago de las personas jurídicas se canalizan también a través de acuerdos extrajudiciales y procedimientos concursales (el ordinario o el abreviado), pero no podemos hablar en ese caso de un Mecanismo de Segunda Oportunidad.

¿Quién puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad?

Te puede interesar:

¿Cuándo conviene acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad?

¿Puedo mantener mi vivienda habitual si me acojo a la Ley de la Segunda Oportunidad?

¿Puedo acogerme a la Ley Segunda Oportunidad si cobro una nómina?

6. 

¿Cómo funciona la Ley de la Segunda Oportunidad?

El mecanismo de la Ley de la Segunda Oportunidad consta de tres fases:

  • Fase 1: Acuerdo Extrajudicial de Pagos. En ella se intenta llegar, de una forma ordenada y con la ayuda de un mediador, a un acuerdo de pago del deudor con sus acreedores.
  • Fase 2: Concurso Consecutivo. Si se llega a esta fase (por fracaso de la anterior), el deudor generalmente deberá liquidar parte de su patrimonio para saldar sus deudas.
  • Fase 3: Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI). Llegados a este punto, el juez puede llegar a cancelar por ley aquellas deudas pendientes que el deudor no puede pagar, si se cumplen ciertos requisitos.

Para recordarlas con facilidad, lo mejor es mirarlo como una fórmula y tener en mente estas siglas:

Fases Ley de la Segunda Oportunidad

 

Es importante destacar que no es preciso que se den las tres fases: si la primera fase puede resolver el problema, no será preciso llegar a las otras dos.

A continuación te explicamos cómo funciona cada fase y cuáles son sus objetivos:

Fase 1: Acuerdo Extrajudicial de Pagos

El objetivo de esta fase es que el deudor alcance un acuerdo con sus acreedores (mediante un plan de pagos). Las negociaciones se llevan a cabo con la intervención de un mediador concursal (papel que a veces desempeña un notario).

Mediante estas negociaciones, pueden pactarse fundamentalmente quitas (reducciones de la deuda), esperas (aplazamientos del pago de la deuda) y cesiones de bienes en pago o para pago.

Con las medidas del Acuerdo Extrajudicial de Pagos se busca:

  • Contentar a los acreedores y solucionar el problema del deudor, buscando un equilibrio.
  • Salvaguardar la continuidad del negocio del deudor (si lo tiene).
  • Evitar que se perjudique la subsistencia de deudor y la de su familia.

¿Cómo se solicita?

La solicitud la puede iniciar el deudor mediante un formulario oficial, incluyendo datos sobre su patrimonio, ingresos, gastos, acreedores, deudas contraídas, contratos vigentes, balance del negocio si es autónomo, etc.

Debe dirigirse la solicitud a un notario, si el deudor es particular, o al registrador mercantil o a una cámara de comercio homologada, si es autónomo.

Si el cónyuge es copropietario de la vivienda familiar y esta puede quedar afectada por el acuerdo, deberá firmar también la solicitud o dar su consentimiento.

Podrá actuar como mediador concursal el propio notario (si así lo decide y el deudor, particular, lo aprueba), otro profesional homologado elegido por este o por el registrador mercantil, o la cámara de comercio elegida.

¿Qué sucede durante esta fase?

  • El mediador concursal comprueba que todos los requisitos se cumplen y se aportan los datos y documentos.
  • Se desarrollan negociaciones entre el deudor y los acreedores, impulsadas por el mediador concursal.
  • El deudor podrá continuar con su actividad profesional (con algunas limitaciones).
  • Se suspenderán algunos embargos existentes y se paralizarán algunas ejecuciones.
  • No podrán iniciarse nuevas ejecuciones ni anotarse nuevos embargos (con excepciones).
  • Los acreedores no podrán realizar actos que tengan como fin mejorar su situación respecto del deudor (presiones, negociaciones paralelas…).
  • Las deudas pendientes dejarán de devengar intereses.
  • Se elaborará una propuesta de convenio del deudor con sus acreedores. Puede incluir quitas, esperas (aplazamientos) de hasta 10 años y cesiones de bienes y derechos. (Los autónomos también pueden ofrecer la conversión de créditos en instrumentos financieros, pero es muy poco habitual en pequeños negocios).
  • La propuesta incluirá, además, un plan de pagos. Este contemplará, entre otros aspectos, un calendario de cumplimiento de las obligaciones del deudor, la indicación de los recursos para hacerlo y, si se precisa, la fijación de unas cantidades por alimentos para el deudor y su familia.
  • Si el deudor logra celebrar el acuerdo, se liberará de las deudas restantes una vez pague o ceda lo comprometido.

Durante esta fase, no se aceptan planteamientos extremos de los acreedores que supongan la liquidación total del patrimonio del deudor ni tampoco se acepta como válida la petición por parte del deudor de una condonación total de su deuda.

El deudor deberá tramitar aparte con Hacienda, la Seguridad Social u otros acreedores públicos un aplazamiento o fraccionamiento de pago si no puede saldar sus deudas con dichos entes en los plazos previstos. Las deudas con este tipo de acreedores no se verán afectadas por las medidas del acuerdo.

¿Cuál puede ser el resultado de las negociaciones?

Pueden darse estas posibilidades:

  • Se llega a un pacto con los acreedores y se formaliza el acuerdo. En este caso, el Mecanismo de Segunda Oportunidad acabaría aquí, y habría supuesto una mejora para el deudor, por la vía de la reducción de la deuda (quita), de su aplazamiento (espera) o de la cesión de bienes para pagarla.
  • No se llega a un acuerdo. En este caso, el mediador concursal solicitará la apertura de la fase 2 del Mecanismo de Segunda Oportunidad: el Concurso Consecutivo.
  • El acuerdo se celebra, pero el deudor lo incumple. También supondría la apertura del concurso.

Para que se logre el acuerdo, deberán aprobarlo acreedores que representen el 60 % de la deuda total si no se superan ciertos límites (de porcentaje de quita, de plazo de espera…). Si se rebasan, deberán representar el 75 %.

La Ley contempla quiénes quedarán afectados por el acuerdo y de qué manera, y determina los motivos por los que el pacto podrá impugnarse.

De haber acuerdo, el mediador concursal será el que supervise su cumplimiento.

Fase 2: Concurso Consecutivo

Esta segunda fase ya es judicial. Su objetivo es liquidar parte del patrimonio del deudor para pagar las deudas, aunque en algunos casos puede haber una propuesta de convenio previa que la evite. También puede servir para constatar que no hay bienes y fondos suficientes para saldarlas.

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, esta fase se inicia cuando se da una de las siguientes circunstancias:

  • Se constata la imposibilidad de lograr el Acuerdo Extrajudicial de Pagos: el deudor y los acreedores no se ponen de acuerdo.
  • Hay acuerdo, pero algunos acreedores lo impugnan y se anula.
  • El acuerdo se celebra, pero el deudor lo incumple o comunica que no lo podrá cumplir.

¿Cómo se solicita?

Pueden solicitar el concurso el deudor, los acreedores y el mediador concursal.

El procedimiento se desarrollará en un juzgado de primera instancia si el deudor es un particular y ante un juzgado de lo mercantil si es autónomo.

El juez nombrará un administrador concursal, que realizará diversos trámites y actuaciones en el procedimiento. En algunas ocasiones el propio mediador concursal (que ha actuado en la fase anterior) será designado como administrador concursal.

¿Qué sucede durante esta fase?

  • Se paralizan algunas demandas, procedimientos, ejecuciones y embargos contra el deudor (si no estaban ya detenidas estas actuaciones).
  • Pueden levantarse o cancelarse algunos embargos.
  • Puede producirse el vencimiento anticipado de algunos créditos.
  • Se rescinden algunos actos recientes que pueda haber realizado el deudor (fuera de los acuerdos con acreedores) y que perjudiquen su patrimonio.
  • Hay una intervención o sustitución de las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio y su negocio (el deudor pierde en cierta medida el control de las decisiones sobre estos).
  • Se mantiene el derecho del deudor a percibir dinero para alimentos para su familia, si hay suficiente.
  • El cónyuge podrá pedir la disolución del régimen de gananciales, si hay bienes comunes afectados por el concurso.
  • Cesa el devengo de intereses por las deudas (con algunas excepciones).
  • Se realiza o completa el inventario de activos del deudor y la lista de acreedores.
  • Tiene lugar la apertura de la fase de liquidación (directamente si es deudor particular, o si lo piden este o el mediador o no hay dinero para pagar los costes del procedimiento).

La opción del convenio

Por otra parte, al iniciarse el concurso, si el deudor es autónomo, puede presentar en algunos casos una propuesta de convenio para evitar la liquidación.

Este tipo de oferta debe incluir un plan de pagos y permite plantear otras medidas: planes de venta de bienes garantizados, cesiones de empresas, limitaciones de disposición, quitas, esperas, cesiones en pago…

Si se aprueba, el deudor deberá informar periódicamente al juez del concurso sobre cómo se va cumpliendo.

¿Qué es la fase de liquidación del patrimonio del deudor?

Este segmento dentro del concurso consiste básicamente en la venta de los bienes del deudor y la aplicación de lo obtenido al pago de las deudas.

Quedan al margen los ingresos y bienes inembargables y el dinero para alimentos imprescindibles para el concursado y su familia. Tampoco suelen venderse los bienes de escaso valor o difícil venta.

El pago de las deudas se realiza atendiendo al grado de preferencia de los acreedores. Tienen prioridad los costes del procedimiento, las deudas salariales del último mes (hasta cierto límite), los gastos fijados por alimentos, las obligaciones de pago garantizadas con bienes (como las hipotecas), las deudas por retenciones fiscales o sociales…

La Ley determina una clasificación de créditos —derechos de cobro— ordenando esas deudas en varios grupos, según la mayor o menor preferencia de los acreedores.

Durante la liquidación se suspende el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio del deudor, si no estaban ya del todo sustituidas.

El concurso se abrirá directamente a la fase de liquidación en estos casos:

  • El deudor es un particular (sin negocio autónomo).  
  • Lo solicitan de forma expresa el deudor o el mediador concursal.
  • Se constata que el patrimonio del deudor no permitirá pagar ni los costes del procedimiento.

¿Cómo finaliza el Concurso Consecutivo?

El Concurso Consecutivo puede concluir, entre otras razones:

  • Al completarse el pago de todas las deudas.
  • Por constatarse la insuficiencia de patrimonio para satisfacer los créditos más preferentes (llamados contra la masa).

Si finalizada la liquidación se constata que el deudor, aun habiendo liquidado su patrimonio, no ha podido saldar todas sus deudas, el deudor podrá obtener el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI). Con ello podrá liberarse de las deudas pendientes o de algunas de estas cumpliendo ciertos requisitos: es la tercera fase del Mecanismo de Segunda Oportunidad:

Fase 3: Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI)

El BEPI es la pieza clave del Mecanismo de Segunda Oportunidad.

 (También sería correcto denominarlo beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos, ya que no siempre se exonerará todo el pasivo no satisfecho, es decir, todas las deudas no pagadas).

Su objetivo es conseguir que un juez cancele por LEY las deudas que no podrán ser satisfechas, o al menos una buena parte de ellas. Para ello, el deudor deberá cumplir algunos requisitos.

¿Cómo se solicita?

Lo solicita el deudor al juez una vez finalizada la fase de liquidación o si se constata que no hay patrimonio con el que pagar las deudas más preferentes (créditos contra la masa).

Esta fase se inicia dentro del propio concurso y, aunque puede finalizarse con este, a veces se prolonga durante un período posterior (depende de la vía seguida).

Para optar al BEPI, el deudor deberá cumplir ciertos requisitos que hagan presumible su buena fe (que el concurso no sea calificado como culpable y no haber cometido ciertos delitos). Varían en función de que el deudor siga una de dos vías: la automática o la diferida.

¿Qué vías existen para el BEPI?

Vía automática (régimen general)

Se aplica si en la liquidación (fase 2: Concurso Consecutivo) el deudor ha podido pagar:

  • Las deudas por créditos más preferentes (créditos contra la masa y privilegiados), si intentó conseguir el Acuerdo Extrajudicial de Pagos, aunque no lo lograra.
  • Las deudas por esos créditos más preferentes, más el 25 % de las que corresponden a créditos ordinarios, si el deudor, pudiendo celebrar al Acuerdo Extrajudicial de Pagos, no lo intentó de modo razonable.

Por esta vía, el BEPI se concede de forma definitiva y extingue las deudas pendientes menos preferentes: las debidas a créditos subordinados y el 100 o el 75 % de las que se deben a créditos ordinarios.

(No se tienen en cuenta las deudas que correspondan a impagos de alimentos, porque no son exonerables. Tampoco lo son, según la ley, las deudas con acreedores públicos, aunque algunos jueces incluyen un parte de estas entre las que sí pueden cancelarse).

Una vez obtenido el BEPI, el deudor queda liberado de las deudas pendientes y los acreedores no podrán atacar su patrimonio con el propósito de cobrarlas (salvo por motivos de revocación).

Debe destacarse que los acreedores sí podrán reclamar a los fiadores o avalistas del deudor.

(Puedes consultar en este enlace de nuevo las prioridades en la clasificación de créditos del concurso).

Vía diferida (régimen especial)

Se aplica si el deudor no ha podido pagar las deudas más preferentes por la vía automática.

Esta vía exige que el deudor:

  • Asuma un plan de pagos (con plazo de hasta 5 años).
  • Cumpla unos requisitos adicionales.
    • Seguir colaborando con el procedimiento.
    • No haber obtenido un BEPI en los 10 últimos años.
    • No haber rechazado en los 4 años anteriores una oferta de empleo adecuada.
    • Aceptar que el BEPI conste en el Registro Público Concursal durante 5 años.

El plan de pagos incluirá las deudas no exonerables pendientes: las más preferentes -créditos contra la masa y privilegiados-, y a veces un 25 % de las ordinarias, más todas las no pagadas que correspondan a acreedores públicos o impagos de alimentos (aunque, como antes se ha indicado, hay jueces que sí aceptan cancelar algunas deudas con entes públicos).

El resultado es un BEPI provisional, si se cumplen ya todos esos requisitos. Será definitivo si el deudor:

  • Cumple íntegro el plan de pagos (durante el calendario establecido).
  • No cumple el plan íntegro, pero el juez, atendiendo a las circunstancias del caso, decide hacerlo definitivo. Para ello, el deudor, durante los años de duración del plan, debe haber destinado a su cumplimiento cierto porcentaje de sus ingresos (50 %, o 25 % si está en situación de vulnerabilidad). No se tienen en cuenta los ingresos no embargables, considerando su versión ampliada: la que se tiene en cuenta en algunos casos para deudores hipotecarios sin recursos.

¿Qué efectos tiene el BEPI?

La concesión definitiva del BEPI implica que las deudas exoneradas queden canceladas.

Estos son algunos efectos:

  • Los acreedores ya no podrán atacar el patrimonio del deudor con el fin de cobrar esas deudas, salvo por motivos de revocación.
  • Los acreedores sí podrán reclamar esas deudas a los fiadores o avalistas del deudor.
  • Si el deudor está casado en régimen de gananciales o similar (en vigor), el BEPI se extenderá también al cónyuge (por deudas anteriores al concurso que afecten al patrimonio común).

¿Puede revocarse el BEPI?

La exoneración podrá revocarse (dejarse sin efecto), a petición de los acreedores, en algunos casos.

Por la vía automática o por la vía diferida

► Durante 5 años desde el BEPI – Si se descubre que el deudor oculta dinero, bienes o derechos (sin contar los inembargables).

Solo por la vía diferida

► Durante el plan de pagos (hasta 5 años) — Por incumplimiento del plan, condena por ciertos delitos o aumento patrimonial sustancial por herencia, donación o premio que permita pagar lo pendiente sin perjudicar los pagos por alimentos.

¿Cómo funciona la Ley de la Segunda Oportunidad?

Te puede interesar:

¿Cuánto tiempo puede transcurrir hasta conseguir el perdón definitivo de las deudas?

¿Pueden demandarme los acreedores si me acojo a la Segunda Oportunidad?

¿Puede aumentar la deuda por generación de intereses durante los procedimientos de la Ley de la Segunda Oportunidad?

7. 

Requisitos para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad

Un deudor puede acogerse a este mecanismo si:

  1. Es una persona natural: un particular o un autónomo (profesional, comerciante o empresario individual).
  2. Se halla en situación de insolvencia, actual o inminente.
  3. Cumple los requisitos y condiciones que se mencionan en los siguientes puntos. En general, se trata de signos o evidencias que permiten presumir la buena fe y la fiabilidad del deudor. Dependen de la fase del procedimiento y de la vía que se siga para lograr la liberación de las deudas.

(Además, se sobreentiende que debe mantener deudas pendientes con más de un acreedor, al tratarse de procedimientos de tipo concursal. Pero esto es algo que se da prácticamente siempre cuando se trata de una crisis por impagos asociada a una situación de insolvencia).

Los requisitos legales según la fase del mecanismo son los mencionados a continuación.

Requisitos para el Acuerdo Extrajudicial de Pagos (fase 1)

Son los presupuestos y requisitos que la Ley exige para que pueda celebrarse ese pacto que evite el concurso:

Límite de pasivo

  • Que el pasivo (el importe de las deudas), en su estimación inicial, NO exceda de 5 millones de euros.

Antecedentes

  • Que NO se dé ninguna de estas cuatro circunstancias:
    • Estar ya en trámite un concurso ni haber sido declarado uno en los últimos 5 años.
    • Haber alcanzado en los últimos 5 años un Acuerdo Extrajudicial de Pagos.
    • Estar negociando con los acreedores un acuerdo de refinanciación* en este momento.
    • Haber obtenido en en los últimos 5 años una homologación judicial de un acuerdo de refinanciación.
  • NO haber sido condenado en sentencia firme, en los 10 años anteriores, por ciertos delitos de tipo socioeconómico, contra bienes y patrimonios, contra ciertas administraciones públicas o contra los trabajadores. Estos delitos son los que hacen temer mala fe en los negocios y una fiabilidad escasa para asumir compromisos de pago. Entre otros, son los siguientes:
    • Hurtos.
    • Robos.
    • Estafas.
    • Apropiaciones indebidas.
    • Ocultaciones de bienes en caso de insolvencia.
    • Delitos contables.
    • Falsedad documental.
    • Daños a bienes.
    • Delitos fiscales.
    • Fraudes a la Seguridad Social.
    • Delitos contra trabajadores…

* Un acuerdo de refinanciación es otro tipo de pacto que puede intentar el deudor con los acreedores antes de entrar en una fase de concurso. Queda al margen de este mecanismo.

Requisitos para el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI: fase 3)

Son los presupuestos y requisitos que la Ley contempla para poder optar a la exoneración de deudas:

Causas de conclusión del concurso

  • El Concurso Consecutivo (fase 2) debe haber concluido por uno de estos motivos:
    • Finalización de la fase de liquidación.
    • Constatación de la insuficiencia de patrimonio para pagar las deudas más preferentes (costes del procedimiento, impagos de salarios recientes…).

Buena fe del deudor

  • El deudor debe ser considerado de buena fe. Para ello se exige que:
    • El Concurso Consecutivo del deudor NO haya sido declarado culpable. Puede serlo, entre otros motivos, por:
      • Haberse arruinado de modo irresponsable.
      • Prácticas irregulares.
      • No solicitar a tiempo el concurso (aunque el juez puede ignorar este último supuesto según las circunstancias).
    • El deudor NO haya sido condenado en los 10 años anteriores al concurso por un delito de los indicados en la Ley (antes se citaron algunos).

Requisitos adicionales 

Dependen de la vía del BEPI seguida (automática o diferida):

  • Vía automática — El deudor debe pagar las deudas por los créditos más preferentes (denominados créditos contra la masa y privilegiados) si, pudiendo aspirar al Acuerdo Extrajudicial de Pagos, al menos lo intentó. Si no lo hizo, además deberá abonar el 25 % de las deudas pendientes por créditos ordinarios.
  • Vía diferida — Si no cumple el requisito anterior, tendrá que someterse a un plan de pagos de todas las deudas no exonerables (con hasta 5 años de plazo), y cumplir estos otros requisitos:
    • Haber colaborado con el procedimiento.
    • No haber obtenido otro BEPI en los últimos 10 años.
    • No haber rechazado una oferta de empleo adecuada en los últimos 4 años.
    • Aceptar que el BEPI conste en el Registro Público Concursal durante 5 años.

Requisitos para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad

Te puede interesar:

¿Qué documentación se precisa para tramitar la Ley de la Segunda Oportunidad?

¿Es posible pasar directamente a la fase 3 de la Ley de la Segunda Oportunidad (BEPI)?

¿Me puede perjudicar que, estando en paro, rechace alguna oferta de empleo?

8. 

¿Quién interviene en los procedimientos de la Ley de Segunda Oportunidad?

Los procedimientos del Mecanismo de Segunda Oportunidad ponen en relación al deudor con sus acreedores, pero en sus tres fases intervienen también otros profesionales desempeñando diversas funciones.

Algunos de los participantes intervienen a lo largo de todos los trámites y otros solo en alguna de las fases. Estas son las figuras que participan:

Abogados

►  Suelen participar desde el inicio en todas las fases del mecanismo, aunque su intervención es obligada a partir del Concurso Consecutivo.

El abogado es un consejero y gestor legal de las partes: deudor y acreedores. Defiende los intereses de sus clientes y les representa.

Entre otras funciones:

  • Asesora a sus clientes.
  • Estudia sus casos.
  • Diseña propuestas, planes y convenios.
  • Redacta los escritos en diversas fases dentro de los procedimientos y los tramitan.
  • Asiste a reuniones y citaciones.
  • Habla en nombre de sus clientes cuando ello es procedente…

Te puede interesar:

¿Por qué otros motivos debo consultar con un abogado experto en la Ley de la Segunda Oportunidad?

15 consejos a tener en cuenta antes de contratar un abogado experto en la Ley de la Segunda Oportunidad

¿Necesito contratar un abogado para la Ley de la Segunda Oportunidad?

Deudor

►  Participa desde el primer momento en todas las fases del mecanismo.

Es quien está en una situación de insolvencia que le impide hacer frente a una serie de deudas ya vencidas o que le hacen prever que de modo inminente no podrá pagarlas.

Los deudores que pueden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad con opción a obtener al final la exoneración de deudas pendientes son solo los particulares (con o sin actividad laboral) y los autónomos (los profesionales y los comerciantes y pequeños empresarios individuales).

El deudor es quien debe solicitar el Acuerdo Extrajudicial de Pagos (Fase 1 de la Ley de la Segunda Oportunidad). Puede solicitar asimismo el Concurso Consecutivo (Fase 2) y es quien se acogerá al BEPI – Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (Fase 3), por una u otra vía según pueda pagar inicialmente o no las deudas por créditos más preferentes.

Te puede interesar:

¿Puedo acogerme a la Ley de la Segunda Oportunidad si mi negocio es una sociedad con un único socio?

Acreedores

►  Participan desde el momento en que son convocados en los trámites del Acuerdo Extrajudicial de Pagos (Fase 1), y durante el resto de fases del mecanismo.

Son quienes reclaman las deudas (vencidas e impagadas) mediante demandas, o con ejecuciones de bienes si hay garantías.

Normalmente se dirigen a los deudores, aunque también pueden hacerlo a fiadores o avalistas, si existen.

Los acreedores pueden ser:

  • Empresas (por ejemplo, proveedores de productos y servicios).
  • Administraciones públicas (por tributos, cotizaciones, multas…).
  • Entes (asociaciones, fundaciones…) que hayan generado derechos de cobro.
  • Particulares (por préstamos personales).
  • Otros demandantes (por ejemplo, quienes reclaman indemnizaciones).

Durante el concurso, en la fase de liquidación, quizá puedan ver satisfechos algunos de sus créditos (derechos de cobro) a partir de la venta de bienes del deudor, aunque deberán respetarse ciertas preferencias legales (algunos cobros tienen mayor prioridad que otros).

Notario

► Actúa en algunos casos, desde el primer momento, bien nombrando a un mediador concursal, bien asumiendo ese papel durante todos los trámites del Acuerdo Extrajudicial de Pagos (Fase 1).

Es, junto al registrador mercantil y las cámaras de comercio, uno de los posibles receptores de la solicitud de inicio de los trámites del Acuerdo Extrajudicial de Pagos (Fase 1). Este profesional verificará que el deudor cumple los requisitos para poder celebrar este pacto.

Tras esta petición, y constatado que es procedente iniciar el expediente, deberá nombrar un mediador concursal siguiendo el procedimiento establecido en la Ley.

En caso de deudores particulares, podrá asumir ese papel él mismo si así lo desea y lo acepta el deudor, y dirigir las negociaciones orientadas a conseguir el acuerdo.

Registrador Mercantil

►  Actúa en algunos casos al inicio de la fase del Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

En la fase inicial del mecanismo, en el caso de que los deudores sean titulares de un negocio autónomo, será el registrador quien reciba la solicitud de inicio del expediente del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, que implica el nombramiento de un mediador concursal, salvo que el deudor elija dirigirse a una cámara de comercio homologada.

Cámara de Comercio

► Actúa en algunos casos, solo en un primer momento o como mediador concursal durante todos los trámites del Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

Los deudores autónomos, además de al registrador mercantil, pueden solicitar el inicio del Acuerdo Extrajudicial de Pagos (nombramiento de mediador concursal) a una cámara oficial de comercio, industria, servicios y navegación (las hay en diversos territorios) o a la Cámara de Comercio de España.

La cámara de comercio que reciba la solicitud, que debe estar homologada para actuar como mediador, asumirá ella misma la función de mediador concursal.

Mediador Concursal

►  Actúa durante los trámites del Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

Es una figura que actúa en buena medida como enlace entre el deudor y sus acreedores para ayudarles a llegar a un acuerdo. Para ello conduce la primera fase de Mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad: el intento de logro del Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

Ha de ser un profesional homologado para actuar como mediador según el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. Puede ser una persona natural o jurídica.

La Ley indica que puede actuar como mediador concursal, según los casos:

  • Un mediador concursal nombrado por el notario (si el deudor es particular) o por el registrador mercantil (si el deudor es autónomo).
  • Un notario (si el deudor es particular).
  • Una cámara de comercio homologada (si el deudor es autónomo).

Las principales funciones del mediador concursal son las siguientes:

  • Constatar requisitos, revisar datos y documentos, comprobar la existencia de las deudas, créditos y activos…
  • Convocar al deudor y los acreedores a sesiones y reuniones, e impulsar las negociaciones.
  • Revisar acuerdos, evacuar consultas, remitir a los acreedores la propuesta de acuerdo consentida por el deudor (con los planes y medidas), tramitar modificaciones…
  • Certificar el logro del Acuerdo Extrajudicial de Pagos (Fase 1) o su imposibilidad, y convocar en este último caso el Concurso Consecutivo (Fase 2).
  • Supervisar el cumplimiento del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, si se logra el pacto.

Te puede interesar:

¿Puede fracasar el Acuerdo Extrajudicial de Pagos por no conseguir mediador concursal?

Administrador Concursal

► Actúa durante los trámites del Concurso Consecutivo (Fase 2).

Es la figura que se nombra cuando se inicia el Concurso Consecutivo y que conducirá muchos trámites del procedimiento.

Puede ser una persona física o jurídica, de un listado que consta en el Registro Público Concursal. A veces quien ha actuado como mediador concursal suele asumir la función de administrador concursal.

Estas son algunas de las funciones que desempeña en el procedimiento:

  • Toma decisiones sobre embargos, ejerce acciones y reclamaciones, solicita ejecuciones, puede suspender contratos…
  • Interviene las decisiones del deudor cuando este tiene un negocio en activo: le autoriza ciertas decisiones sobre demandas y recursos o las toma por sí mismo sustituyéndolo.
  • Realiza trámites tributarios y sobre contratos laborales.
  • Elabora la lista de acreedores, valora propuestas, presenta informes, tramita comunicaciones…
  • Solicita la liquidación de bienes.

Te puede interesar:

¿Qué diferencia hay entre el mediador concursal y el administrador concursal?

Juez

► Actúa durante los trámites del procedimiento de Concurso Consecutivo y en la tramitación y concesión del BEPI.

Su función, en general, consiste en conducir los trámites del Concurso Consecutivo y asegurar que cada parte cumple con los requisitos legales y sigue los procedimientos que corresponden en cada momento procesal.

Adopta así decisiones diversas en el procedimiento, incluyendo las que corresponden a la fase de liquidación. Y también decide la concesión del BEPI (exoneración de deudas pendientes).

Será un juez de primera instancia si el deudor es un particular y un juez de lo mercantil si es un autónomo.

Procurador

►  No es precisa su actuación en los procedimientos de segunda oportunidad, al dirigirse estos a personas naturales.

Este profesional es, en general, quien representa a las partes en los procedimientos judiciales cuando la Ley no permite que esa función la desempeñe el abogado. Su tarea es de gestión, y, entre otras actividades, presenta los escritos en los juzgados y se encarga de conectar informativamente al juzgado y a los abogados.

En procedimientos de la Ley de Segunda Oportunidad, en tanto que mecanismo que globalmente solo se aplica a las personas naturales, NO es preciso que el deudor cuente con procurador: sus funciones en las fases del Concurso Consecutivo y del Beneficio de Exoneración de Pasivos Insatisfechos las puede ejercer el abogado.

Avalistas o fiadores del deudor

Quienes hayan prestado aval o fianza a un deudor que está inmerso en el Mecanismo de Segunda Oportunidad (por deudas, préstamos…) quedan al margen de esos procedimientos y no les alcanzará el beneficio de exoneración que pueda aprovechar el deudor.

Por ello, los acreedores podrán demandarlos aunque el deudor ya haya conseguido el BEPI, provisional o definitivo.

Hay, a pesar de ello, alguna decisión judicial y ciertas opiniones de juristas que sostienen que el BEPI puede extenderse en algunos casos a los avalistas y fiadores. Pero es una visión no mayoritaria.

En todo caso, si estos garantes del deudor no pueden pagar las deudas que se les reclamen por los impagos de este, también podrían acogerse por su cuenta al Mecanismo de Segunda Oportunidad en caso de que su situación fuera de insolvencia, aspirando así a su propio BEPI.

Obviamente, también puede ocurrir que estos acepten cubrir los impagos del deudor, si están en disposición de hacerlo, y solucionen así el problema de este sin que ello les lleve a una situación de crisis.

En cuanto al posible Acuerdo Extrajudicial de Pagos, si se logró este, por norma general tampoco afectará a los avalistas o fiadores (sin perjuicio de que pueda pactarse expresamente otra consideración entre deudor y acreedores). 

Te puede interesar:

¿Cómo afecta la Ley de la Segunda Oportunidad a los avalistas o fiadores?

¿Qué profesionales intervienen en la Ley de la Segunda Oportunidad?

9. 

¿Qué costes conlleva el Mecanismo de Segunda Oportunidad?

El precio de los procedimientos de la Ley de la Segunda Oportunidad para el deudor corresponde, básicamente, a la suma de lo que debe pagar a los siguientes profesionales:

  • Notario, registrador o cámara de comercio.
  • Mediador concursal (a veces puede ser el notario o  la cámara).
  • Administrador concursal.
  • Abogado.

Además, puede haber que sumar otros costes según los casos: tasaciones por ventas de inmuebles u objetos de valor, registros, publicaciones, tasas por documentos y certificados…

Estos gastos dependerán, en buena medida, de los datos del deudor, de su patrimonio, del montante de la deuda o del potencial de exoneración, entre otros factores. En todo caso, se trata de costes asumibles que no son sino el pequeño precio de una liberación de deuda de importe mucho mayor.

Los costes que pueden derivar de los procedimientos de la Ley de la Segunda Oportunidad siguen, en general, los criterios siguientes (expuestos de modo muy sintético).

Coste del notario o registrador mercantil

En general, los notarios pueden cobrar por folios, copias, comunicaciones, escrituras, actas, testimonios y otros documentos y diligencias, además de imputar horas en algunos casos. También repercuten timbres.

La normativa establece que los trámites notariales o registrales de nombramiento del mediador concursal no conllevarán coste para las personas naturales que no sean titulares de negocios (o sea, para los deudores que sean particulares).

No obstante, puede haber algunos costes que sí se tengan en cuenta, como suplidos (fondos para gastos, como papel, correo…), tributos, otras comunicaciones, folios de otros trámites…, y hay que tener en cuenta que la citada exención no es aplicable a deudores autónomos.

En consecuencia, el coste dependerá de cada caso. Por citar una horquilla bastante frecuente, puede oscilar entre 100 y 600 EUR. (No se cuentan aquí las posibles tareas del notario si asume el papel de mediador concursal).

Coste del mediador concursal y del administrador concursal

El mediador concursal y el administrador concursal son figuras diferentes y consecutivas: la segunda sustituye a la primera cuando finaliza la fase del Acuerdo Extrajudicial de Pagos (Fase 1) sin éxito y se abre el Concurso Consecutivo (Fase 2).

En algunos casos la figura del administrador recae sobre la misma persona que ha ejercido el cargo de mediador.

Administrador concursal

El precio se fija siguiendo los criterios establecidos por ley, aplicándose unos porcentajes sobre los importes de la deuda y otros sobre el patrimonio del deudor, con una escala de tramos de importe asociadas a los porcentajes.

Además, en el coste del administrador concursal también puede influir el volumen de trámites a realizar y la aplicación de algunas correcciones asociadas a la complejidad del concurso (lugar de las deudas, número de acreedores, trámites sobre trabajadores, existencia de actividad empresarial del deudor, presentación de convenio…).

La remuneración durante el procedimiento suele satisfacerse gradualmente (por meses).

Mediador concursal

La normativa indica que los honorarios del mediador concursal se rigen en general por los mismos criterios que los del administrador concursal, aunque con algunos ajustes.

Así, se aplica una reducción (del 70 % si el deudor es particular o del 50 % si es autónomo) y se considera una retribución complementaria si se acuerda el Acuerdo Extrajudicial de Pagos (de un 0,25 % de la masa patrimonial del deudor).

El juez puede nombrar administrador al propio mediador concursal, pero en este caso este no cobrará más por ello que lo que le corresponda como mediador. Por ello, la retribución global de los mediadores suele ser a veces muy baja.

Un ejemplo simplificado

Deudor particular

Masa activa (patrimonio del deudor) ► 250.000 EUR / Masa pasiva (deudas) ► 300.000 EUR.

Retribución del Administrador Concursal (según tramo): 0,60% de 250.000 = 1.500 EUR + 0,30 % de 300.000 = 900 EUR

Total honorarios Administrador Concursal = 2.400 EUR

Retribución del Mediador Concursal (Mediador y luego Administrador Concursal)

30 % de 2.400 = 720 EUR + 0,25 % de 250.000 = 625 EUR (por el Acuerdo Extrajudicial de Pagos)

Total honorarios Mediador Concursal = 1.345 EUR

Coste del abogado

Cada abogado tiene sus propios honorarios y no existe una regulación específica sobre lo que debe cobrar.

Según un estudio de mercado realizado por Libertad Sin Deudas, el precio de un abogado en los procedimientos del Mecanismo de Segunda Oportunidad puede oscilar entre 2.000 EUR y 6.000 EUR, aunque dependerá de la complejidad de cada caso.

Es habitual que se apliquen ciertos porcentajes sobre el importe total de la deuda. Pero cada despacho aplica sus criterios, a partir de algunas orientaciones, de manera más global o por fases e intervenciones: fase extrajudicial, preparación del concurso, calificación de este, liquidación, existencia de más o menos controversias…

Por supuesto, no es lo mismo tratar una deuda de 30.000 o 50.000 EUR que una de 300.000 EUR o de 2.000.000 EUR. Y hay que tener en cuenta que puede haber más o menos acreedores, diferentes tipos de deuda, garantías de diversa clase, distintas opciones de negociación de medidas y planes de pago, recursos, impugnaciones, etc.

Asimismo, puede haber modalidades alternativas de fijación de las minutas.

La mayoría de los despachos jurídicos con los que trabaja Libertad Sin Deudas tienen en cuenta la situación personal de sus clientes deudores y ofrecen facilidades de pago (como por ejemplo, cuotas mensuales).

Te puede interesar:

¿Puedo solicitar un abogado de oficio gratuito en la Ley de Segunda Oportunidad?

Otros gastos

Además de los costes por la intervención de esos profesionales, suelen generarse otros gastos por actuaciones o trámites diversos. Dependerá de cada caso.

Entre otros:

  • Tasación de inmuebles (habitual, por ejemplo, cuando el deudor pretende retener la vivienda habitual).
  • Peritaje de objetos de valor (arte, joyas, colecciones, antigüedades…).
  • Certificados sobre situación de inmuebles (dominio, afecciones y cargas, anotaciones…) expedidos por el Registro de la Propiedad.
  • Publicaciones registrales (en diversos registros).
  • Copias de escrituras.
  • Costes de abogados referidos a cambios u otros trámites relacionados con el régimen matrimonial.
  • Gastos por duplicados o añadidos si hay que tramitar más de un procedimiento (de varias personas).

Consejos para elegir bien

Como puedes ver, es difícil determinar con precisión el coste de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. Como ya te hemos comentado, sigue siempre estos tres consejos:

  • Desconfía de los despachos que son franquicias low cost.
  • Procura que te orienten sobre cuánto costará aproximadamente el procedimiento.
  • Asegúrate de que se inician los trámites de inmediato una vez contrates sus servicios.

Algunas franquicias de abogados ofrecen cuotas mensuales muy atractivas, pero la oferta tiene trampa: no inician el proceso hasta pasados meses o años, y mientras siguen cobrando.

Todos nuestros colaboradores te garantizarán plena transparencia e iniciarán el procedimiento desde el minuto uno. Sin demoras.

¿Cuánto cuesta acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad?

Te puede interesar:

¿Es buena idea pedir un crédito para financiar los costes de la Ley de la Segunda Oportunidad?

¿Cómo se pueden pagar los costes de la Ley de la Segunda Oportunidad?

Preguntas Frecuentes

GRATIS