Concurso de Acreedores

Todo sobre los Concursos de Acreedores, actualizado en febrero de 2022.

Es la norma que regula los procedimientos del concurso de acreedores y algunos acuerdos preconcursales que pueden darse antes de este para evitarlo.

La norma concursal vigente es la siguiente: 

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal

Dentro de esta norma se contempla la regulación del Mecanismo de Segunda Oportunidad introducida en 2015 por la conocida como ‘Ley de la Segunda Oportunidad’.

El deudor puede solicitar que se homologue judicialmente un acuerdo de refinanciación con acreedores si es en la modalidad colectiva y cumple ciertos requisitos.

Este paso da más fuerza ejecutiva al acuerdo a efectos de vinculación, finalización de ejecuciones, levantamiento de embargos, extensión de otros efectos…

Es uno de los tipos de acuerdo preconcursal que puede intentar el deudor insolvente, persona natural o jurídica, con sus acreedores.

La Ley contempla varios requisitos: Siempre se exige que exista un plan de viabilidad del negocio del deudor y la formalización en instrumento público. Además se precisan otros que varían dependiendo de qué modalidad de acuerdo se busque (colectivo o singular).

En ocasiones también se incluye una auditoría del plan efectuada por un experto independiente.

Son cantidades que legalmente pueden establecerse como obligatorias para asegurar a algunos familiares su sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación.

La obligación, en general, es recíproca para:

  • Cónyuges.
  • Ascendientes y descendientes.
  • Hermanos (limitados a auxilios necesarios para la vida y educación, por necesidad no causada por el beneficiario).

Los relativos a cónyuges y de estos hacia los descendientes suelen fijarse, entre otras situaciones, en los convenios y sentencias de separación o divorcio.

En sentido estricto, como se considera aquí, es el conjunto de los fondos (dinero), bienes y derechos de los que es propietario o titular una persona física o jurídica (u otra entidad) y que tienen un contenido económico valorable en dinero.

En sentido amplio, el patrimonio también incluye las obligaciones contraídas. Con esta consideración, se compone de un activo (fondos, bienes y derechos) y de un pasivo (deudas).

El patrimonio puede ser individual (de una persona) o compartido (colectivo), como sucede en el caso de los bienes gananciales matrimoniales o de las comunidades de bienes, o cuando hay copropiedad.

Son quienes padecen dificultades extraordinarias para atender sus deudas de préstamos o créditos hipotecarios y, según los parámetros establecidos legalmente (ingresos, dimensión de la unidad familiar, edad, variación de la situación económica…), tienen la consideración de personas situadas en el umbral de exclusión.

La normativa contempla para estos deudores ciertas medidas de reestructuración de la deuda, reducción de gastos, flexibilización de los procedimientos de ejecución hipotecaria…, algunas asociadas a un Código de Buenas Prácticas al que pueden adherirse las entidades bancarias.

Vía especial para la obtención del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).

Se puede acceder al BEPI por esta vía si no se pudieron pagar las deudas indicadas como presupuesto para la vía automática, pero se cumplen ciertos requisitos.

Por esta opción el deudor deberá comprometerse a pagar las deudas pendientes no exonerables mediante un plan de pagos de hasta cinco años. Pueden ser deudas pendientes por créditos contra la masa, créditos concursales privilegiados, impagos de alimentos y créditos de administradores públicos. En algunos casos pueden incluirse también algunos créditos ordinarios.

Es la vivienda de una persona que mantiene en ella su residencia habitual (principal). Hay normativas diferentes que establecen algunos requisitos para que una vivienda pueda considerarse habitual.

Por ejemplo, la normativa fiscal exige que sea la residencia durante al menos tres años (salvo traslado reciente por razones de matrimonio, separación, trabajo…) o se habite de manera efectiva y permanente sin que transcurra un plazo superior a doce meses desde la fecha de adquisición o terminación de las obras.

Hay que tener en cuenta, además, que para considerar que hay residencia habitual en el país es preciso que se resida en su territorio al menos 183 días en el año.

Término que se utiliza a menudo para aludir a una segunda residencia vacacional, pero que, en general, a diversos efectos (fiscales, para liquidación…), puede utilizarse para hacer referencia a toda propiedad que tenga un particular de inmuebles residenciales que no constituyan su vivienda habitual.

Puede tratarse de viviendas vacacionales, heredadas, compartidas (adjudicadas a cónyuges separados o excónyuges tras divorcios), de inversión…

Es el régimen económico matrimonial establecido por defecto en el Código Civil para los territorios que aplican la regulación civil común. Se denomina sociedad de gananciales. (Se aplica en estos territorios si no se pacta otro).

Básicamente, implica la existencia de un patrimonio común a los cónyuges que se forma con los ingresos obtenidos por estos durante la vigencia del régimen, sin contar los bienes legalmente considerados privativos (bienes anteriores al matrimonio, donaciones, herencias, ropa personal ordinaria…).

Son bienes gananciales (comunes), entre otros, las rentas del trabajo, los intereses y rendimientos de otros fondos o bienes (sean o no comunes), las empresas fundadas o los bienes adquiridos con fondos o bienes gananciales…

El leasing o arrendamiento financiero es una operación por la que una entidad adquiere un bien (inmueble, vehículo, maquinaria…) y lo cede en alquiler a una empresa, añadiendo una opción de compra al final del plazo.

Se desarrolla de manera similar a una operación de préstamo (pagos periódicos que incluyen intereses y amortización), pero con una cuota final, como valor residual. Esta última cuota suele coincidir con el importe del resto de las periódicas, por lo que se presupone que el arrendatario terminará adquiriendo la propiedad del bien.

Tiene algunas ventajas fiscales y contables si se cumplen ciertos requisitos. Por ejemplo, aunque es un alquiler, tiene un tratamiento similar al de una compraventa (por lo que no se computa como endeudamiento) y sus cuotas son fiscalmente deducibles.

Son cantidades que legalmente pueden establecerse como obligatorias para asegurar a algunos familiares su sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación.

La obligación, en general, es recíproca para:

  • Cónyuges.
  • Ascendientes y descendientes.
  • Hermanos (limitados a auxilios necesarios para la vida y educación, por necesidad no causada por el beneficiario).

Los relativos a cónyuges y de estos hacia los descendientes suelen fijarse, entre otras situaciones, en los convenios y sentencias de separación o divorcio.

Son administraciones, organismos y entes de titularidad pública que ostentan derechos de cobro frente a personas, empresas u otras entidades por razón de la formalización de transacciones, la prestación de servicios o la existencia de obligaciones establecidas en las leyes (contribución fiscal, cotización social…).

Son ejemplos la Hacienda estatal, las haciendas autonómicas y locales, la Seguridad Social, otros organismos públicos estatales, autonómicos y municipales…

Acrónimo de Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho.

Es la tercera fase del Mecanismo de Segunda Oportunidad. En este momento del procedimiento es precisamente cuando el deudor puede aspirar a que se le cancelen algunas de sus deudas pendientes si cumple ciertos requisitos.

Son los derechos de cobro con mayor preferencia, sin contar los créditos contra la masa.

Los hay de dos tipos:

  • Con privilegio especial. Se saldan aparte, con los bienes afectos. Son las deudas garantizadas con hipotecas, prendas y otros tipos de afecciones de bienes…
  • Con privilegio general. Se incluyen algunos como los impagos de retenciones fiscales o de cotizaciones a la Seguridad Social, otros impagos por salarios o indemnizaciones laborales (hasta cierto límite), ciertas reclamaciones por responsabilidad civil, el 50 % de otros créditos con acreedores públicos no subordinados (Hacienda, Seguridad Social…), etcétera.

Son los derechos de cobro que se deberán satisfacer antes que los demás en el concurso.

Las deudas que correspondan a estos créditos se deben saldar las primeras con cargo al patrimonio del deudor, sin contar los bienes afectos a derechos de cobro garantizados.

Entre otras, son de este tipo las deudas por impago de salarios recientes de trabajadores (hasta cierto límite), gastos del propio concurso, pagos por alimentos (hasta cierto límite), ciertas obligaciones nacidas una vez iniciado el concurso…

Es el registro que permite la consulta de:

  • Diferentes resoluciones adoptadas por los juzgados de lo mercantil dentro de los procedimientos concursales (edictos, decisiones, nombramientos, ceses,  informes, escritos, concesiones…).
  • Datos de interés concursal inscritos en diferentes registros.
  • Información relativa a los expedientes de negociación y tramitación de acuerdos extrajudiciales de pago (incluyendo los documentos de los pactos si se celebran).

Los datos los aportan los jueces, notarios, procuradores, registradores mercantiles y otros registros públicos.

Es como se conoce coloquialmente a la norma que introdujo en 2015 de una manera completa el denominado Mecanismo de Segunda Oportunidad en la regulación de la Ley Concursal, que está dirigido a particulares y autónomos. 

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

Actualmente este mecanismo está contemplado íntegramente en el Texto Refundido de la Ley Concursal:

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

(De modo coloquial algunos siguen llamando Ley de la Segunda Oportunidad a esta regulación del mecanismo contenida en la Ley Concursal).

La versión vigente de la legislación concursal está contemplada en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

Esta norma sustituyó a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, vigente durante varios años y que había sido objeto de múltiples modificaciones.

Los textos refundidos son actuaciones legislativas que desarrolla el ejecutivo por orden del legislativo para adecuar, ordenar y racionalizar una norma cuando ha sufrido diversas modificaciones y tiene una parte de la regulación dispersa por otras normas complementarias.

Segmento procedimental dentro del concurso consecutivo en el que se producirá la enajenación del patrimonio del deudor para saldar las deudas pendientes. Se respetará el orden de pago que corresponda según la clasificación de los créditos (preferencias de los derechos de cobro), y se seguirá el plan de liquidación definido por el administrador concursal.

Puede abrirse esta etapa del concurso en varios supuestos: entre otros si:

  • No se aprueba un convenio.
  • Si este se incumple o el deudor constata que no lo podrá cumplir.
  • Si cesa la actividad profesional o empresarial del deudor.
  • Si el deudor es un particular y no logró el Acuerdo Extrajudicial de Pagos…

En el marco del Mecanismo de Segunda Oportunidad, es la primera fase.

En ella se busca, con la ayuda de un mediador concursal, un pacto entre deudor y acreedores para solucionar los impagos pendientes.

Este pacto puede incluir fundamentalmente quitas (reducciones de deuda), esperas (aplazamientos, hasta cierto límite) y cesiones de bienes, además de un plan de pagos. Si no se logra el acuerdo o no se cumplen ciertos requisitos, se abre la fase de concurso.

En el marco del Mecanismo de Segunda Oportunidad, es la segunda fase.

Se abre si el Acuerdo Extrajudicial de Pagos no se celebra (no se presenta o no se llega a un pacto) o si el deudor lo incumple. En este procedimiento se intentará pagar las deudas con el patrimonio del deudor (si lo tiene), en la liquidación, o se constatará su insuficiencia.

En ocasiones también puede incluir una propuesta de convenio al inicio del procedimiento (con deudores que no sean particulares).

Modo genérico y coloquial de aludir a quienes desempeñan su actividad económica por cuenta propia, adscritos al régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social (RETA) o, en algunos casos, a una mutua profesional alternativa (abogados, gestores…).

Puede tratarse de profesionales, artistas, deportistas, comerciantes u otro tipo de empresarios o emprendedores, siempre sin forma societaria en su negocio.

Empresas, entidades o entes que ostentan una titularidad de derechos y obligaciones diferente de la de los individuos que las integran.

Pueden ser:

  • Asociaciones de interés particular (civiles, mercantiles o industriales) a las que la ley concede personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.
  • Asociaciones, corporaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley.

Son personas jurídicas, por ejemplo, algunas sociedades civiles, las sociedades mercantiles, las sociedades cooperativas, las fundaciones de interés público, las entidades bancarias y aseguradoras, las mutuas profesionales, algunas ONG, las cámaras de comercio, los colegios profesionales, ciertas cofradías profesionales, las administraciones públicas, algunos organismos y entes de la administración…

En algunas sociedades mercantiles (las anónimas, las de responsabilidad limitada…) los socios solo tienen la obligación de realizar la aportación al capital social que corresponde a su participación.

No son responsables de las deudas sociales, que corresponden a la sociedad como entidad diferenciada.

Hay también sociedades, como las comanditarias, que tienen unos socios con responsabilidad limitada y otros con responsabilidad ilimitada.

Situación en la que una persona o empresa soporta un nivel de endeudamiento que incluye compromisos de pago o devolución de dinero a sus acreedores que son excesivos para cubrirlos con normalidad con su patrimonio actual o futuro.

Es la situación en la que una persona física o jurídica no puede hacer frente a las deudas con su patrimonio (ni siquiera a las que tienen vencimientos a medio y largo plazo).

Por extensión, puede calificarse también de insolvente al que sí posee un cierto patrimonio con un valor relevante pero que es de difícil conversión en dinero (por falta de demanda en el mercado o por otras limitaciones) o solo puede desinvertirse con grandes pérdidas (muy a la baja), de modo que difícilmente llegaría con él a cubrir con normalidad sus compromisos de pago.

Todos los individuos son personas naturales desde su nacimiento. También se las llama personas físicas.

A efectos de la Ley Concursal y del Mecanismo de Segunda Oportunidad, se diferencia entre persona natural empresario (son los autónomos y equivalentes) y persona natural no empresario (son los particulares).

Referida a una persona física o jurídica, es una situación en la que esta puede hacer frente con su patrimonio a las deudas contraídas que tienen un vencimiento inminente o a corto plazo (especialmente si ello es posible sin necesidad de recurrir a desinversiones complejas).

Referida a un activo (producto financiero), la liquidez implica que esa inversión pueda deshacerse (cancelación, rescate, reembolso, venta…) de modo que se recupere el dinero invertido (con el rendimiento ya obtenido, si lo hay) con rapidez y sin una merma significativa de su valor dinerario.

Los valores de renta fija o valores de deuda los emiten estados, administraciones, entidades bancarias, empresas… e implican un préstamo de los inversores, canalizado a través de instrumentos mobiliarios denominados obligaciones, bonos, letras, pagarés…  

Al comprar estos valores, el inversor presta dinero al emisor y obtiene a cambio un interés (en un pago único o de modo periódico) y la devolución del capital al vencimiento. También puede vender los valores en el mercado secundario antes de dicho vencimiento.

Algunos de los valores de renta fija más conocidos y con mayor seguridad son los deuda pública emitidos por el Estado: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

Licenciado en Derecho, inscrito como ejerciente en un Colegio de Abogados, que lleva la defensa en juzgados y tribunales de sus clientes y/o les asiste prestándoles asesoramiento jurídico.

Actualmente los abogados, para ejercer, deben además cumplir ciertos requisitos: formación de práctica jurídica, superación de pruebas de acceso o acreditación de méritos o experiencia…

Servicio de prestación jurídica mediante el cual los colegios de abogados ponen a una serie de letrados de diferentes especialidades a disposición de los ciudadanos que deseen solicitar asistencia jurídica y no cuenten con un abogado o no sepan a quién recurrir.

En algunos colegios de abogados estos turnos se presentan fundamentalmente como destinados a la prestación de asistencia jurídica gratuita, pero el turno puede ser simplemente una lista de abogados, de modo que se le asigne uno al que lo solicite, tenga derecho a la asistencia gratuita o no.

Si quien lo solicita no demuestra que entra en los requisitos para optar a este beneficio, deberá costear la minuta del abogado (y otros gastos que quedarían exentos) si finalmente se le proporciona la prestación jurídica.

Opción legalmente prevista que permite a las personas físicas acceder gratuitamente a la prestación de servicios de un abogado si se considera que su patrimonio es insuficiente para costearlos. Para ello el beneficiario no debe superar un umbral de patrimonio legalmente previsto, que varía en función de los miembros de la unidad familiar. También suele valorarse que no haya signos externos que desmientan la insuficiencia económica.

Es preciso que se litigue en defensa de intereses propios, o de representados si ello deriva de una representación legal (por ejemplo, de un hijo menor o de un tutelado).

Puede incluir servicios de asesoramiento previo a juicios, asistencia al detenido, defensa en juzgados y tribunales, gastos y tasas judiciales, asistencia pericial…

Vía para la obtención del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) contemplada por la Ley Concursal como régimen general.

Permite obtener de modo inmediato, al finalizar el concurso consecutivo, la exoneración de las deudas si el deudor puede saldar ya las que tenga pendientes que correspondan a las partidas de créditos contra la masa y créditos privilegiados.

No obstante, si cumpliendo los requisitos para optar a un Acuerdo Extrajudicial de Pagos el deudor ni siquiera lo intentó, también tendrá que saldar un 25 % de las deudas por créditos ordinarios que tenga pendientes.

No son exonerables, según la Ley, las deudas con acreedores públicos o por impagos de alimentos.

Modo coloquial de referirnos a las deudas que corresponden a créditos (derechos de cobro) que tienen prioridad en el procedimiento de concurso.

Ello puede deberse a que forman parte de la partida de créditos contra la masa (que se pagan inicialmente) o por encuadrarse en las categorías de créditos con privilegio especial o general, que se pagan a continuación con el patrimonio del deudor, si existe.

Las partidas con menor preferencia son los créditos ordinarios y, en último lugar, los subordinados.

Figura contemplada en la normativa concursal cuyo cometido es actuar como conductor de las negociaciones dirigidas a que el deudor celebre un acuerdo con los acreedores (Acuerdo Extrajudicial de Pagos).

Puede ser un notario (si el deudor es particular), otro mediador concursal inscrito en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia (para cualquier deudor) o una cámara de comercio (si el deudor es autónomo).

Su función es ayudar a las partes a lograr el acuerdo y realizar los trámites previstos legalmente en esa fase extrajudicial del mecanismo. El fin es dar solución a los impagos del deudor evitando la apertura del concurso.

Figura regulada por la normativa concursal cuyo cometido se inicia una vez se abre la fase de concurso.

Actúa en este procedimiento tomando decisiones diversas sobre demandas, embargos, ejecuciones, contratos…, interviene en mayor o menor medida las decisiones de disposición y administración del deudor con actividad profesional o empresarial y participa en toda una serie de trámites del procedimiento (listas de acreedores, valoraciones de deuda y patrimonio, examen de propuestas, informes, trámites tributarios, registrales y laborales, trámites en la liquidación de bienes.

En ocasiones se nombra administrador concursal a quien actuó como mediador concursal en la fase extrajudicial.

Dentro del procedimiento concursal, tras la liquidación, son los impagos que el deudor no ha podido satisfacer aún con su patrimonio. En algunos casos podrá, mediante el BEPI, cancelar todos o algunos de esos pasivos si cumple ciertos requisitos.

Estrictamente, una cesión de bienes es la operación por la cual el deudor transfiere al acreedor la posesión de algunos bienes y de su administración pero solo para que los liquide y aplique el importe obtenido para saldar la deuda que tenía pendiente de pago. No se transfiere la propiedad.

En sentido amplio, como hace la Ley Concursal, puede diferenciarse entre cesión de bienes para pago y cesión de bienes en pago. La primera es la operación aquí citada, mientras que la segunda es la que se denomina habitualmente dación en pago, en la que el deudor sí transfiere la propiedad de los bienes al acreedor como modo de saldar la deuda mediante una prestación sustitutiva de la inicialmente fijada.

Una quita es un acuerdo que se formaliza entre deudor y acreedor para que el importe de una deuda pendiente se reduzca y ello facilite al primero asumir el pago de la cantidad restante.

En los procedimientos preconcursales (y en el marco del Mecanismo de Segunda Oportunidad) se pueden pactar quitas en la fase de Acuerdo Extrajudicial de Pagos, como modo de evitar el concurso. En algunos casos también pueden acordarse en la fase de concurso (en un convenio al inicio de este).

Una espera es el acuerdo que se produce entre deudor y acreedor para que el importe pendiente de pago se satisfaga tras un aplazamiento. Este puede referirse al pago de intereses, del principal o de todo lo debido.

En los procedimientos preconcursales (y en el marco del Mecanismo de Segunda Oportunidad) se puede pactar una (de hasta 10 años) en la fase de Acuerdo Extrajudicial de Pagos, como modo de facilitar que se satisfaga la deuda y con ello evitar el concurso. Pero también pueden acordarse en otras fases (convenio al inicio del concurso, planes de pagos para lograr la exoneración…).

Calendarios de pagos que pacta el deudor con los acreedores en la vía diferida de acceso al BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) para saldar las deudas no exonerables que estén pendientes. Puede tener hasta cinco años.

También pueden pactarse planes de pago en los acuerdos extrajudiciales y en las propuestas de convenio al inicio del concurso (en este último caso solo si se trata de autónomos).

La calificación de concurso culpable es uno de los motivos que impiden lograr la cancelación de deudas mediante el BEPI.

Un concurso de acreedores se puede calificar como culpable por ciertos motivos achacables al deudor.

Estos son algunos:

  • Generar o agravar su insolvencia por negligencia grave o mala fe (intencionalidad).
  • Alzarse con todos o algunos de sus bienes en perjuicio de sus acreedores
  • Retrasar o dificultar embargos o ejecuciones.
  • Ocultar bienes de su patrimonio de modo fraudulento o simular situaciones patrimoniales ficticias.
  • Cometer imprecisiones o falsedades en documentos para el procedimiento o contables.
  • Incumplir deberes de colaboración con el concurso, sin justificarlo.

Sentencia que ya puede desplegar todos sus efectos porque:

  • No se ha interpuesto ningún recurso contra ella y ya no cabe la interposición de ninguno más (por transcurso del plazo legal).
  • Se interpuso el último recurso posible, y el tribunal confirmó la sentencia o la modificó.
  • La Ley no prevé que pueda recurrirse (salvo por motivos excepcionales).

Pequeños préstamos que ofrecen algunas entidades (no solo las bancarias) a sus clientes y que suelen aprobarse con trámites rápidos y sencillos.

Suponen la entrega de importes dinerarios moderados (de varios cientos o miles de euros) y cuentan solo con la garantía personal del prestatario. Los plazos de devolución suelen ser cortos.

Conllevan intereses bastante más elevados que los préstamos personales ordinarios, pero suelen ser menos exigentes en el análisis de riesgo del cliente para la concesión (pueden obtenerse incluso sin aportar nóminas ni fianzas, en unas horas o pocos días).

La prenda o pignoración es, como la hipoteca, una operación por la cual se garantiza el cumplimiento de una obligación mediante la afectación de un bien mueble propio o ajeno. Se formaliza mediante un contrato y da lugar a un derecho real de garantía. 

En caso de incumplimiento del deudor, el acreedor podrá ejecutar la garantía.

Estos son algunos bienes que se suelen pignorar:

  • Modalidad con desplazamiento de la posesión: dinero en cuentas, participaciones en fondos de inversión, acciones o valores de renta fija, joyas…
  • Modalidad sin desplazamiento de la posesión: maquinaria agrícola, frutos de cosechas, materias primas, animales, colecciones artísticas… (Debe formalizarse en escritura pública e inscribirse en un registro).

Son los fondos (dinero), bienes y derechos que la ley considera no embargables en procesos de ejecución.

Entre otros, son los siguientes:

  • Salarios, hasta ciertos límites.
  • Muebles, menaje y ropa del deudor y su familia que no sean bienes superfluos.
  • Alimentos y combustible imprescindibles para la subsistencia.
  • Libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión (en algunos casos).
  • Bienes sin contenido patrimonial.

Derechos que tienen los acreedores a exigir que el deudor cumpla los compromisos adquiridos (pago, prestación de servicio, comportamiento…).

Dentro de los procedimientos preconcursales y concursales, los derechos de cobro son dinerarios (o al menos valorables en dinero).

No hay que confundir este concepto genérico de ‘crédito’ con la operación de financiación que lleva el mismo nombre y es similar al préstamo.

Modo coloquial de referirse a las deudas que corresponden a créditos (derechos de cobro) que tienen prioridad en el procedimiento de concurso.

Ello puede deberse a que forman parte de la partida de créditos contra la masa (que se pagan inicialmente) o por encuadrarse en las categorías de créditos con privilegio especial o general, que se pagan a continuación con el patrimonio del deudor, si existe.

Las partidas con menor preferencia son los créditos ordinarios y, en último lugar, los subordinados.

Segmento procedimental dentro del Concurso Consecutivo en el que se producirá la enajenación del patrimonio del deudor para saldar las deudas pendientes. Se respetará el orden de pago que corresponda según la clasificación de los créditos (preferencias de los derechos de cobro), y se seguirá el plan de liquidación definido por el administrador concursal.

Puede abrirse esta etapa del concurso en varios supuestos, entre otros:

  • si no se aprueba un convenio,
  • si este se incumple,
  • o el deudor constata que no lo podrá cumplir,
  • si cesa la actividad profesional o empresarial del deudor,
  • si el deudor es un particular y no logró el Acuerdo Extrajudicial de Pagos…

Es la tercera fase del Mecanismo de Segunda Oportunidad.

En esta etapa, el deudor podrá obtener la cancelación de sus deudas pendientes o de algunas de estas si cumple ciertos requisitos. Dispone de una vía automática si salda una serie de deudas preferentes, y, si no puede hacerlo, de una vía diferida, con el acuerdo de un plan de pagos de hasta cinco años.

Las deudas que podrían cancelarse son las pendientes si entran dentro de las que la normativa considera exonerables.

En el marco de la normativa concursal, es una proposición del deudor o de los acreedores que puede darse al inicio del concurso con el fin de evitar la liquidación.

Puede incluir la propuesta de medidas como las quitas (reducciones de importe adeudado) y las esperas (aplazamientos, de hasta 10 años), y además otras como la limitación de administración del deudor, la venta de bienes afectos, cesiones de bienes en pago…

En lo que respecta al Mecanismo de Segunda Oportunidad, las propuestas de convenio las pueden presentar los autónomos (no los particulares).

En el marco de los procedimientos del Mecanismo de Segunda Oportunidad, y en concreto, en su tercera fase (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho), es la posibilidad de que algún acreedor solicite que se deje sin efecto la exoneración de deudas por darse alguno de los presupuestos determinados por la Ley.

Hay fondos (dinero), bienes y derechos que la Ley considera no embargables en procesos de ejecución. Son, entre otros, los siguientes:

  • Salarios, hasta ciertos límites.
  • Muebles, menaje y ropa del deudor y su familia que no sean bienes superfluos.
  • Alimentos y combustible imprescindibles para la subsistencia.
  • Libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión (en algunos casos).
  • Bienes sin contenido patrimonial.

Procedimiento en el que se pone en venta públicamente un bien embargable del deudor (o varios) con el fin de satisfacer la deuda pendiente con el precio resultante.

Puede ser judicial (sobre bienes embargados en un proceso judicial, sobre bienes del patrimonio del deudor en la fase de liquidación de un concurso de acreedores…) y también, con algunas diferencias de regulación, en procedimientos administrativos (tras embargos efectuados por administraciones públicas en caso de impagos de contribuyentes, cotizantes…).

Operación por la cual el deudor transfiere al acreedor la propiedad de algunos bienes para que con ello quede saldada la deuda que tenía pendiente de pago.

Hay, por tanto, una extinción de la deuda mediante una prestación diferente a la acordada inicialmente.

La Ley Concursal contempla, en los acuerdos entre deudores y acreedores, preconcursales o concursales, o en el concurso a propuesta del juez, la posibilidad de una cesión en bienes en pago (la dación en pago) o para pago (cesión para liquidación sin transferir la propiedad).

En operaciones que implican obligaciones de pago (como los préstamos, créditos…), son períodos durante los cuales queda estipulado o pactado que el deudor no realice pagos, sean de amortización del principal, sean de pago de intereses, sean del total de las cuotas o importes. También pueden ser suspensiones temporales de devengo de intereses (que no se generen de momento).

Es un concepto similar al de las esperas, aunque estas son pactos de aplazamiento de pagos entre deudor y acreedor a los que se llega cuando hay renegociaciones de préstamos y créditos o en ciertas etapas concursales o preconcursales.

Son los derechos de cobro que a efectos del concurso no se encuadran en ninguna de las otras categorías de créditos (contra la masa, privilegiados o subordinados).

Son los créditos que tienen una menor preferencia de cobro en el concurso.

Entre ellos se incluyen:

  • los recargos e intereses (que no sean de operaciones garantizadas)
  • las multas y sanciones
  • los créditos de algunas personas especialmente relacionadas con el deudor…

Término con el que normalmente se hace referencia a la Administración tributaria estatal y, por extensión, a la Agencia Tributaria, pero que en sentido amplio también incluye a diferentes administraciones tributarias territoriales, como las autonómicas y las locales. 

Es uno de los acreedores públicos que participan con mayor frecuencia en los procedimientos concursales de empresas, particulares y autónomos por razón de impagos de retenciones, ingresos a cuenta, cuotas fiscales, sanciones, recargos…

Son cantidades que se añaden a una deuda cuando se ha incumplido una obligación en alguna condición del pago. Por ejemplo, en el ámbito tributario, por presentarse una declaración fiscal fuera de plazo, por iniciarse un período ejecutivo en la recaudación…

Estos importes, a diferencia de las sanciones o multas, son inherentes a la deuda (se suman a esta directamente por indicación legal al darse el supuesto motivador).

Son cantidades que se determinan como obligación de pago cuando se comete una infracción establecida legalmente (de declaración, pago, información, registro…). Por ejemplo, en el ámbito tributario, si se incumple el deber de realizar una retención fiscal e ingresarla.

Estos importes, a diferencia de los recargos (que son inherentes a la deuda), se tramitan y abonan separadamente, tras un expediente que debe sustanciarse y aprobarse. 

Son las cantidades devengadas como precio por disponer de un dinero ajeno.

  • El tipo de interés ordinario es un porcentaje sobre un capital que se establece como precio por la obtención de un crédito o préstamo (disposición del importe durante un período de tiempo).
  • El tipo de interés de demora es el tipo extra (añadido al ordinario) aplicable cuando se produce un incumplimiento de pago o un retraso, durante el tiempo en que este dure, hasta que se satisface la deuda pendiente.

Es el régimen económico matrimonial establecido por defecto en las legislaciones civiles de algunos territorios: Catalunya, Islas Baleares, Comunidad Valenciana…  Se aplica en estos territorios si no se pacta otro. En los territorios de régimen común se aplica si se pacta en capitulaciones o cuando se disuelve el de gananciales.

Básicamente, implica la separación de los patrimonios de los cónyuges, a cada uno de los cuales pertenecerán tanto los bienes que tuviesen antes de al matrimonio como los que adquieran después.

Los cónyuges deben contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio en proporción a sus respectivos recursos económicos, salvo que pacten una contribución diferente.

Situación en la que se produce un cese de la convivencia de una pareja casada y la disolución del vínculo conyugal.

Tiene además otros efectos, como el fin del régimen matrimonial, la estipulación de ciertas medidas respecto a los hijos o la vivienda, la fijación de pensiones compensatorias o pagos por alimentos, el fin del derecho a herencias, legítimas o percepciones abintestato…

Se resuelve por sentencia judicial.

El divorcio da derecho a contraer nuevas nupcias.

Situación en la que se produce un cese de la convivencia de una pareja casada, sin que de momento se disuelva el vínculo conyugal.

Puede tener algunos efectos similares a los del divorcio, como el fin del régimen matrimonial o de algunas de sus consecuencias, la estipulación de ciertas medidas respecto a los hijos y la vivienda, la fijación de pensiones compensatorias o pagos por alimentos…

Se puede formalizar en sede judicial o, en algunos casos (si no hay hijos menores o dependientes), de mutuo acuerdo también ante notario.

La separación no da derecho a contraer nuevas nupcias.

Son pagos con fines compensatorios que se estipulan en caso de separación o divorcio cuando se produce un desequilibrio en la posición de uno de los cónyuges que implica un empeoramiento en su situación económica respecto de la que tenía durante el matrimonio.

Los deberá satisfacer el miembro de la pareja que esté en mejor posición, y pueden consistir en una pensión temporal, en una indefinida o en un pago único. También pueden sustituirse por un usufructo (por ejemplo, de una vivienda, de dinero en cuentas…).

La pensión se fija teniendo en cuenta lo acordado en convenio y también otros datos de los cónyuges como la edad, salud, profesión, medios económicos actuales, duración de la convivencia, tiempo dedicado al cuidado de la familia…

Un fiador es la persona que, mediante un contrato de fianza, garantiza con su patrimonio el cumplimiento de una obligación de otra persona. De este modo, si el deudor incumple el pago de lo comprometido, el acreedor podrá exigírselo al fiador.

Este contrato se suele asociar a préstamos y créditos solicitados a entidades bancarias, cuando estas exigen contar con la garantía personal de un tercero.

Aunque tiene algunos puntos comunes, no debe confundirse la fianza con la obligación, denominada igual, de entregar o depositar un dinero como garantía (para litigar, por costas judiciales, por indemnizaciones, en arrendamientos, en caso de libertad provisional en un proceso penal…).

Un avalista es la persona que, mediante un contrato de aval, garantiza con su patrimonio el cumplimiento de una obligación de otra persona. De este modo, si el deudor incumple el pago de lo comprometido, el acreedor podrá exigírselo en su lugar al avalista.

El contrato de aval suele formalizarse en el ámbito mercantil para garantizar el pago mediante documentos de giro (letras de cambio, cheques, pagarés…).

También suele pactarse cuando se solicita a una entidad bancaria que aporte su garantía para asegurar una obligación de pago o reforzar ciertas decisiones u operaciones: licitaciones, concursos, arrendamientos, responsabilidades asociadas a cargos…

Es similar a la fianza.

ASNEF es un fichero de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito explotado por la empresa ASNEF-EQUIFAX y cuyo tratamiento de datos realiza la empresa EQUIFAX IBERICA.

Es un registro de incumplimiento de obligaciones dinerarias que facilita consultas sobre la posible morosidad de quienes son solicitantes de operaciones de crédito en otras entidades, y también acerca de incidencias judiciales, reclamaciones de organismos públicos, datos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil…

La información del fichero la aportan sus miembros adheridos, que son empresas de todos los sectores de la economía.

BADEXCUG es un fichero con información sobre incumplimientos de obligaciones dinerarias. La información sobre los impagos la facilitan los acreedores o quienes actúen por su cuenta o interés.

Lo gestiona la empresa EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO y una serie de entidades participantes en el sistema que se responsabilizan del tratamiento de los datos.

Estos pueden ser consultados exclusivamente por las entidades adheridas al sistema, que estén aportando información, cuando necesitan evaluar la solvencia de las personas o empresas con impagos.

EXPERIAN también gestiona el fichero CIREX sobre operaciones de microcréditos (haya o no morosidad).

El REGISTRO DE ACEPTACIONES IMPAGADAS (RAI) contiene información sobre impagos, imputables a personas jurídicas, que tengan un importe mínimo de 300 euros y correspondan a documentos en los que el deudor haya reflejado con su firma que aceptó (reconoció) la deuda.

Son los documentos de giro que se utilizan en masa en el sistema bancario y tienen fuerza ejecutiva. Puede tratarse de letras de cambio, cheques, pagarés cambiarios…

La información la aportan las entidades bancarias.

La versión vigente de la legislación concursal está contemplada en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

Esta norma sustituyó a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, vigente durante varios años y que había sido objeto de múltiples modificaciones.

Los textos refundidos son actuaciones legislativas que desarrolla el ejecutivo por orden del legislativo para adecuar, ordenar y racionalizar una norma cuando ha sufrido diversas modificaciones y tiene una parte de la regulación dispersa por otras normas complementarias.

Estas nuevas normas no suponen una modificación legislativa (algo que compete a las Cortes Generales), aunque, además de fundir normas distintas, sí pueden variar la redacción del texto y la estructura de la ley principal (con añadidos, supresiones, desgloses, explicaciones más claras y detalladas, solución de incoherencias o puntos difíciles de interpretar…).

Los ficheros de morosidad o registros de morosos son herramientas informativas al servicio de todo tipo de empresas que aportan datos sobre los incumplimientos de obligaciones de las personas y empresas.

Se alimentan de la información que aportan sus miembros adheridos, que son los acreedores (fundamentalmente empresas de diversos sectores) cuando sufren impagos de sus clientes.

Hay diversos ficheros de morosidad. Por ejemplo, el RAI (de impagos asociados a documentos de giro aceptados: letras de cambio, cheques, pagarés…), el ASNEF -EQUIFAX y el BADEXCUG (de incumplimientos dinerarios)…

Son medios de pago sustentados en una tarjeta que se diferencian de las tarjetas de crédito y de débito en que solo contemplan la posibilidad de pago aplazado con intereses: no incluyen la opción de pago a fin de mes sin intereses ni la de pago al contado (apunte inmediato en la cuenta asociada).

Al disponer solo de la modalidad a crédito con intereses, funcionan como una línea de crédito en cuenta corriente. Admiten solo el pago del total pendiente con cuota fija o con cuota periódica (con unos mínimos y máximos).

El hecho de que estas tarjetas devenguen a menudo intereses elevados y no dispongan de opciones para evitarlos ha dado lugar a una fuerte controversia sobre la escasa adecuación de este tipo de producto para muchos consumidores.

En esta línea, ha habido decisiones judiciales que han determinado que algunas de estas tarjetas, comercializadas entre el público con cierta agresividad, tenían intereses abusivos y sus condiciones de pago alargaban la operación de crédito.

La consecuencia es que ello ha abierto la puerta a las reclamaciones de usuarios endeudados a las entidades emisoras por este tipo de instrumento de pago.

No debe confundirse este tipo de tarjeta con la mayoría de las tarjetas de crédito convencionales que disponen de la opción de fijar el pago aplazado a cuota proporcional o fija pero también permiten al titular optar por el pago sin intereses a final de mes.

Procedimiento judicial que tiene por objeto lograr que el deudor insolvente con impagos satisfaga las deudas pendientes con sus acreedores en la medida de lo posible. Para ello, se busca la facilitación de acuerdos de pago (aplazamientos, fraccionamientos, reducciones…) o se procede a la liquidación de patrimonio (venta para dedicar el importe a los pagos), entre otras posibles medidas, si esos pactos no prosperan o se incumplen.

El pago de las deudas de los acreedores en la liquidación debe respetar ciertas prelaciones en función de su tipología, ya que unos derechos de cobro tienen más preferencia que otros.

Los ficheros de morosidad o registros de morosos son herramientas informativas al servicio de todo tipo de empresas que aportan datos sobre los incumplimientos de obligaciones de las personas y empresas.

Se alimentan de la información que aportan sus miembros adheridos, que son los acreedores (fundamentalmente empresas de diversos sectores) cuando sufren impagos de sus clientes.

Hay diversos ficheros de morosidad. Por ejemplo, el RAI (de impagos asociados a documentos de giro aceptados: letras de cambio, cheques, pagarés…), el ASNEF-EQUIFAX y el BADEXCUG (de incumplimientos dinerarios)…

ERTE es el acrónimo de Expediente Temporal de Regulación de Empleo.

Supone la suspensión o reducción temporal de un contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor.

Como efecto, los contratos no se extinguen (no hay despido) y los trabajadores continúan vinculados a la empresa, pero sin que esta les pague el salario ni indemnizaciones, o, si hay solo reducción, cobrando un importe menor.

Durante el período de suspensión los trabajadores tienen, en su caso, derecho a percibir las prestaciones por desempleo. Y superada la situación, pueden reincorporarse a la empresa.

Ordenación en grupos de los créditos concursales (derechos de cobro) a efectos de su preferencia a la hora de saldar las deudas en la liquidación del patrimonio del deudor.

El orden de preferencia es la siguiente:

  • Contra a la masa (van aparte de todos los demás y son los primeros en satisfacerse).
  • Con privilegio especial (se pagan con los bienes afectos).
  • Con privilegio general.
  • Ordinarios
  • Subordinados.

Calendario de pagos que pacta el deudor con los acreedores en la vía diferida de acceso al BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) para saldar las deudas no exonerables que estén pendientes. Puede tener hasta cinco años.

También pueden pactarse planes de pago en los acuerdos extrajudiciales y en las propuestas de convenio al inicio del concurso (en este último caso solo si se trata de autónomos).

En general, un deudor es la persona física o jurídica que se ha comprometido frente a otra persona o ente a realizar un pago, prestar un servicio o cumplir otro tipo de obligación en unas determinadas condiciones (forma, plazos, fechas…).

Dentro de los procedimientos preconcursales y concursales, el deudor suele serlo de obligaciones de pago dinerario (frente a proveedores, compañías de suministro, prestamistas, administraciones públicas…).

Conjunto de procedimientos regulados en la Ley Concursal que tienen como fin ayudar a solucionar el problema de impagos de los particulares y autónomos en situación de insolvencia.

Incluye tres fases:

  • Una fase preconcursal dirigida al logro de un pacto del deudor con sus acreedores (Acuerdo Extrajudicial de Pagos).
  • Una fase judicial (Concurso Consecutivo) si el acuerdo citado no se consigue, en la cual generalmente se liquidará el patrimonio del deudor para realizar los pagos o se constatará su insuficiencia.
  • Una tercera fase en la que el deudor, cumpliendo algunos requisitos, podrá cancelar todas o algunas de las deudas pendientes (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho).

Este mecanismo, de modo completo, fue introducido en la Ley Concursal por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, conocida coloquialmente como ‘Ley de la Segunda Oportunidad’.

Personas naturales (físicas) que no son titulares de un negocio como autónomos adscritos al RETA o a una mutua profesional alternativa. Actúan como individuos y asumen las deudas con su patrimonio personal, que no está afecto a una actividad económica por cuenta propia.

Pueden ser trabajadores (con contrato laboral), directivos (contrato de alta dirección), funcionarios, pensionistas por jubilación, invalidez o viudedad, estudiantes, doctorandos, rentistas, amas de casa…

Los juzgados de primera instancia e instrucción son órganos jurisdiccionales dirigidos por un juez, y adscritos a un territorio concreto (partido judicial), que puede actuar en el orden civil y el penal.

Son el primer acceso judicial de los ciudadanos cuando en estos ámbitos se debe dirimir algún conflicto.

En los procedimientos preconcursales y concursales del Mecanismo de Segunda Oportunidad los juzgados de primera instancia son, en general, los que se encargan de los procedimientos en los que el deudor es un particular.

Los juzgados de lo mercantil son órganos jurisdiccionales dirigidos por un juez que pueden estar adscritos a una provincia o a varias de la misma comunidad autónoma, y tener sede en la capital de la provincia (uno o varios juzgados) o en otras poblaciones.

Se encargan de las cuestiones suscitadas en materia mercantil, y de los asuntos concursales (exceptuando los que corresponden a particulares, que se dirimen en los juzgados de primera instancia).

Licenciado en Derecho, inscrito como ejerciente en un Colegio de Procuradores, que lleva la representación en juzgados y tribunales de sus clientes y se encarga de labores documentales e informativas y de las notificaciones entre la sede judicial y los abogados.

En los procedimientos de segunda oportunidad (dirigidos a particulares y autónomos) no es obligatorio contar con procurador. Sin embargo, algunos abogados prefieran contar igualmente con los servicios de este tipo de profesional en su prestación jurídica a deudores que son personas naturales.

Es una norma aprobada por el Gobierno para afrontar situaciones extraordinarias o urgentes si bien, para tener validez, deberá ser aprobada por el Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días desde su promulgación.

Es un tributo personal, directo y progresivo que grava las rentas obtenidas anualmente por las personas físicas para colaborar en el sostenimiento del Estado.

Es una asociación que trabaja por una organización judicial basada en la libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, por la democratización de la carrera judicial, igualdad entre hombres y mujeres, etc.

Es un movimiento no violento que defiende los intereses de los hipotecantes que no pueden hacer frente al pago de la cuota de sus hipotecas frente al marco legal que protege a los bancos.

El Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo recoge en su Anexo el Código de Buenas Prácticas Bancarias.

Este Código contiene una serie de medidas para reestructurar la deuda de los deudores hipotecarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Los bancos que estén acogidos a este Código están obligados a aplicar dichas medidas a los deudores que cumplan los requisitos de vulnerabilidad.

Conjunto de sentencias o resoluciones judiciales dictadas por distintos órganos judiciales.

La jurisprudencia ejerce una función importante de complementar el ordenamiento jurídico mediante la doctrina reiterada del Tribunal Supremo.

Procedimiento judicial mediante el cual el acreedor solicita la venta en pública subasta de un inmueble gravado con hipoteca para garantizar el pago de un préstamo, cuando el deudor incumple con el pago de las cuotas hipotecarias.

IPREM o Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, es un índice de referencia que se utiliza para conceder ayudas, subvenciones o subsidios. Se actualiza cada año.

Plusvalía o Plusvalía municipal, es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Se trata de un tributo local que grava el incremento de valor que experimenta un inmueble desde que se adquiere hasta que se transmite.

Es un conjunto de normas de derecho civil (capacidad, adopción, matrimonio, divorcio, sucesiones…), aunque no regula todas las materias del orden civil.

Órgano jurisdiccional único y superior en toda España y en todos los órdenes del derecho (civil, penal, contencioso-administrativo y social). Tiene su sede en Madrid.

La Dirección General de Tributos (DGT) es el órgano directivo de la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio de Hacienda que se encarga de la política tributaria del Gobierno de la Nación.

Índice de contenidos

El concurso de acreedores es la herramienta legal perfecta para aquellas empresas en situación de insolvencia que no pueden hacer frente a los pagos de sus deudas.

A continuación encontrarás lo más relevante sobre esta normativa.

1. 

¿Qué es un concurso de acreedores?

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial dirigido a facilitar que una persona física (particular o autónomo) o una persona jurídica (sociedad mercantil, asociación…) salde sus deudas con sus acreedores, si ha entrado en una situación de insolvencia o ve que esta será inminente.

Esta figura jurídica sustituye a aquellas tradicionales que todos recordamos y que se denominaban suspensión de pagos y quiebra.

Dos vías de solución

La normativa concursal prevé dos vías para que el deudor pueda pagar sus deudas:

  • Un pacto con sus acreedores.
  • La liquidación, cesión o transmisión de bienes de su patrimonio.

Un conjunto de procedimientos

Pero si consideramos el concurso de acreedores en un sentido más amplio, como conjunto de procedimientos regulados por la Ley Concursal, en tal caso hay que incluir también algunos acuerdos previos extrajudiciales entre deudor y acreedor que pueden evitar al primero entrar en la vía judicial o abreviarla.

Con la participación de expertos

Por lo demás, todas estas soluciones, judiciales o extrajudiciales, cuentan con la intervención de diversos expertos en la materia:

  • El juez.
  • El administrador concursal.
  • En ciertas ocasiones, un mediador concursal.
  • Los abogados del deudor y de los acreedores.
  • En algunos casos, un experto independiente.
2. 

¿Qué norma regula el concurso de acreedores?

En la actualidad, la norma que regula el concurso de acreedores, con todos sus instrumentos y procedimientos judiciales y extrajudiciales, es la siguiente:

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal

El contenido de esta norma rige tanto la etapa judicial, el concurso propiamente dicho, como la etapa preconcursal (acuerdos para evitar el concurso o simplificarlo).

Esta norma remodeló la anterior ley reguladora (Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal). El fin fue mejorar su redacción y estructura, sin modificar el fondo de su contenido.

No obstante, en tanto no se promulgue el Reglamento Concursal, se mantendrán en vigor determinados artículos de la norma anterior derogada: por ejemplo, algunos referidos a la administración concursal o al Registro Público Concursal.

3. 

¿Para qué sirve un concurso de acreedores?

El concurso tiene como finalidad básica que los acreedores cobren sus créditos, pero conlleva también algunos beneficios inmediatos para el deudor.

Fin básico del concurso

El concurso de acreedores tiene como finalidad básica facilitar que el deudor en estado de insolvencia salde las deudas que tiene con sus acreedores.

Ello puede lograrse de dos modos:

  • Mediante un pacto entre deudor y acreedor que incluya ciertas medidas para hacer más accesibles los pagos: reducciones de importe, aplazamientos, cesiones de bienes…
  • En una fase más avanzada del procedimiento, forzando una serie de operaciones de venta del patrimonio del deudor, u otras cesiones o transmisiones.

Otros objetivos del procedimiento

Pero ese objetivo final del concurso no es el único.

Además, los instrumentos y procedimientos concursales, antes incluso de que se formalicen esos acuerdos o se llegue a la liquidación, permiten al deudor ganar tiempo:

  • Activan temporalmente una serie de efectos protectores sobre su patrimonio. Ello le permitirá paralizar ciertas demandas, ejecuciones y embargos contra sus bienes y frenar el devengo de intereses de créditos y préstamos.
  • Abren la posibilidad de que pueda continuar su actividad económica, sometido a ciertos controles de la administración concursal.
4. 

¿En qué consiste el preconcurso de acreedores?

El preconcurso de acreedores o etapa preconcursal es un período del que dispone el deudor insolvente para tratar de llegar a un acuerdo con sus acreedores a fin de evitar la liquidación de su patrimonio.

Objetivo e instrumentos

Así, antes de que se declare el concurso, el deudor puede comunicar al juez competente que ha iniciado negociaciones para llegar a un pacto con sus acreedores en el que se acuerde un modo de ir saldando las deudas.  

Ello le blindará durante hasta cuatro meses, suspendiendo su deber de solicitar el concurso o la posibilidad de que lo hagan los acreedores.

También producirá algunos efectos protectores sobre su patrimonio (frente a demandas de acreedores).

Estos son los tres instrumentos contemplados por la normativa para que se negocien en este período preconcursal:

  • Acuerdo de refinanciación.
  • Acuerdo Extrajudicial de Pagos.
  • Propuesta anticipada de Convenio.

Qué puede conseguirse

  • Si se logra alguno de los dos primeros pactos citados, el deudor evitará el concurso y con ello la liquidación de su patrimonio, mientras vaya cumpliendo lo pactado.
  • De lograr adhesiones para el tercero, entrará en concurso, pero si formaliza el pacto propuesto, acortará el procedimiento judicial y evitará también la liquidación.

En estos acuerdos, si se cumplen ciertos requisitos, pueden pactarse diversas medidas: quitas, esperas o cesiones de bienes, entre otras. 

5. 

¿Quién puede ser declarado en concurso de acreedores?

En general, todo tipo de deudores puede ser declarado en concurso de acreedores. Hay, no obstante, algunas excepciones legales.

Deudores que pueden verse inmersos en un concurso

Un concurso de acreedores puede afectar a todo tipo de personas en estado de insolvencia:

  • Particulares.
  • Autónomos (comerciantes, profesionales…).
  • Sociedades mercantiles (microempresas, pymes o grandes empresas).
  • Otros entes con personalidad jurídica: asociaciones, fundaciones, corporaciones, etc.

Y también puede entrar en este procedimiento judicial una herencia si se acepta a beneficio de inventario.

No es preciso, por tanto, que se trate de un deudor con una actividad económica o negocio, aunque la mayoría de concursos son de empresas.

Deudores que no pueden entrar en concurso

La normativa concursal determina que algunos tipos de entes no puedan entrar en esta situación.

Entre ellos:

  • Las administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas, municipios, etc.).
  • Los organismos, entidades y entes públicos: universidades públicas, ADIF, Renfe, Correos y Telégrafos, Loterías y Apuestas del Estado, RTVE, FOGASA, FNMT, Banco de España, etc.
  • Ciertos entes sin personalidad jurídica. Entre otros:
    • Uniones de empresas.
    • Comunidades de bienes (por ejemplo, de propietarios de viviendas).
    • Herencias (salvo las aceptadas a beneficio de inventario).
    • Fondos de inversión o de pensiones.
6. 

¿Cuándo se solicita un concurso de acreedores?

Los concursos de acreedores se inician en caso de insolvencia de una persona física o jurídica.

Situaciones en cuanto a la insolvencia

Puede tratarse de una situación de insolvencia:

  • Inminente — Se da cuando el deudor prevé que en breve no podrá cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones de pago: aún no se han producido impagos relevantes y continuados, pero se vislumbra la imposibilidad de cumplimiento.
  • Actual — Se constata cuando el deudor ya no puede cumplir regularmente sus obligaciones: algunas deudas ya han vencido, hay impagos repetidos, otros vencimientos se acercan y no dispone de fondos o bienes convertibles con facilidad en dinero para afrontarlas.

Signos de insolvencia

La normativa concursal considera que ciertos hechos significativos hacen presumible la situación de insolvencia actual del deudor. Son los que permiten fundamentar la solicitud de concurso por los acreedores.

Entre otros, la existencia de declaraciones judiciales o administrativas de insolvencia, ejecuciones y embargos relevantes, impagos tributarios, de salarios o de cotizaciones sociales en los últimos tres meses, alzamientos de bienes, etc.

En cuanto a las herencias, podrá solicitarse el concurso solo si se aceptan a beneficio de inventario.

7. 

¿Quién puede solicitar un concurso de acreedores?

La solicitud de concurso de acreedores debe realizarla una persona física o jurídica legitimada.

Puede ser:

  • El propio deudor:
    • Voluntariamente, si es consciente de su situación de insolvencia inminente.
    • De modo obligado, antes de que transcurran dos meses de que conoció o debió conocer su situación de insolvencia actual.
    • Si constata que un acuerdo preconcursal pactado no podrá cumplirlo o ya lo ha incumplido.
  • Un acreedor del deudor, si este se halla ya en un estado de insolvencia actual.
  • Algún socio del deudor que tenga responsabilidad personal en las deudas de la sociedad (como los colectivos o comanditarios), si el deudor está en situación de insolvencia actual.
  • El mediador concursal, si constata que el Acuerdo Extrajudicial de Pagos que se ha intentado negociar no ha prosperado, o el pactado se ha anulado o se ha incumplido.

Conviene precisar que los acreedores no podrán solicitar el concurso del deudor si en los seis meses anteriores adquirieron los créditos (derechos de cobro) a título singular (no dentro de un patrimonio global transmitido) y por un negocio que no sea herencia o legado.

En cuanto a las herencias aceptadas a beneficio de inventario, pueden solicitar el concurso los herederos, los acreedores o el administrador de la herencia.

8. 

¿Qué puede suceder si no se solicita el concurso de acreedores?

Hay que diferenciar entre los acreedores y el deudor.

Solicitud de los acreedores

Los acreedores están facultados para solicitar la declaración de concurso del deudor si este se halla en situación de insolvencia actual —igual que ciertos socios del deudor—, pero no están obligados.

Lo único que puede ocurrir si, dándose la insolvencia actual del deudor, un acreedor no solicita el concurso, es que:

  • Tenga que esperar hasta que lo solicite el deudor u otros legitimados, lo que puede ralentizar la solución del problema.
  • Pierda algunas ventajas que implica el actuar como solicitante del concurso (como el privilegio en parte de los derechos de cobro si se llega a la liquidación).

Solicitud del deudor

En cuanto al deudor, dependerá del estado de la insolvencia:

  • Si es inminente, el deudor puede solicitar el concurso, pero no está obligado.
  • De ser actual, no solicitar el concurso en un plazo de dos meses desde que la conoció o debió conocerla puede acarrearle consecuencias perjudiciales. Entre ellas, que:
    • Solicite el concurso un acreedor y con ello sea más probable que un administrador concursal asuma la gestión de la sociedad.
    • Se califique el concurso como culpable, lo que puede dar lugar a ciertas condenas y obligaciones de pago (a administradores, directivos, etc.).

No obstante, si el deudor hubiera comunicado al juez el inicio de negociaciones para llegar a un acuerdo preconcursal, durante un plazo (tres meses, dos si es particular) no tendrá la obligación de solicitar el concurso, ni podrán hacerlo los acreedores.

9. 

¿Qué requisitos tienen los procedimientos concursales?

Para precisar qué requisitos tienen los procedimientos concursales, hay que diferenciar entre  la etapa preconcursal (extrajudicial) y la concursal (judicial).

Etapa preconcursal

Para que comiencen los efectos del período preconcursal el deudor debe comunicar formalmente al juez el inicio de negociaciones con los acreedores para conseguir un acuerdo de refinanciación colectivo, un Acuerdo Extrajudicial de Pagos o una propuesta anticipada de Convenio.

Además, no debe haberse sobrepasado el período que tiene el deudor, si está en insolvencia actual, para solicitar el concurso, que es de dos meses.

Asimismo, para negociar estos instrumentos se deben cumplir algunos requisitos:

  • Existencia de un plan de viabilidad para el negocio.
  • Que se pacten ciertas medidas en el acuerdo: quitas, esperas, etc.
  • Un cierto porcentaje de adhesiones de acreedores a la propuesta de pacto.
  • Que el deudor no supere ciertos límites de deudas, no haya sido condenado por delitos de tipo económico, no esté ya en concurso o lo haya estado en los años anteriores.

Hay ciertas diferencias en los requisitos según el tipo de instrumento preconcursal.

Etapa concursal

Además del presupuesto objetivo —el estado de insolvencia del deudor—, para que pueda solicitarse la apertura del concurso deben presentarse una serie de datos y documentos.

Entre otros:

  • Justificación de hechos significativos reveladores de la insolvencia.
  • Memorias económicas.
  • Listas de acreedores y de deudas.
  • Inventarios de bienes.
  • Contabilidad (si el deudor debe llevarla).

Hay ciertas diferencias en función de si presenta la solicitud el deudor u otros legitimados.

10. 

¿Qué modalidades de concurso de acreedores existen?

Se diferencian algunas modalidades de concurso de acreedores (etapa judicial) en función de quién solicita el concurso y de qué tipo de procedimiento se aplicará.

Según el solicitante

Por un lado, el CONCURSO se denomina:

  • VOLUNTARIO si lo solicita directamente el deudor.
  • NECESARIO si es declarado a iniciativa de otros legitimados: acreedores, algún socio con responsabilidad personal o el mediador concursal en algunos casos.

Apenas hay diferencias de tipo procedimental entre ambos supuestos, aunque pueden producir algunos efectos distintos.

Por ejemplo, en el concurso necesario el acreedor solicitante puede obtener ciertos privilegios en parte de sus créditos y es más probable que el administrador concursal no solo intervenga, sino que sustituya al deudor en la gestión del negocio.

Según el desarrollo del procedimiento

Hay que diferenciar entre vasrios tipos de CONCURSO:

  • ORDINARIO — Es el normal desarrollo del procedimiento, cuando no se aplican simplificaciones por las características del concurso o del deudor.
  • ABREVIADO — Conlleva ciertas simplificaciones en la tramitación y plazos algo más cortos. Se aplica en concursos sin especial complejidad, deudores con activos y pasivos que no superan cinco millones de euros o si hay cese en la actividad del deudor, entre otros supuestos.
  • ABREVIADO PARA PERSONAS FÍSICAS — Es la modalidad anterior aplicada a deudores autónomos o particulares. Contiene algunas simplificaciones añadidas.
  • EXPRESS — Es la denominación coloquial del procedimiento cuando el juez decide, al abrir el concurso, que concluya ya por apreciar de modo evidente que:
    • El patrimonio del deudor:
      • Será insuficiente para satisfacer los posibles gastos del procedimiento.
      • No podrá incrementarse deshaciendo operaciones recientes del deudor (ventas, donaciones…) o por el cobro de indemnizaciones
    • El concurso no sería calificado como culpable.

Por otra parte, se denomina CONCURSO CONSECUTIVO al concurso abreviado que sigue a la negociación de un acuerdo de refinanciación o de un Acuerdo Extrajudicial de Pagos, si finalmente no se logra el acuerdo, se incumple o se anula.

Tiene también algunas peculiaridades procedimentales.

11. 

¿Cómo se desarrolla la etapa preconcursal?

Consiste básicamente en una negociación entre deudor y acreedores para lograr un pacto.

Comunicación de inicio de negociaciones

La etapa preconcursal comienza con una comunicación de apertura de negociaciones de un instrumento preconcursal.

La debe realizar el deudor y puede producirse de dos maneras:

  • Como una comunicación directa al juez competente para el concurso — El deudor le anuncia que ha iniciado negociaciones con sus acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación colectivo u obtener adhesiones para una propuesta anticipada de Convenio.
  • Con una solicitud del deudor para que se nombre un mediador concursal con vistas a formalizar un Acuerdo Extrajudicial de Pagos— La petición debe dirigirla a un notario, al Registro Mercantil o a una cámara de comercio, que realizarán el nombramiento y comunicará al juez la apertura de las negociaciones.

Objetivo: formalizar un acuerdo

A partir de aquí, se desarrollarán los contactos entre deudor y acreedores a fin de obtener uno de estos tres tipos de pacto:

  • ACUERDO DE REFINANCIACIÓN — Se dirige a que el deudor pacte con acreedores una ampliación del crédito existente, la modificación de sus condiciones, la extinción de obligaciones de pago o la sustitución de unas obligaciones por otras, junto a otras posibles medidas. Si se logra, no habrá concurso. (Ha de ser un acuerdo colectivo).
  • PROPUESTA ANTICIPADA DE CONVENIO — Supone anticipar una proposición de pacto que también puede negociarse una vez iniciado el concurso. Ha de incluir quitas, esperas o ambas medidas, aunque pueden pactarse otras soluciones adicionales. Si se logra, se presentará al solicitarse el concurso y puede acelerar el procedimiento y evitar la liquidación.
  • ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS — Es un pacto que pueden intentar algunos deudores, solicitando el apoyo de un mediador concursal. El objetivo es acordar ciertas medidas que resuelvan el conflicto sin llegar al concurso: quitas, esperas, cesiones de bienes… Es adecuado para pymes, autónomos y particulares.
12. 

¿Cómo se desarrolla el concurso de acreedores en su etapa judicial?

Esquema ordinario del procedimiento

El desarrollo ordinario del concurso contempla las siguientes fases:

  • APERTURA — Incluye la presentación de la solicitud, su admisión a trámite, la resolución de recursos… Finaliza con el auto de declaración de concurso, si se cumplen los requisitos legales, que abre la fase común.
  • FASE COMÚN — Engloba actuaciones diversas: confección de la lista definitiva de acreedores, calificación de cada tipo de crédito (derechos de cobro), con más o menos preferencia, inventario de bienes del deudor… Además, se nombra un administrador concursal, y se tramita el Convenio si se anticipó su propuesta en la etapa preconcursal.
  • FASE DE CONVENIO — Incluye todos los trámites que se realizan alrededor de la propuesta y negociación de un pacto con los acreedores —Convenio—, si no se anticipó la negociación en la etapa preconcursal. Este acuerdo debe contener medidas como quitas, esperas o de ambos tipos, y podrá añadir otras. La propuesta final la debe aprobar el juez.
  • FASE DE LIQUIDACIÓN — Se abre si no hay Convenio o se incumple, o en determinados casos si lo decide la administración concursal o el juez. Implica la elaboración de un plan de liquidación y la realización de operaciones de venta, cesión o transmisión de bienes para pagar las deudas.
  • FASE DE CALIFICACIÓN — Se abre en algunos casos, y el fin es determinar en una sentencia si el concurso ha incurrido en alguna causa de culpabilidad o se considera fortuito.
  • CONCLUSIÓN — Se produce tras la liquidación, o una vez se han satisfecho por alguna vía todas las deudas.

Esquemas simplificados

En algunos casos este procedimiento puede resultar más simple. Por ejemplo:

  • Si se aprueba el Convenio negociado anticipadamente en la etapa preconcursal.
  • Cuando no hay motivos para abrir la fase de calificación.
  • De constatarse que no hay bienes ni siquiera para pagar los gastos del procedimiento o los créditos contra la masa.
  • En caso de deudores particulares, ya que al abrirse el concurso se da ya la orden de liquidación, sin convenio.

Ello puede suponer que no se abra alguna fase del procedimiento (la de convenio, la de calificación, la de liquidación), que se acorte la fase común e incluso que se cierre ya el concurso justo al declararse abierto.

13. 

¿Cuánto cuesta un concurso de acreedores?

No se puede concretar de manera precisa un importe.

Depende del procedimiento

Para un deudor, en el coste global pueden influir factores muy diversos. Uno de ellos es que se trate de un concurso express, más económico, o de uno abreviado u ordinario.

En cuanto a los abreviados, habituales para pymes, el coste dependerá de que se desarrollen más o menos trámites, del valor de las deudas y bienes, de que se negocien instrumentos preconcursales, etc.

Ejemplos

Un concurso express estándar puede oscilar entre 2000 y 4000 euros.

Y este es un ejemplo de horquillas de coste en función del pasivo (deudas), para concursos de complejidad baja o media, sin contar asesoramiento preconcursal:

 

PASIVO — en euros

COSTE PREVISTO — en euros

50.000 a  100.000

3000 a 4500

100.000 a 250.000

4500 a 7000

250.000 – 500.000

7000 a 10.000

Más de 500.000

0,20 %

 

Pero son solo ejemplos.

Los despachos jurídicos disponen de tarifas estimadas en función de ciertos datos del caso. Un abogado de confianza te informará con total transparencia de los costes iniciales estimados y sobre los que en algunas situaciones complejas pueden añadirse sobre la marcha.

14. 

¿Cuánto tiempo puede durar un concurso de acreedores?

La duración de un concurso de acreedores no se puede precisar con antelación.

De modo aproximado, cabe decir que:

  • El concurso express, la modalidad más simplificada, puede ventilarse en dos o tres meses.
  • Un concurso abreviado puede oscilar entre un año (si es sencillo) o de dos a tres años si tiene una complejidad mayor.
  • Algunos concursos complejos puede alargarse incluso hasta cinco años.

En los abreviados y ordinarios pueden influir, además del número y la complejidad de los trámites, factores como el que haya o no etapa preconcursal, se negocie en el concurso un Convenio ordinario o se pase directamente a la liquidación, se deshagan operaciones recientes para incrementar el patrimonio, etc.

15. 

¿Qué acreedores cobrarán primero en un concurso?

Hay un orden de cobro establecido por la Ley Concursal.

La normativa concursal establece que los pagos se realizarán con cargo a los fondos y bienes del patrimonio del deudor, siguiendo cierto orden de preferencia. No se cuentan entre los bienes los que son inembargables ni los que carecen de valor.

Visto muy sintéticamente, el orden sigue este criterio:

  • Las primeras deudas que se deben abonar corresponden a los gastos del procedimiento y a algunos conceptos como la última mensualidad de salarios impagados a trabajadores o las deudas que se han generado durante el concurso por la actividad económica del deudor.
  • Después se abonan las deudas por créditos y préstamos con garantía real, con cargo a los bienes hipotecados o pignorados.
  • Luego tienen cierto privilegio las deudas por impago de otros salarios, ciertas indemnizaciones, algunas retenciones fiscales o sociales, importes por derechos de autor… Asimismo, se incluye en este grupo el 50 % de:
    • El resto de deudas con Hacienda o la Seguridad Social (que no sean multas o recargos)
    • Las deudas con los acreedores que solicitaron el concurso, entre otros importes.
  • A continuación se pagan las deudas por derechos de cobro ordinarios: impagos de cuotas de capital de préstamos, impagos a proveedores…
  • Por último, se abonan las deudas por impagos de intereses, multas, deudas con ciertos familiares o socios o deudas que los acreedores comunicaron tarde al procedimiento, entre otros conceptos.
16. 

¿Qué implica un concurso de acreedores calificado como culpable?

Se puede producir la calificación de concurso culpable si se constata que la insolvencia del deudor se generó o agravó mediando mala fe o negligencia grave de este o de sus representantes legales, administradores, liquidadores o directores generales (actuales o de los dos años anteriores).

Condicionantes

La calificación del concurso como culpable se producirá si se constatan ciertos comportamientos en el deudor.

Entre otros:

  • Incumplimiento del deber de solicitar el concurso por insolvencia actual.
  • Alzamientos de bienes, salida reciente de bienes del patrimonio, simulaciones patrimoniales, etc.
  • Acciones para impedir embargos, falsedades documentales, irregularidades contables, etc.
  • Incumplimientos voluntarios del Convenio que obliguen a abrir la liquidación.
  • Falta de colaboración en el procedimiento.
  • No presentación de las cuentas anuales cuando existe esa obligación.

Consecuencias

Que el concurso sea calificado como culpable puede producir efectos negativos sobre los implicados.

Entre otros:

  • Inhabilitaciones para administrar bienes ajenos.
  • Pérdida de derechos que puedan tener como acreedores.
  • Condenas a devolver dinero o bienes que hubieran obtenido del patrimonio del deudor.
  • Deber de pagar indemnizaciones por daños y perjuicios.
  • Obligación de cubrir lo aún pendiente de pago tras la liquidación.

Preguntas Frecuentes