Ley de la Segunda Oportunidad

La conocida popularmente como Ley de la Segunda Oportunidad es una norma que aprobó el Parlamento Español en 2015.

Esta norma introdujo en nuestro ordenamiento una regulación que permite a muchas personas físicas o naturales —particulares y autónomos— cancelar una buena parte de sus deudas pendientes si en el presente están en una situación de insolvencia definitiva y sobreendeutamiento y no pueden hacer frente a sus pagos.

En pocas palabras y de forma muy coloquial podemos decir que la Ley de la Segunda Oportunidad adaptó algunos procedimientos de concurso de acreedores, habitualmente seguidos por empresas, a los particulares y autónomos que no pueden afrontar el pago de sus deudas.

La denominación completa de la Ley de Segunda Oportunidad es la siguiente:

Ley 25/2015, de 28 de julio, de Mecanismo de Segunda Oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. (Puedes descargar el documento del BOE accediendo al enlace).

Esta ley, por tanto, introdujo este Mecanismo de Segunda Oportunidad para particulares y autónomos en la Ley Concursal, que es la norma general reguladora de estos procedimientos para todo tipo de deudores.

Desde septiembre de 2020, todo el Mecanismo de la Segunda Oportunidad queda regulado dentro del nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal, que actualiza y moderniza la estructura de la norma, pero sin alteraciones sustanciales.

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Antes de la Ley de la Segunda Oportunidad

Antes de la aprobación de la Ley de Segunda Oportunidad, el deudor estaba condicionado por lo que se llama responsabilidad patrimonial universal. Esto significa que las personas naturales (particulares y autónomos) con problemas de excesivo endeudamiento podían quedar atrapadas de por vida en una situación de endeudamiento e insolvencia.

Tenemos que tener en cuenta que esto no les ocurría a muchas empresas en crisis, con ciertas formas de sociedad mercantil, que podían escapar de este mantenimiento de las deudas mediante el procedimiento del concurso de accreedores y la posterior extinción de la empresa.

En cambio, los particulares y autónomos quedaban expuestos con todo su patrimonio actual y futuro a las deudas no saldadas en el presente. Si venían a mejor fortuna, tenían que pagar las deudas pasadas, arrastrando una pesada losa durante mucho tiempo.

Dicho en pocas palabras, resultaba difícil, a veces prácticamente imposible, deshacerse de las deudas después de un fracaso empresarial, profesional o personal. El afectado acababa arrastrando sus impagos durante muchos años de su vida.

Con la Ley de la Segunda Oportunidad

El deudor, una vez ha hecho lo posible por pagar las deudas, si aún le quedan algunas por saldar, podrá liberarse de estas o al menos de una parte. Verá así como se cancelan POR LEY algunos de esos pagos pendientes (con ciertas condiciones) y se le da la oportunidad de encarrilar de nuevo su vida personal y profesional.

Además, la Ley de Segunda Oportunidad permite que particulares, profesionales, comerciantes y pequeños empresarios, mientras estudian soluciones con las que satisfacer sus obligaciones de pago, puedan:

• Paralizar algunas demandas y embargos, oxigenando su actividad personal y profesional.
• Liberarse de la acumulación de intereses.
• Mantener su actividad sin recurrir a la economía sumergida para subsistir.
• Cubrir las necesidades familiares mediante algunos fondos, bienes e ingresos.

En definitiva, llevar una vida normal.

El Mecanismo de Segunda Oportunidad es el conjunto de procedimientos contemplados actualmente en la Ley Concursal, dirigidos solo a personas naturales —particulares y autónomos—, que pueden culminar con la liberación de sus deudas.

Se los conoce, de modo coloquial, como:

• Ley de Segunda Oportunidad.
• Mecanismo de Segunda Oportunidad.
• Procedimientos de Segunda Oportunidad.

Si quisiéramos ser estrictos deberíamos utilizar preferentemente las expresiones “Mecanismo de Segunda Oportunidad” o “Mecanismo de la Segunda Oportunidad” y hacer referencia a la Ley Concursal; sin embargo, es tradicional el uso de las expresiones “Ley de Segunda Oportunidad” o “Ley de la Segunda Oportunidad”, por ser esta la norma que introdujo en 2015 la regulación del mecanismo.

A efectos prácticos, pues, utilizamos las expresiones antes citadas de modo indistinto, y también nos referimos en ocasiones a la verdadera norma reguladora de este mecanismo: la Ley Concursal.

La Ley o Mecanismo de la Segunda Oportunidad (que se incluye en la Ley Concursal):

• En su fase 1, permite al deudor promover acuerdos previos con sus acreedores que eviten la liquidación patrimonial, contando con la ayuda de un mediador.
• En su fase 2, desarrolla un procedimiento concursal breve y simplificado si el acuerdo con los acreedores fracasa.
• En su fase 3, establece varias vías para que el deudor cancele POR LEY algunas deudas pendientes, con ciertas condiciones.

En caso de sobreendeudamiento, impagos e insolvencia, si no consigues saldar todas tus deudas, no solo perderás dinero y patrimonio para saldar una parte de ellas, sino que seguirás siendo en el futuro objeto de demandas, ejecuciones y embargos por los restantes impagos pendientes. Además, tu nombre seguirá presente en los principales ficheros de morosidad.

Acogiéndote a la Ley de la Segunda Oportunidad, una vez pagada una parte de la deuda (la que puedas asumir), podrás:

• Cancelar por ley todas las deudas restantes o al menos una parte importante de estas.
• Evitar el asedio de cobradores, demandas, ejecuciones y embargos.
• Desaparecer de las principales listas de morosidad.

Un mecanismo como este es muy útil en situaciones críticas en las que los particulares y los autónomos pueden ver truncadas sus estrategias, rotos sus planes de mantenimiento y consolidación y perjudicados sus proyectos vitales.

En pocas palabras, la Ley de la Segunda Oportunidad es el salvavidas para aquellas personas que no pueden hacer frente a sus deudas impagadas y quieren deshacerse de ellas.

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Está dirigida solo a personas naturales en situación de insolvencia.

Particulares

Son aquellas personas (individuos) que desarrollan actividades por cuenta ajena, cobran prestaciones o no tienen actividad:

• Trabajadores fijos o temporales: empleados laborales de empresas, entidades, asociaciones…
• Cuadros intermedios y directivos de empresas (con contratos laborales o de alta dirección).
• Funcionarios de organismos e instituciones, y personal interino (laboral).
• Personas en situación de desempleo (que no sea solo una baja momentánea de las actividades económicas), estén o no inscritos como demandantes de empleo.
• Personas en desempleo temporal (por ERTES).
• Autónomos habituales en situación de baja temporal por falta de clientes, trabajos muy irregulares, actividades estacionales…
• Personas en situación de baja por incapacidad transitoria (accidente, enfermedad…).
• Pensionistas por jubilación, invalidez (incapacidad permanente) o viudedad.
• Y otros como por ejemplo: Rentistas, personas en años sabáticos no remunerados y otras que no desempeñan en este momento ninguna actividad (amas de casa, estudiantes y doctorandos, perceptores de rentas mínimas…).

Profesionales autónomos

Son negocios individuales con estructuras sencillas (muchas veces solo los compone la persona que presta el servicio, que es el único titular):

• Profesionales liberales, adscritos al RETA (régimen de autónomos de la Seguridad Social) o a una mutua alternativa: abogados, ingenieros, arquitectos, aparejadores, médicos, dentistas, gestores administrativos, consultores…
• Profesionales freelancers: traductores, redactores, correctores, periodistas y fotoperiodistas no adscritos a medios, fotógrafos… (A veces combinan altas y bajas).
• Colaboradores autónomos de empresas: fontaneros, pintores, repartidores, vendedores, telefonistas, agentes de seguros, cobradores…
• Autónomos dependientes (trabajan sobre todo con un cliente).
• Prestadores autónomos de servicios no laborales: limpieza, tareas del hogar, cuidados personales o de geriatría, clases particulares…
• Artistas que no trabajan con contratos laborales y no han creado entidades con personalidad jurídica: actores, pintores, escultores, músicos, técnicos de cine y teatro…
• Deportistas profesionales cuando no trabajan con contratos laborales: tenistas, atletas, alpinistas, esquiadores, boxeadores, luchadores, toreros…
• Socios trabajadores de cooperativas o sociedades laborales (respecto de sus propias deudas).
• Profesionales en situación de baja temporal de actividad por accidente o enfermedad.

Pequeños empresarios individuales

Son negocios individuales. Actúan en sectores muy diversos, sin forma societaria (el titular es también autónomo). Pueden ser microempresas (negocios con menos de 10 trabajadores y facturación por debajo de 2 millones de euros) o pequeñas empresas, algo poco habitual sin formato societario (las que tienen un máximo de 50 trabajadores y facturan menos de 10 millones de euros).

• Pequeños comerciantes: kioscos, ópticas, papelerías, librerías, fruterías, farmacias, colmados, boutiques de ropa, tiendas de informática y electrodomésticos, ferreterías, estancos, bazares y tiendas de regalos, peluquerías, salones de belleza, veterinarios…
• Titulares de pequeñas empresas de prestación de servicios: fontanería, electricidad, instalaciones, reparaciones, reformas, limpieza, mensajería y transportes…
• Emprendedores (como ciertas startups o negocios sencillos de venta o servicios on line) en su fase inicial, cuando aún no han tomado forma societaria y pivotan de manera temporal sobre el titular fundador (autónomo), apoyado por unos pocos empleados y/o colaboradores.

Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir hasta ahora, ¿quién NO podrá acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

Pues todos aquellos negocios que, aún siendo de pequeña dimensión (comercios, servicios…), desarrollan su actividad mediante sociedades de responsabilidad limitada (las más habituales) o a través de otras modalidades societarias (sociedades anónimas, laborales, cooperativas, profesionales…), incluso aunque tengan un solo socio.

En todos estos casos se trata de personas jurídicas.

Los problemas de insolvencia e impago de las personas jurídicas se canalizan también a través de acuerdos extrajudiciales y procedimientos concursales (el ordinario o el abreviado), pero no podemos hablar en ese caso de un Mecanismo de Segunda Oportunidad.

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La Ley de la Segunda Oportunidad consta de tres fases:

• Fase 1: Acuerdo Extrajudicial de Pagos. En ella se intenta llegar, de una forma ordenada y con la ayuda de un mediador, a un acuerdo de pago del deudor con los acreedores.
• Fase 2: Concurso Consecutivo. Si se llega a esta fase (por fracaso de la anterior), el deudor deberá liquidar parte de su patrimonio para saldar sus deudas.
• Fase 3: Beneficio de Exoneración de Pasivos Insatisfechos (BEPI). Llegados a este punto, el juez puede llegar a cancelar por ley aquellas deudas pendientes que el deudor nunca podrá pagar, si se cumplen ciertos requisitos.

Para recordarlas con facilidad, lo mejor es mirarlo como una fórmula y tener en mente estas siglas:

Es importante destacar que no es preciso que se den las tres fases: si la primera fase puede resolver el problema, no será preciso llegar a las otras dos.

A continuación te explicamos cómo funciona cada fase y cuáles son sus objetivos:

Fase 1: Acuerdo Extrajudicial de Pagos

El objetivo de esta fase es que el deudor alcance un acuerdo con sus acreedores (mediante un plan de pagos). Las negociaciones se llevan a cabo con la intervención de un mediador concursal (papel que a veces desempeña un notario).

Mediante estas negociaciones, pueden pactarse quitas (reducciones de la deuda), esperas (aplazamientos del pago de la deuda) y cesiones de bienes en pago, entre otras fórmulas.

Si no se llegara a un acuerdo con los acreedores, se abriría la fase 2: el Concurso Consecutivo.

Solicitud

La solicitud la puede iniciar el deudor mediante un formulario oficial, incluyendo datos sobre su patrimonio, ingresos, gastos, acreedores, deudas contraídas, contratos vigentes, balance del negocio si es autónomo, etc.

La solicitud se dirige a un notario, si el deudor es particular, o al registrador mercantil o a una cámara de comercio homologada, si es autónomo.

Podrá actuar como mediador concursal el propio notario (si así lo decide y el deudor, particular, lo aprueba), otro profesional homologado elegido por este o por el registrador mercantil, o la cámara de comercio elegida.

¿Qué sucede durante esta fase?

• Se desarrollan negociaciones entre el deudor y los acreedores, impulsadas por el mediador concursal.
• El deudor podrá continuar con su actividad profesional (con algunas limitaciones).
• Se suspenderán algunos embargos existentes y se paralizarán algunas ejecuciones.
• No podrán iniciarse nuevas ejecuciones ni anotarse nuevos embargos (con excepciones).
• Los acreedores no podrán realizar actos que tengan como fin mejorar su situación respecto del deudor (presiones, negociaciones paralelas…).
• Las deudas pendientes dejarán de devengar intereses.
• Se elaborará una propuesta de convenio del deudor con sus acreedores. Puede incluir quitas, esperas (aplazamientos) de hasta 10 años y cesiones de bienes y derechos.
• La propuesta incluirá, además, un plan de pagos que fijará, entre otros aspectos, un calendario de cumplimiento de las obligaciones del deudor.
• Si el deudor logra celebrar el acuerdo, se liberará de las deudas restantes una vez pague o ceda lo comprometido.
• Si el deudor NO logra un acuerdo con los acreedores, o este se incumple, se abrirá la siguiente fase: el Concurso Consecutivo.

Durante esta fase, no se aceptan planteamientos extremos de los acreedores que supongan la liquidación total del patrimonio del deudor ni tampoco se acepta como válida la petición por parte del deudor de una condonación total de su deuda.

Con las medidas del Acuerdo Extrajudicial de Pagos se busca:

• Contentar al deudor y a los acreedores.
• Salvaguardar la continuidad del negocio del deudor (si lo tiene).
• Evitar que se perjudique su subsistencia y la de su familia.

Resultado de las negociaciones

Pueden darse dos posibilidades:

• Que se llegue a un pacto con los acreedores y se formalice el acuerdo. En este caso, el Mecanismo de Segunda Oportunidad acabaría aquí, y habría supuesto una mejora para el deudor, por la vía de la reducción de la deuda (quita), de su aplazamiento o de la cesión de bienes para pagarla.
• Que no se llegue a un acuerdo. En este caso, el mediador concursal solicitará la apertura de la fase 2 del Mecanismo de Segunda Oportunidad: el Concurso Consecutivo. También se solicitaría el concurso si el deudor incumple el acuerdo.

Fase 2: Concurso Consecutivo

Esta segunda fase ya es judicial. Su objetivo es liquidar parte del patrimonio del deudor para pagar las deudas. También puede servir para constatar que no hay bienes y fondos suficientes para saldarlas.

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, esta fase se inicia cuando se da una de las siguientes circunstancias:

• Se constata la imposibilidad de lograr el Acuerdo Extrajudicial de Pagos: el deudor y los acreedores no se ponen de acuerdo.
• Se logra el acuerdo, pero algunos acreedores lo impugnan y se anula.
• Se llega a acuerdo, pero el deudor lo incumple.

Solicitud

Pueden solicitar el concurso el deudor, los acreedores y el mediador concursal.

El procedimiento se desarrollará en un juzgado de primera instancia si el deudor es un particular y ante un juzgado de lo mercantil si es autónomo.

El juez nombrará un administrador concursal, que realizará diversos trámites y actuaciones en el procedimiento. En algunas ocasiones el propio mediador concursal (que ha actuado en la fase anterior) será designado como administrador concursal.

Qué sucede durante esta fase

• Se paralizan algunas demandas, procedimientos, ejecuciones y embargos contra el deudor (si no lo estaban ya).
• Pueden levantarse o cancelarse algunos embargos.
• Puede producirse el vencimiento anticipado de algunos créditos.
• Se intervienen o sustituyen las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio y su negocio (el deudor pierde en cierta medida el control sobre las decisiones sobre estos).
• Se mantiene el derecho del deudor a percibir dinero para alimentos para su familia, si hay suficiente.
• El cónyuge podrá pedir la disolución del régimen de gananciales, si hay bienes de este afectados por el concurso.
• Se produce el cese del devengo de intereses por las deudas (con algunas excepciones).
• Se abre la fase de liquidación (directamente si es deudor particular, o si lo piden este o el mediador o no hay dinero para pagar los costes del procedimiento).
• Puede producirse, en algunos casos, una propuesta anticipada de convenio o plan de liquidación.

Fase de liquidación del patrimonio del deudor

Durante la liquidación se suspende el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio del deudor (si no estaban ya del todo sustituidas).

Esta fase consiste básicamente en la venta de los bienes del deudor y la aplicación de lo obtenido al pago de las deudas.

Quedan al margen los ingresos y bienes inembargables y el dinero para alimentos imprescindibles para el concursado y su familia. Tampoco suelen venderse los bienes de escaso valor o difícil venta.

El pago de las deudas se realiza atendiendo al grado de preferencia de los acreedores. Tienen prioridad los costes del procedimiento, las deudas salariales del último mes (hasta cierto límite), los gastos fijados por alimentos, las obligaciones de pago garantizadas con bienes (como las hipotecas), las deudas por retenciones fiscales o sociales…

(La Ley clasifica esas deudas en varios grupos, según la mayor o menor preferencia de los acreedores: contra la masa, privilegiadas, ordinarias, subordinadas…).

Conclusión

El Concurso Consecutivo puede concluir, entre otras razones:

• Al completarse el pago de todas las deudas.
• Al constatarse la insuficiencia de patrimonio para satisfacer los créditos más preferentes.

Si finalizada la liquidación se constata que el deudor, aun habiendo liquidado su patrimonio, no ha podido saldar todas sus deudas, el deudor podrá obtener el Beneficio de Exoneración de Pasivo Insatisfecho (BEPI) y liberarse de algunas pendientes cumpliendo ciertos requisitos: es la tercera fase del Mecanismo de Segunda Oportunidad:

Fase 3: Beneficio de Exoneración de Pasivos Insatisfechos (BEPI)

El objetivo del BEPI es conseguir que un juez cancele por LEY las deudas que no podrán ser satisfechas, o al menos una buena parte de ellas. Para ello, el deudor deberá cumplir algunos requisitos.

El BEPI es la pieza clave del Mecanismo de Segunda Oportunidad.

Solicitud, vías y alcance del BEPI

Lo solicita el DEUDOR al juez. Si cumple los requisitos, se tramitará por una de estas dos vías: automática o diferida.

Vía automática

Se aplica si en la liquidación (Fase 2: Concurso Consecutivo) el deudor ha podido pagar:

• Las deudas más preferentes, si intentó conseguir el Acuerdo Extrajudicial de Pagos, aunque no lo lograra.
• Las deudas más preferentes, más el 25 % de las ordinarias, si el deudor, pudiendo celebrar al Acuerdo Extrajudicial de Pagos, no lo intentó de modo efectivo.

Por esta vía, el BEPI se concede de forma definitiva y extingue las deudas pendientes menos preferentes: las debidas a créditos subordinados y el 100 o el 75 % de las que se deben a créditos ordinarios. No se tienen en cuenta las deudas que correspondan a acreedores públicos o impagos de alimentos (porque no son exonerables).

Obtenido el BEPI, el deudor queda liberado de las deudas pendientes y los acreedores no podrán atacar su patrimonio con el propósito de cobrarlas (salvo por motivos de revocación).

(Debe destacarse que los acreedores SÍ podrán reclamar a los fiadores o avalistas del deudor).

Vía diferida

Se aplica si el deudor no ha podido pagar las deudas más preferentes por la vía automática.

Esta vía exige que el deudor:

• Asuma un plan de pagos (con plazo de hasta 5 años).
• Cumpla unos requisitos adicionales.
  • Seguir colaborando con el procedimiento.
  • No haber obtenido un BEPI en los 10 últimos años.
  • No haber rechazado en los 4 años anteriores una oferta de empleo adecuada.
  • Aceptar que el BEPI conste en el Registro Público Concursal durante 5 años.

El plan de pagos incluirá las deudas no exonerables pendientes (las más preferentes más todas las no pagadas que correspondan a acreedores públicos o impagos de alimentos).

El resultado es un BEPI provisional, si se cumplen ya todos esos requisitos. Será definitivo si el deudor:

• Cumple íntegro el plan de pagos (durante el calendario establecido).
• No cumple el plan íntegro, pero el juez, atendiendo a las circunstancias del caso, decide hacerlo definitivo. Para ello, el deudor, durante los años de duración del plan, debe haber destinado a su cumplimiento cierto porcentaje de sus ingresos (50 %, o 25 % si está en situación de vulnerabilidad). Solo se consideran los ingresos embargables.

Efectos del BEPI

La concesión definitiva del BEPI implica que las deudas exoneradas queden canceladas.

Estos son algunos efectos:

• Los acreedores ya no podrán atacar el patrimonio del deudor con el fin de cobrar esas deudas, salvo por motivos de revocación.
• Los acreedores sí podrán reclamar esas deudas a los fiadores o avalistas del deudor.
• Si el deudor está casado en régimen de gananciales o similar (en vigor), el BEPI se extenderá también al cónyuge (por deudas anteriores al concurso que afecten al patrimonio común).

Posible revocación del BEPI

La exoneración podrá dejarse sin efecto, a petición de los acreedores, en algunos casos.

Por la vía automática o por la vía diferida

• Durante 5 años desde el BEPI – Si se descubre que el deudor oculta dinero, bienes o derechos (sin contar los inembargables).

Solo por la vía diferida

• Durante el plan de pagos (hasta 5 años) — Por incumplimiento del plan, condena por ciertos delitos o aumento patrimonial sustancial por herencia, donación o premio que permita pagar lo pendiente sin perjudicar los pagos por alimentos.

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Un deudor puede acogerse a este mecanismo si:

1. Es una persona natural: un particular o un autónomo (profesional, comerciante o empresario individual).
2. Se halla en situación de insolvencia, actual o inminente.
3. Cumple los requisitos y condiciones que mencionaremos a continuación. En general se trata de signos o evidencias que permiten presumir la buena fe y la fiabilidad del deudor. Dependen de la fase del procedimiento y de la vía que se siga para lograr la liberación de las deudas.

Son los siguientes:

Requisitos para la fase 1, el Acuerdo Extrajudicial de Pagos:

• Que las deudas, en su estimación inicial, NO excedan de 5 millones de euros.
• NO estar ya en trámite un concurso ni haber sido declarado uno en los últimos 5 años.
• NO haber alcanzado en los últimos 5 años un Acuerdo Extrajudicial de Pagos.
• NO estar negociando con los acreedores un Acuerdo de Refinanciación* en este momento ni haber obtenido en los últimos 5 años una homologación judicial de este tipo de pacto.
• NO haber sido condenado en sentencia firme, en los 10 años anteriores, por ciertos delitos de tipo socioeconómico, contra bienes y patrimonios, contra ciertas administraciones públicas o contra los trabajadores. Estos delitos son los que hacen temer mala fe en los negocios y una fiabilidad escasa para asumir compromisos de pago. Entre otros, son los siguientes:
  • Hurtos
  • Robos
  • Estafas
  • Apropiaciones indebidas
  • Ocultaciones de bienes en caso de insolvencia
  • Delitos contables
  • Falsedad documental
  • Daños a bienes
  • Delitos fiscales
  • Fraudes a la Seguridad Social
  • Delitos contra trabajadores

* Los acuerdos de refinanciación son otro tipo de pacto que puede intentar el deudor con los acreedores antes de entrar en una fase de concurso (pero quedan al margen de este mecanismo).

Requisitos para la fase 3, Beneficio de Exoneración de Pasivos Insatisfechos (BEPI):

• El Concurso Consecutivo (fase 2) debe haber concluido por finalización de la fase de liquidación o por constatación de la insuficiencia de patrimonio para pagar las deudas más preferentes (costes del procedimiento, deudas por impago de salarios recientes…).
• El deudor debe ser considerado de buena fe. Para ello se exige que:
  • El Concurso Consecutivo del deudor NO haya sido declarado culpable, puede serlo por:
    • Haberse arruinado de modo irresponsable.
    • Prácticas irregulares.
    • No solicitar a tiempo el concurso (aunque el juez puede ignorar este último supuesto).
    • Etc.
  • El deudor NO haya sido condenado en los 10 años anteriores al concurso por un delito de los indicados en la Ley (antes se citaron algunos).

El deudor debe cumplir, además, otros requisitos adicionales, según la vía del BEPI seguida (automática o diferida):

• Vía automática — Pagar las deudas por los créditos más preferentes si, pudiendo aspirar al Acuerdo Extrajudicial de Pagos, al menos lo intentó. Si no lo hizo, además deberá pagar el 25 % de los créditos ordinarios.
• Vía diferida — Que acepte someterse a un plan de pagos de todas las deudas no exonerables (con hasta 5 años de plazo), y cumpla estos otros requisitos:
  • Haber colaborado con el procedimiento.
  • No haber obtenido otro BEPI en los últimos 10 años.
  • No haber rechazado una oferta de empleo adecuada en los últimos 4 años.
  • Aceptar que el BEPI conste en el Registro Público Concursal durante 5 años.

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Los procedimientos del Mecanismo de Segunda Oportunidad ponen en relación al deudor con sus acreedores, pero en sus tres fases intervienen también otros profesionales desempeñando diversas funciones.

Algunos de los participantes intervienen a lo largo de todos los trámites y otros solo en alguna de las fases. Estas son las figuras que participan:

Abogados

Suelen participar desde el inicio en todas las fases del mecanismo, aunque su intervención es obligada a partir del Concurso Consecutivo

Son los consejeros y gestores legales de las partes: deudor y acreedores. Defienden los intereses de sus clientes y les representan.

Algunas de sus funciones son:

• Asesoran a sus clientes
• Estudian sus casos
• Diseñan propuestas, planes y convenios
• Redactan los escritos en diversas fases dentro de los procedimientos y los tramitan
• Asisten a reuniones y citaciones
• Hablan en nombre de sus clientes cuando ello es procedente
• Etc.

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Deudor

Participa desde el primer momento en todas las fases del mecanismo.

Es quien está en una situación de insolvencia que le impide hacer frente a una serie de deudas ya vencidas o que prevé que de modo inminente no podrá pagarlas.

Los deudores que pueden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad con opción a obtener al final la exoneración de deudas pendientes son solo los particulares (con o sin actividad laboral) y los autónomos (los profesionales y los comerciantes y pequeños empresarios individuales).

El deudor es quien debe solicitar el Acuerdo Extrajudicial de Pagos (Fase 1 de la Ley de la Segunda Oportunidad). Puede solicitar asimismo el Concurso Consecutivo (Fase 2) y es quien se acogerá al BEPI – Beneficio de Exoneración de Pasivos Insatisfechos (Fase 3), por una u otra vía según pueda pagar o no las deudas por créditos más preferentes.

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Acreedores

Participan desde el momento en que son convocados en los trámites del Acuerdo Extrajudicial de Pagos (Fase 1), y durante el resto de fases del mecanismo.

Son quienes reclaman las deudas (vencidas e impagadas) mediante demandas, o con ejecuciones de bienes si hay garantías.

Normalmente se dirigen a los deudores, aunque también pueden hacerlo a fiadores o avalistas si existen.

Los acreedores pueden ser:

• Empresas (por ejemplo, proveedores de productos y servicios).
• Personas naturales (por préstamos personales).
• Administraciones públicas (por tributos, cotizaciones, multas…).
• Entes (asociaciones, fundaciones…) que hayan generado derechos de cobro.
• Otros demandantes (por ejemplo, quienes reclaman indemnizaciones).

Notario

Puede actuar solo en un primer momento o como mediador concursal durante todos los trámites del Acuerdo Extrajudicial de Pagos (Fase 1).

Es, junto al registrador mercantil y las cámaras de comercio, uno de los posibles receptores de la solicitud de inicio de los trámites del Acuerdo Extrajudicial de Pagos (Fase 1). Este profesional verificará que el deudor cumple los requisitos para poder celebrar este pacto.

Tras esta petición, y constatado que es procedente iniciar el expediente, deberá nombrar un mediador concursal siguiendo el procedimiento establecido en la Ley.

En caso de deudores particulares, podrá asumir él mismo ese papel si así lo desea y lo acepta el deudor, y dirigir las negociaciones orientadas a conseguir el acuerdo.

Registrador Mercantil

Actúa en algunos casos al inicio de la fase del Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

En la fase inicial del mecanismo, en el caso de que los deudores sean titulares de un negocio autónomo, será el registrador quien reciba la solicitud de inicio del expediente del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, que implica el nombramiento de un mediador concursal, salvo que el deudor elija dirigirse a una cámara de comercio homologada.

Cámara de Comercio

Puede actuar en algunos casos en un primer momento y como mediador concursal durante los trámites del Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

Los deudores autónomos también pueden solicitar el inicio del Acuerdo Extrajudicial de Pagos (nombramiento de mediador concursal) a una cámara oficial de comercio, industria, servicios y navegación (las hay en diversos territorios) o a la Cámara de Comercio de España.

La Cámara de Comercio, que debe estar homologada para actuar como mediador, asumirá ella misma la función de mediador concursal.

Mediador Concursal

Actúa durante los trámites del Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

Es una figura que actúa en buena medida como enlace entre el deudor y sus acreedores tratando de ayudarles a llegar a un acuerdo. Conduce la primera fase de Mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad: el intento de logro del Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

Ha de ser un profesional homologado para actuar como mediador según el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. Puede ser una persona natural o una jurídica.

La Ley indica que puede actuar como mediador concursal, según los casos:

• Un notario.
• Un mediador concursal nombrado por el notario o por el registrador mercantil.
• Una cámara de comercio homologada.

Las principales funciones del mediador concursal son las siguientes:

• Constatar requisitos, revisar datos y documentos, comprobar la existencia de las deudas, créditos y activos.
• Convocar al deudor y los acreedores a sesiones y reuniones, e impulsar las negociaciones.
• Revisar acuerdos, evacuar consultas, remitir a los acreedores la propuesta de acuerdo consentida por el deudor (con los planes y medidas), tramitar modificaciones…
• Certificar el logro del Acuerdo Extrajudicial de Pagos (Fase 1) o su imposibilidad, y convocar en este último caso el Concurso Consecutivo (Fase 2).
• Supervisar el cumplimiento del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, si se logra el pacto.

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Administrador Concursal

Actúa durante los trámites del Concurso Consecutivo (Fase 2).

Es la figura que se nombra cuando se inicia el Concurso Consecutivo y que conducirá muchos trámites del procedimiento.

Puede ser una persona física o jurídica, de un listado que consta en el Registro Público Concursal. A veces quien ha actuado como mediador concursal suele asumir la función de administrador concursal.

Estas son algunas de las funciones que desempeña en el procedimiento:

• Toma decisiones sobre embargos, ejerce acciones y reclamaciones, solicita ejecuciones, puede suspender contratos…
• Interviene las decisiones del deudor cuando este tiene un negocio en activo: le autoriza ciertas decisiones sobre demandas y recursos o las toma por sí mismo sustituyéndolo.
• Realiza trámites tributarios y sobre contratos laborales.
• Elabora la lista de acreedores, valora propuestas, presenta informes, tramita comunicaciones…
• Solicita la liquidación de bienes.

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Juez

Actúa durante los trámites del procedimiento de Concurso Consecutivo y en la tramitación y concesión del BEPI.

Su función, en general, es conducir los trámites del Concurso Consecutivo y asegurar que cada parte cumple con los requisitos legales y sigue los procedimientos que corresponden en cada momento procesal.

Adopta decisiones diversas en cada momento procesal, incluyendo la fase de liquidación. Y también decide la concesión del BEPI.

Será un juez de primera instancia si el deudor es particular y un juez de lo mercantil si es un autónomo.

Procurador

No es obligada su participación al ser el deudor una persona natural

Este profesional es quien representa a las partes en los procedimientos cuando la Ley no permite que esa función la desempeñe el abogado. Su función es de gestión, y, entre otras funciones, presenta los escritos en los juzgados.

En procedimientos de la Ley de Segunda Oportunidad, en tanto que mecanismo que globalmente solo se aplica a las personas naturales, NO es preciso que el deudor cuente con procurador: sus funciones en las fases del Concurso Consecutivo y del Beneficio de Exoneración de Pasivos Insatisfechos las ejerce el abogado.

Avalistas o fiadores del deudor

Quedan al margen de los Procedimientos de Segunda Oportunidad que afectan a este

Quienes hayan prestado aval o fianza a un deudor que está inmerso en el Mecanismo de Segunda Oportunidad (por deudas, préstamos…) quedan al margen de esos procedimientos y no les alcanzará el beneficio de exoneración que pueda aprovechar el deudor.

Por ello, los acreedores podrán demandarlos aunque el deudor ya haya conseguido el BEPI, provisional o definitivo.

Hay, a pesar de ello, alguna decisión judicial y ciertas opiniones de juristas que sostienen que el BEPI puede extenderse en algunos casos a los avalistas y fiadores. Pero es una visión no mayoritaria.

En todo caso, si estos garantes del deudor no pueden pagar las deudas que se les reclamen por los impagos de este, también podrían acogerse por su cuenta al Mecanismo de Segunda Oportunidad en caso de que su situación fuera de insolvencia, aspirando así a su propio BEPI.

Obviamente, también puede ocurrir que estos acepten cubrir los impagos del deudor, si están en disposición de hacerlo, y solucionen así su problema.

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El precio de los procedimientos de la Ley de la Segunda Oportunidad para el deudor corresponde, básicamente, a la suma de lo que debe pagar al:

• Notario
• Mediador concursal
• Administrador concursal
• Abogado
• Además de otros costes: tasaciones por ventas, registros, publicaciones, tasas por documentos y certificado, etc.

Estos costes dependen en buena parte de los datos del deudor, del patrimonio de este, del montante de la deuda y del potencial de exoneración. En todo caso, se trata de costes asumibles que no son sino el pequeño precio de una liberación de deuda mucho mayor.

Los costes que pueden derivar de los procedimientos de la Ley de la Segunda Oportunidad siguen, en general, estos criterios.

Coste del notario o registrador mercantil

En general, los notarios pueden cobrar por folios, copias, comunicaciones, escrituras, actas, testimonios y otros documentos y diligencias, además de imputar horas en algunos casos. También repercuten timbres.

La normativa establece que los trámites notariales o registrales de nombramiento del mediador concursal no conllevarán coste para las personas naturales que no sean titulares de negocios.

No obstante, puede haber algunos costes que sí se tengan en cuenta, como suplidos (fondos para gastos, como papel, correo…), tributos, otras comunicaciones, folios de otros trámites, etc., y debe tenerse en cuenta que la citada exención es solo aplicable a particulares.

En consecuencia, el coste dependerá de cada caso: puede oscilar entre 100 y 600 EUR. No se cuentan aquí las posibles tareas del notario si asume el papel de mediador concursal.

Coste del mediador concursal y del administrador concursal

El mediador concursal y el administrador concursal son figuras diferentes y consecutivas: la segunda sustituye a la primera cuando finaliza la fase del Acuerdo Extrajudicial de Pagos (Fase 1) sin éxito y se abre el Concurso Consecutivo (Fase 2).

En algunos casos la figura del administrador recae sobre la misma persona que ha ejercido el cargo de mediador.

Administrador concursal

El precio se fija siguiendo los criterios establecidos por ley, aplicándose unos porcentajes sobre los importes de la deuda y del patrimonio del deudor, con una escala de tramos y unas correcciones. También influye en el coste del administrador concursal el volumen de trámites a realizar.

Mediador concursal

La normativa indica que los honorarios del mediador concursal se rigen en general por los mismos criterios que los del administrador concursal, aunque con algunos ajustes.

Así, se aplica una reducción (del 70 % si el deudor es particular o del 50 % si es autónomo) y se considera una retribución complementaria si se acuerda el Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

El juez puede nombrar administrador al propio mediador concursal, pero en este caso este no cobrará más por ello que lo que le corresponda como mediador.

Un ejemplo simplificado

Deudor particular

Masa activa (patrimonio del deudor) ► 250.000 EUR / Masa pasiva (deudas) ► 300.000 EUR.

Retribución del administrador concursal (según tramo)
0,60% de 250.000 = 1.500 EUR + 0,30 % de 300.000 = 900 EUR

Total honorarios Administrador Concursal = 2.400 EUR

Retribución del mediador concursal (mediador y luego administrador concursal)

30 % de 2.400 = 720 EUR + 0,25 % de 250.000 = 625 EUR (por el Acuerdo Extrajudicial de Pagos)

Total honorarios Mediador Concursal = 1.345 EUR

Coste del abogado

Cada abogado tiene sus propios honorarios y no existe una regulación específica sobre lo que deben cobrar.

Según un estudio de mercado realizado por Libertad Sin Deudas, el precio de un abogado en los procedimientos del Mecanismo de Segunda Oportunidad puede oscilar entre 2.000 EUR y 6.000 EUR, aunque dependerá de la complejidad de cada caso.

No es lo mismo tratar una deuda de 30.000 o 50.000 EUR que una de 300.000 EUR o de 2.000.000 EUR. Puede haber más o menos acreedores, diferentes tipos de deuda, garantías de diversa clase, diferentes opciones de negociación de medidas y planes de pago, recursos, impugnaciones, etc.

La mayoría de los despachos jurídicos con los que trabaja Libertad Sin Deudas tienen en cuenta la situación personal de sus clientes deudores y ofrecen facilidades de pago (como por ejemplo, cuotas mensuales) y modalidades alternativas de fijación de sus minutas.

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Otros gastos

Además de los costes por la intervención de esos profesionales, suelen generarse otros gastos por actuaciones o trámites diversos. Dependerá de cada caso.

Entre otros:

• Tasación de inmuebles (habitual, por ejemplo, cuando el deudor pretende retener la vivienda habitual).
• Certificados sobre situación de inmuebles (dominio, afecciones y cargas, anotaciones…) expedidos por el Registro de la Propiedad.
• Publicaciones registrales (en diversos registros).
• Copias de escrituras.
• Costes de abogados referidos a cambios u otros trámites referidos al régimen matrimonial.
• Costes de duplicados o añadidos si hay que tramitar más de un procedimiento (de varias personas).

Como puedes ver, es difícil determinar con precisión el coste de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. Como ya te hemos comentado, sigue siempre estos tres consejos:

• Desconfía de los despachos que son franquicias low cost.
• Procura que te orienten sobre cuánto costará aproximadamente el procedimiento.
• Asegúrate de que se inician los trámites de inmediato una vez contrates sus servicios.

Algunas franquicias ofrecen cuotas mensuales muy atractivas, pero la oferta tiene trampa: no inician el proceso hasta pasados meses o años, y mientras siguen cobrando.

Todos nuestros colaboradores te garantizarán plena transparencia e iniciarán el procedimiento desde el minuto uno. Sin demoras.

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