Reunificación de deudas

Todo sobre la reunificación de deudas, actualizado en octubre de 2020.

 

Es la norma que regula los procedimientos del concurso de acreedores y algunos acuerdos preconcursales que pueden darse antes de este para evitarlo.

La norma concursal vigente es la siguiente: 

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal

Dentro de esta norma se contempla la regulación del Mecanismo de Segunda Oportunidad introducida en 2015 por la conocida como ‘Ley de la Segunda Oportunidad’.

El deudor puede solicitar que se homologue judicialmente un acuerdo de refinanciación con acreedores si es en la modalidad colectiva y cumple ciertos requisitos.

Este paso da más fuerza ejecutiva al acuerdo a efectos de vinculación, finalización de ejecuciones, levantamiento de embargos, extensión de otros efectos…

Es uno de los tipos de acuerdo preconcursal que puede intentar el deudor insolvente, persona natural o jurídica, con sus acreedores.

La Ley contempla varios requisitos: Siempre se exige que exista un plan de viabilidad del negocio del deudor y la formalización en instrumento público. Además se precisan otros que varían dependiendo de qué modalidad de acuerdo se busque (colectivo o singular).

En ocasiones también se incluye una auditoría del plan efectuada por un experto independiente.

Son cantidades que legalmente pueden establecerse como obligatorias para asegurar a algunos familiares su sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación.

La obligación, en general, es recíproca para:

  • Cónyuges.
  • Ascendientes y descendientes.
  • Hermanos (limitados a auxilios necesarios para la vida y educación, por necesidad no causada por el beneficiario).

Los relativos a cónyuges y de estos hacia los descendientes suelen fijarse, entre otras situaciones, en los convenios y sentencias de separación o divorcio.

En sentido estricto, como se considera aquí, es el conjunto de los fondos (dinero), bienes y derechos de los que es propietario o titular una persona física o jurídica (u otra entidad) y que tienen un contenido económico valorable en dinero.

En sentido amplio, el patrimonio también incluye las obligaciones contraídas. Con esta consideración, se compone de un activo (fondos, bienes y derechos) y de un pasivo (deudas).

El patrimonio puede ser individual (de una persona) o compartido (colectivo), como sucede en el caso de los bienes gananciales matrimoniales o de las comunidades de bienes, o cuando hay copropiedad.

Son quienes padecen dificultades extraordinarias para atender sus deudas de préstamos o créditos hipotecarios y, según los parámetros establecidos legalmente (ingresos, dimensión de la unidad familiar, edad, variación de la situación económica…), tienen la consideración de personas situadas en el umbral de exclusión.

La normativa contempla para estos deudores ciertas medidas de reestructuración de la deuda, reducción de gastos, flexibilización de los procedimientos de ejecución hipotecaria…, algunas asociadas a un Código de Buenas Prácticas al que pueden adherirse las entidades bancarias.

Vía especial para la obtención del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).

Se puede acceder al BEPI por esta vía si no se pudieron pagar las deudas indicadas como presupuesto para la vía automática, pero se cumplen ciertos requisitos.

Por esta opción el deudor deberá comprometerse a pagar las deudas pendientes no exonerables mediante un plan de pagos de hasta cinco años. Pueden ser deudas pendientes por créditos contra la masa, créditos concursales privilegiados, impagos de alimentos y créditos de administradores públicos. En algunos casos pueden incluirse también algunos créditos ordinarios.

Es la vivienda de una persona que mantiene en ella su residencia habitual (principal). Hay normativas diferentes que establecen algunos requisitos para que una vivienda pueda considerarse habitual.

Por ejemplo, la normativa fiscal exige que sea la residencia durante al menos tres años (salvo traslado reciente por razones de matrimonio, separación, trabajo…) o se habite de manera efectiva y permanente sin que transcurra un plazo superior a doce meses desde la fecha de adquisición o terminación de las obras.

Hay que tener en cuenta, además, que para considerar que hay residencia habitual en el país es preciso que se resida en su territorio al menos 183 días en el año.

Término que se utiliza a menudo para aludir a una segunda residencia vacacional, pero que, en general, a diversos efectos (fiscales, para liquidación…), puede utilizarse para hacer referencia a toda propiedad que tenga un particular de inmuebles residenciales que no constituyan su vivienda habitual.

Puede tratarse de viviendas vacacionales, heredadas, compartidas (adjudicadas a cónyuges separados o excónyuges tras divorcios), de inversión…

Es el régimen económico matrimonial establecido por defecto en el Código Civil para los territorios que aplican la regulación civil común. Se denomina sociedad de gananciales. (Se aplica en estos territorios si no se pacta otro).

Básicamente, implica la existencia de un patrimonio común a los cónyuges que se forma con los ingresos obtenidos por estos durante la vigencia del régimen, sin contar los bienes legalmente considerados privativos (bienes anteriores al matrimonio, donaciones, herencias, ropa personal ordinaria…).

Son bienes gananciales (comunes), entre otros, las rentas del trabajo, los intereses y rendimientos de otros fondos o bienes (sean o no comunes), las empresas fundadas o los bienes adquiridos con fondos o bienes gananciales…

El leasing o arrendamiento financiero es una operación por la que una entidad adquiere un bien (inmueble, vehículo, maquinaria…) y lo cede en alquiler a una empresa, añadiendo una opción de compra al final del plazo.

Se desarrolla de manera similar a una operación de préstamo (pagos periódicos que incluyen intereses y amortización), pero con una cuota final, como valor residual. Esta última cuota suele coincidir con el importe del resto de las periódicas, por lo que se presupone que el arrendatario terminará adquiriendo la propiedad del bien.

Tiene algunas ventajas fiscales y contables si se cumplen ciertos requisitos. Por ejemplo, aunque es un alquiler, tiene un tratamiento similar al de una compraventa (por lo que no se computa como endeudamiento) y sus cuotas son fiscalmente deducibles.

Son cantidades que legalmente pueden establecerse como obligatorias para asegurar a algunos familiares su sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación.

La obligación, en general, es recíproca para:

  • Cónyuges.
  • Ascendientes y descendientes.
  • Hermanos (limitados a auxilios necesarios para la vida y educación, por necesidad no causada por el beneficiario).

Los relativos a cónyuges y de estos hacia los descendientes suelen fijarse, entre otras situaciones, en los convenios y sentencias de separación o divorcio.

Son administraciones, organismos y entes de titularidad pública que ostentan derechos de cobro frente a personas, empresas u otras entidades por razón de la formalización de transacciones, la prestación de servicios o la existencia de obligaciones establecidas en las leyes (contribución fiscal, cotización social…).

Son ejemplos la Hacienda estatal, las haciendas autonómicas y locales, la Seguridad Social, otros organismos públicos estatales, autonómicos y municipales…

Acrónimo de Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho.

Es la tercera fase del Mecanismo de Segunda Oportunidad. En este momento del procedimiento es precisamente cuando el deudor puede aspirar a que se le cancelen algunas de sus deudas pendientes si cumple ciertos requisitos.

Son los derechos de cobro con mayor preferencia, sin contar los créditos contra la masa.

Los hay de dos tipos:

  • Con privilegio especial. Se saldan aparte, con los bienes afectos. Son las deudas garantizadas con hipotecas, prendas y otros tipos de afecciones de bienes…
  • Con privilegio general. Se incluyen algunos como los impagos de retenciones fiscales o de cotizaciones a la Seguridad Social, otros impagos por salarios o indemnizaciones laborales (hasta cierto límite), ciertas reclamaciones por responsabilidad civil, el 50 % de otros créditos con acreedores públicos no subordinados (Hacienda, Seguridad Social…), etcétera.

Son los derechos de cobro que se deberán satisfacer antes que los demás en el concurso.

Las deudas que correspondan a estos créditos se deben saldar las primeras con cargo al patrimonio del deudor, sin contar los bienes afectos a derechos de cobro garantizados.

Entre otras, son de este tipo las deudas por impago de salarios recientes de trabajadores (hasta cierto límite), gastos del propio concurso, pagos por alimentos (hasta cierto límite), ciertas obligaciones nacidas una vez iniciado el concurso…

Es el registro que permite la consulta de:

  • Diferentes resoluciones adoptadas por los juzgados de lo mercantil dentro de los procedimientos concursales (edictos, decisiones, nombramientos, ceses,  informes, escritos, concesiones…).
  • Datos de interés concursal inscritos en diferentes registros.
  • Información relativa a los expedientes de negociación y tramitación de acuerdos extrajudiciales de pago (incluyendo los documentos de los pactos si se celebran).

Los datos los aportan los jueces, notarios, procuradores, registradores mercantiles y otros registros públicos.

Es como se conoce coloquialmente a la norma que introdujo en 2015 de una manera completa el denominado Mecanismo de Segunda Oportunidad en la regulación de la Ley Concursal, que está dirigido a particulares y autónomos. 

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

Actualmente este mecanismo está contemplado íntegramente en el Texto Refundido de la Ley Concursal:

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

(De modo coloquial algunos siguen llamando Ley de la Segunda Oportunidad a esta regulación del mecanismo contenida en la Ley Concursal).

La versión vigente de la legislación concursal está contemplada en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

Esta norma sustituyó a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, vigente durante varios años y que había sido objeto de múltiples modificaciones.

Los textos refundidos son actuaciones legislativas que desarrolla el ejecutivo por orden del legislativo para adecuar, ordenar y racionalizar una norma cuando ha sufrido diversas modificaciones y tiene una parte de la regulación dispersa por otras normas complementarias.

Segmento procedimental dentro del concurso consecutivo en el que se producirá la enajenación del patrimonio del deudor para saldar las deudas pendientes. Se respetará el orden de pago que corresponda según la clasificación de los créditos (preferencias de los derechos de cobro), y se seguirá el plan de liquidación definido por el administrador concursal.

Puede abrirse esta etapa del concurso en varios supuestos: entre otros si:

  • No se aprueba un convenio.
  • Si este se incumple o el deudor constata que no lo podrá cumplir.
  • Si cesa la actividad profesional o empresarial del deudor.
  • Si el deudor es un particular y no logró el Acuerdo Extrajudicial de Pagos…

En el marco del Mecanismo de Segunda Oportunidad, es la primera fase.

En ella se busca, con la ayuda de un mediador concursal, un pacto entre deudor y acreedores para solucionar los impagos pendientes.

Este pacto puede incluir fundamentalmente quitas (reducciones de deuda), esperas (aplazamientos, hasta cierto límite) y cesiones de bienes, además de un plan de pagos. Si no se logra el acuerdo o no se cumplen ciertos requisitos, se abre la fase de concurso.

En el marco del Mecanismo de Segunda Oportunidad, es la segunda fase.

Se abre si el Acuerdo Extrajudicial de Pagos no se celebra (no se presenta o no se llega a un pacto) o si el deudor lo incumple. En este procedimiento se intentará pagar las deudas con el patrimonio del deudor (si lo tiene), en la liquidación, o se constatará su insuficiencia.

En ocasiones también puede incluir una propuesta de convenio al inicio del procedimiento (con deudores que no sean particulares).

Modo genérico y coloquial de aludir a quienes desempeñan su actividad económica por cuenta propia, adscritos al régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social (RETA) o, en algunos casos, a una mutua profesional alternativa (abogados, gestores…).

Puede tratarse de profesionales, artistas, deportistas, comerciantes u otro tipo de empresarios o emprendedores, siempre sin forma societaria en su negocio.

Empresas, entidades o entes que ostentan una titularidad de derechos y obligaciones diferente de la de los individuos que las integran.

Pueden ser:

  • Asociaciones de interés particular (civiles, mercantiles o industriales) a las que la ley concede personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.
  • Asociaciones, corporaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley.

Son personas jurídicas, por ejemplo, algunas sociedades civiles, las sociedades mercantiles, las sociedades cooperativas, las fundaciones de interés público, las entidades bancarias y aseguradoras, las mutuas profesionales, algunas ONG, las cámaras de comercio, los colegios profesionales, ciertas cofradías profesionales, las administraciones públicas, algunos organismos y entes de la administración…

En algunas sociedades mercantiles (las anónimas, las de responsabilidad limitada…) los socios solo tienen la obligación de realizar la aportación al capital social que corresponde a su participación.

No son responsables de las deudas sociales, que corresponden a la sociedad como entidad diferenciada.

Hay también sociedades, como las comanditarias, que tienen unos socios con responsabilidad limitada y otros con responsabilidad ilimitada.

Situación en la que una persona o empresa soporta un nivel de endeudamiento que incluye compromisos de pago o devolución de dinero a sus acreedores que son excesivos para cubrirlos con normalidad con su patrimonio actual o futuro.

Es la situación en la que una persona física o jurídica no puede hacer frente a las deudas con su patrimonio (ni siquiera a las que tienen vencimientos a medio y largo plazo).

Por extensión, puede calificarse también de insolvente al que sí posee un cierto patrimonio con un valor relevante pero que es de difícil conversión en dinero (por falta de demanda en el mercado o por otras limitaciones) o solo puede desinvertirse con grandes pérdidas (muy a la baja), de modo que difícilmente llegaría con él a cubrir con normalidad sus compromisos de pago.

Todos los individuos son personas naturales desde su nacimiento. También se las llama personas físicas.

A efectos de la Ley Concursal y del Mecanismo de Segunda Oportunidad, se diferencia entre persona natural empresario (son los autónomos y equivalentes) y persona natural no empresario (son los particulares).

Referida a una persona física o jurídica, es una situación en la que esta puede hacer frente con su patrimonio a las deudas contraídas que tienen un vencimiento inminente o a corto plazo (especialmente si ello es posible sin necesidad de recurrir a desinversiones complejas).

Referida a un activo (producto financiero), la liquidez implica que esa inversión pueda deshacerse (cancelación, rescate, reembolso, venta…) de modo que se recupere el dinero invertido (con el rendimiento ya obtenido, si lo hay) con rapidez y sin una merma significativa de su valor dinerario.

Los valores de renta fija o valores de deuda los emiten estados, administraciones, entidades bancarias, empresas… e implican un préstamo de los inversores, canalizado a través de instrumentos mobiliarios denominados obligaciones, bonos, letras, pagarés…  

Al comprar estos valores, el inversor presta dinero al emisor y obtiene a cambio un interés (en un pago único o de modo periódico) y la devolución del capital al vencimiento. También puede vender los valores en el mercado secundario antes de dicho vencimiento.

Algunos de los valores de renta fija más conocidos y con mayor seguridad son los deuda pública emitidos por el Estado: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

Licenciado en Derecho, inscrito como ejerciente en un Colegio de Abogados, que lleva la defensa en juzgados y tribunales de sus clientes y/o les asiste prestándoles asesoramiento jurídico.

Actualmente los abogados, para ejercer, deben además cumplir ciertos requisitos: formación de práctica jurídica, superación de pruebas de acceso o acreditación de méritos o experiencia…

Servicio de prestación jurídica mediante el cual los colegios de abogados ponen a una serie de letrados de diferentes especialidades a disposición de los ciudadanos que deseen solicitar asistencia jurídica y no cuenten con un abogado o no sepan a quién recurrir.

En algunos colegios de abogados estos turnos se presentan fundamentalmente como destinados a la prestación de asistencia jurídica gratuita, pero el turno puede ser simplemente una lista de abogados, de modo que se le asigne uno al que lo solicite, tenga derecho a la asistencia gratuita o no.

Si quien lo solicita no demuestra que entra en los requisitos para optar a este beneficio, deberá costear la minuta del abogado (y otros gastos que quedarían exentos) si finalmente se le proporciona la prestación jurídica.

Opción legalmente prevista que permite a las personas físicas acceder gratuitamente a la prestación de servicios de un abogado si se considera que su patrimonio es insuficiente para costearlos. Para ello el beneficiario no debe superar un umbral de patrimonio legalmente previsto, que varía en función de los miembros de la unidad familiar. También suele valorarse que no haya signos externos que desmientan la insuficiencia económica.

Es preciso que se litigue en defensa de intereses propios, o de representados si ello deriva de una representación legal (por ejemplo, de un hijo menor o de un tutelado).

Puede incluir servicios de asesoramiento previo a juicios, asistencia al detenido, defensa en juzgados y tribunales, gastos y tasas judiciales, asistencia pericial…

Vía para la obtención del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) contemplada por la Ley Concursal como régimen general.

Permite obtener de modo inmediato, al finalizar el concurso consecutivo, la exoneración de las deudas si el deudor puede saldar ya las que tenga pendientes que correspondan a las partidas de créditos contra la masa y créditos privilegiados.

No obstante, si cumpliendo los requisitos para optar a un Acuerdo Extrajudicial de Pagos el deudor ni siquiera lo intentó, también tendrá que saldar un 25 % de las deudas por créditos ordinarios que tenga pendientes.

No son exonerables, según la Ley, las deudas con acreedores públicos o por impagos de alimentos.

Modo coloquial de referirnos a las deudas que corresponden a créditos (derechos de cobro) que tienen prioridad en el procedimiento de concurso.

Ello puede deberse a que forman parte de la partida de créditos contra la masa (que se pagan inicialmente) o por encuadrarse en las categorías de créditos con privilegio especial o general, que se pagan a continuación con el patrimonio del deudor, si existe.

Las partidas con menor preferencia son los créditos ordinarios y, en último lugar, los subordinados.

Figura contemplada en la normativa concursal cuyo cometido es actuar como conductor de las negociaciones dirigidas a que el deudor celebre un acuerdo con los acreedores (Acuerdo Extrajudicial de Pagos).

Puede ser un notario (si el deudor es particular), otro mediador concursal inscrito en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia (para cualquier deudor) o una cámara de comercio (si el deudor es autónomo).

Su función es ayudar a las partes a lograr el acuerdo y realizar los trámites previstos legalmente en esa fase extrajudicial del mecanismo. El fin es dar solución a los impagos del deudor evitando la apertura del concurso.

Figura regulada por la normativa concursal cuyo cometido se inicia una vez se abre la fase de concurso.

Actúa en este procedimiento tomando decisiones diversas sobre demandas, embargos, ejecuciones, contratos…, interviene en mayor o menor medida las decisiones de disposición y administración del deudor con actividad profesional o empresarial y participa en toda una serie de trámites del procedimiento (listas de acreedores, valoraciones de deuda y patrimonio, examen de propuestas, informes, trámites tributarios, registrales y laborales, trámites en la liquidación de bienes.

En ocasiones se nombra administrador concursal a quien actuó como mediador concursal en la fase extrajudicial.

Dentro del procedimiento concursal, tras la liquidación, son los impagos que el deudor no ha podido satisfacer aún con su patrimonio. En algunos casos podrá, mediante el BEPI, cancelar todos o algunos de esos pasivos si cumple ciertos requisitos.

Estrictamente, una cesión de bienes es la operación por la cual el deudor transfiere al acreedor la posesión de algunos bienes y de su administración pero solo para que los liquide y aplique el importe obtenido para saldar la deuda que tenía pendiente de pago. No se transfiere la propiedad.

En sentido amplio, como hace la Ley Concursal, puede diferenciarse entre cesión de bienes para pago y cesión de bienes en pago. La primera es la operación aquí citada, mientras que la segunda es la que se denomina habitualmente dación en pago, en la que el deudor sí transfiere la propiedad de los bienes al acreedor como modo de saldar la deuda mediante una prestación sustitutiva de la inicialmente fijada.

Una quita es un acuerdo que se formaliza entre deudor y acreedor para que el importe de una deuda pendiente se reduzca y ello facilite al primero asumir el pago de la cantidad restante.

En los procedimientos preconcursales (y en el marco del Mecanismo de Segunda Oportunidad) se pueden pactar quitas en la fase de Acuerdo Extrajudicial de Pagos, como modo de evitar el concurso. En algunos casos también pueden acordarse en la fase de concurso (en un convenio al inicio de este).

Una espera es el acuerdo que se produce entre deudor y acreedor para que el importe pendiente de pago se satisfaga tras un aplazamiento. Este puede referirse al pago de intereses, del principal o de todo lo debido.

En los procedimientos preconcursales (y en el marco del Mecanismo de Segunda Oportunidad) se puede pactar una (de hasta 10 años) en la fase de Acuerdo Extrajudicial de Pagos, como modo de facilitar que se satisfaga la deuda y con ello evitar el concurso. Pero también pueden acordarse en otras fases (convenio al inicio del concurso, planes de pagos para lograr la exoneración…).

Calendarios de pagos que pacta el deudor con los acreedores en la vía diferida de acceso al BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) para saldar las deudas no exonerables que estén pendientes. Puede tener hasta cinco años.

También pueden pactarse planes de pago en los acuerdos extrajudiciales y en las propuestas de convenio al inicio del concurso (en este último caso solo si se trata de autónomos).

La calificación de concurso culpable es uno de los motivos que impiden lograr la cancelación de deudas mediante el BEPI.

Un concurso de acreedores se puede calificar como culpable por ciertos motivos achacables al deudor.

Estos son algunos:

  • Generar o agravar su insolvencia por negligencia grave o mala fe (intencionalidad).
  • Alzarse con todos o algunos de sus bienes en perjuicio de sus acreedores
  • Retrasar o dificultar embargos o ejecuciones.
  • Ocultar bienes de su patrimonio de modo fraudulento o simular situaciones patrimoniales ficticias.
  • Cometer imprecisiones o falsedades en documentos para el procedimiento o contables.
  • Incumplir deberes de colaboración con el concurso, sin justificarlo.

Sentencia que ya puede desplegar todos sus efectos porque:

  • No se ha interpuesto ningún recurso contra ella y ya no cabe la interposición de ninguno más (por transcurso del plazo legal).
  • Se interpuso el último recurso posible, y el tribunal confirmó la sentencia o la modificó.
  • La Ley no prevé que pueda recurrirse (salvo por motivos excepcionales).

Pequeños préstamos que ofrecen algunas entidades (no solo las bancarias) a sus clientes y que suelen aprobarse con trámites rápidos y sencillos.

Suponen la entrega de importes dinerarios moderados (de varios cientos o miles de euros) y cuentan solo con la garantía personal del prestatario. Los plazos de devolución suelen ser cortos.

Conllevan intereses bastante más elevados que los préstamos personales ordinarios, pero suelen ser menos exigentes en el análisis de riesgo del cliente para la concesión (pueden obtenerse incluso sin aportar nóminas ni fianzas, en unas horas o pocos días).

La prenda o pignoración es, como la hipoteca, una operación por la cual se garantiza el cumplimiento de una obligación mediante la afectación de un bien mueble propio o ajeno. Se formaliza mediante un contrato y da lugar a un derecho real de garantía. 

En caso de incumplimiento del deudor, el acreedor podrá ejecutar la garantía.

Estos son algunos bienes que se suelen pignorar:

  • Modalidad con desplazamiento de la posesión: dinero en cuentas, participaciones en fondos de inversión, acciones o valores de renta fija, joyas…
  • Modalidad sin desplazamiento de la posesión: maquinaria agrícola, frutos de cosechas, materias primas, animales, colecciones artísticas… (Debe formalizarse en escritura pública e inscribirse en un registro).

Son los fondos (dinero), bienes y derechos que la ley considera no embargables en procesos de ejecución.

Entre otros, son los siguientes:

  • Salarios, hasta ciertos límites.
  • Muebles, menaje y ropa del deudor y su familia que no sean bienes superfluos.
  • Alimentos y combustible imprescindibles para la subsistencia.
  • Libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión (en algunos casos).
  • Bienes sin contenido patrimonial.

Derechos que tienen los acreedores a exigir que el deudor cumpla los compromisos adquiridos (pago, prestación de servicio, comportamiento…).

Dentro de los procedimientos preconcursales y concursales, los derechos de cobro son dinerarios (o al menos valorables en dinero).

No hay que confundir este concepto genérico de ‘crédito’ con la operación de financiación que lleva el mismo nombre y es similar al préstamo.

Modo coloquial de referirse a las deudas que corresponden a créditos (derechos de cobro) que tienen prioridad en el procedimiento de concurso.

Ello puede deberse a que forman parte de la partida de créditos contra la masa (que se pagan inicialmente) o por encuadrarse en las categorías de créditos con privilegio especial o general, que se pagan a continuación con el patrimonio del deudor, si existe.

Las partidas con menor preferencia son los créditos ordinarios y, en último lugar, los subordinados.

Segmento procedimental dentro del Concurso Consecutivo en el que se producirá la enajenación del patrimonio del deudor para saldar las deudas pendientes. Se respetará el orden de pago que corresponda según la clasificación de los créditos (preferencias de los derechos de cobro), y se seguirá el plan de liquidación definido por el administrador concursal.

Puede abrirse esta etapa del concurso en varios supuestos, entre otros:

  • si no se aprueba un convenio,
  • si este se incumple,
  • o el deudor constata que no lo podrá cumplir,
  • si cesa la actividad profesional o empresarial del deudor,
  • si el deudor es un particular y no logró el Acuerdo Extrajudicial de Pagos…

Es la tercera fase del Mecanismo de Segunda Oportunidad.

En esta etapa, el deudor podrá obtener la cancelación de sus deudas pendientes o de algunas de estas si cumple ciertos requisitos. Dispone de una vía automática si salda una serie de deudas preferentes, y, si no puede hacerlo, de una vía diferida, con el acuerdo de un plan de pagos de hasta cinco años.

Las deudas que podrían cancelarse son las pendientes si entran dentro de las que la normativa considera exonerables.

En el marco de la normativa concursal, es una proposición del deudor o de los acreedores que puede darse al inicio del concurso con el fin de evitar la liquidación.

Puede incluir la propuesta de medidas como las quitas (reducciones de importe adeudado) y las esperas (aplazamientos, de hasta 10 años), y además otras como la limitación de administración del deudor, la venta de bienes afectos, cesiones de bienes en pago…

En lo que respecta al Mecanismo de Segunda Oportunidad, las propuestas de convenio las pueden presentar los autónomos (no los particulares).

En el marco de los procedimientos del Mecanismo de Segunda Oportunidad, y en concreto, en su tercera fase (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho), es la posibilidad de que algún acreedor solicite que se deje sin efecto la exoneración de deudas por darse alguno de los presupuestos determinados por la Ley.

Hay fondos (dinero), bienes y derechos que la Ley considera no embargables en procesos de ejecución. Son, entre otros, los siguientes:

  • Salarios, hasta ciertos límites.
  • Muebles, menaje y ropa del deudor y su familia que no sean bienes superfluos.
  • Alimentos y combustible imprescindibles para la subsistencia.
  • Libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión (en algunos casos).
  • Bienes sin contenido patrimonial.

Procedimiento en el que se pone en venta públicamente un bien embargable del deudor (o varios) con el fin de satisfacer la deuda pendiente con el precio resultante.

Puede ser judicial (sobre bienes embargados en un proceso judicial, sobre bienes del patrimonio del deudor en la fase de liquidación de un concurso de acreedores…) y también, con algunas diferencias de regulación, en procedimientos administrativos (tras embargos efectuados por administraciones públicas en caso de impagos de contribuyentes, cotizantes…).

Operación por la cual el deudor transfiere al acreedor la propiedad de algunos bienes para que con ello quede saldada la deuda que tenía pendiente de pago.

Hay, por tanto, una extinción de la deuda mediante una prestación diferente a la acordada inicialmente.

La Ley Concursal contempla, en los acuerdos entre deudores y acreedores, preconcursales o concursales, o en el concurso a propuesta del juez, la posibilidad de una cesión en bienes en pago (la dación en pago) o para pago (cesión para liquidación sin transferir la propiedad).

En operaciones que implican obligaciones de pago (como los préstamos, créditos…), son períodos durante los cuales queda estipulado o pactado que el deudor no realice pagos, sean de amortización del principal, sean de pago de intereses, sean del total de las cuotas o importes. También pueden ser suspensiones temporales de devengo de intereses (que no se generen de momento).

Es un concepto similar al de las esperas, aunque estas son pactos de aplazamiento de pagos entre deudor y acreedor a los que se llega cuando hay renegociaciones de préstamos y créditos o en ciertas etapas concursales o preconcursales.

Son los derechos de cobro que a efectos del concurso no se encuadran en ninguna de las otras categorías de créditos (contra la masa, privilegiados o subordinados).

Son los créditos que tienen una menor preferencia de cobro en el concurso.

Entre ellos se incluyen:

  • los recargos e intereses (que no sean de operaciones garantizadas)
  • las multas y sanciones
  • los créditos de algunas personas especialmente relacionadas con el deudor…

Término con el que normalmente se hace referencia a la Administración tributaria estatal y, por extensión, a la Agencia Tributaria, pero que en sentido amplio también incluye a diferentes administraciones tributarias territoriales, como las autonómicas y las locales. 

Es uno de los acreedores públicos que participan con mayor frecuencia en los procedimientos concursales de empresas, particulares y autónomos por razón de impagos de retenciones, ingresos a cuenta, cuotas fiscales, sanciones, recargos…

Son cantidades que se añaden a una deuda cuando se ha incumplido una obligación en alguna condición del pago. Por ejemplo, en el ámbito tributario, por presentarse una declaración fiscal fuera de plazo, por iniciarse un período ejecutivo en la recaudación…

Estos importes, a diferencia de las sanciones o multas, son inherentes a la deuda (se suman a esta directamente por indicación legal al darse el supuesto motivador).

Son cantidades que se determinan como obligación de pago cuando se comete una infracción establecida legalmente (de declaración, pago, información, registro…). Por ejemplo, en el ámbito tributario, si se incumple el deber de realizar una retención fiscal e ingresarla.

Estos importes, a diferencia de los recargos (que son inherentes a la deuda), se tramitan y abonan separadamente, tras un expediente que debe sustanciarse y aprobarse. 

Son las cantidades devengadas como precio por disponer de un dinero ajeno.

  • El tipo de interés ordinario es un porcentaje sobre un capital que se establece como precio por la obtención de un crédito o préstamo (disposición del importe durante un período de tiempo).
  • El tipo de interés de demora es el tipo extra (añadido al ordinario) aplicable cuando se produce un incumplimiento de pago o un retraso, durante el tiempo en que este dure, hasta que se satisface la deuda pendiente.

Es el régimen económico matrimonial establecido por defecto en las legislaciones civiles de algunos territorios: Catalunya, Islas Baleares, Comunidad Valenciana…  Se aplica en estos territorios si no se pacta otro. En los territorios de régimen común se aplica si se pacta en capitulaciones o cuando se disuelve el de gananciales.

Básicamente, implica la separación de los patrimonios de los cónyuges, a cada uno de los cuales pertenecerán tanto los bienes que tuviesen antes de al matrimonio como los que adquieran después.

Los cónyuges deben contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio en proporción a sus respectivos recursos económicos, salvo que pacten una contribución diferente.

Situación en la que se produce un cese de la convivencia de una pareja casada y la disolución del vínculo conyugal.

Tiene además otros efectos, como el fin del régimen matrimonial, la estipulación de ciertas medidas respecto a los hijos o la vivienda, la fijación de pensiones compensatorias o pagos por alimentos, el fin del derecho a herencias, legítimas o percepciones abintestato…

Se resuelve por sentencia judicial.

El divorcio da derecho a contraer nuevas nupcias.

Situación en la que se produce un cese de la convivencia de una pareja casada, sin que de momento se disuelva el vínculo conyugal.

Puede tener algunos efectos similares a los del divorcio, como el fin del régimen matrimonial o de algunas de sus consecuencias, la estipulación de ciertas medidas respecto a los hijos y la vivienda, la fijación de pensiones compensatorias o pagos por alimentos…

Se puede formalizar en sede judicial o, en algunos casos (si no hay hijos menores o dependientes), de mutuo acuerdo también ante notario.

La separación no da derecho a contraer nuevas nupcias.

Son pagos con fines compensatorios que se estipulan en caso de separación o divorcio cuando se produce un desequilibrio en la posición de uno de los cónyuges que implica un empeoramiento en su situación económica respecto de la que tenía durante el matrimonio.

Los deberá satisfacer el miembro de la pareja que esté en mejor posición, y pueden consistir en una pensión temporal, en una indefinida o en un pago único. También pueden sustituirse por un usufructo (por ejemplo, de una vivienda, de dinero en cuentas…).

La pensión se fija teniendo en cuenta lo acordado en convenio y también otros datos de los cónyuges como la edad, salud, profesión, medios económicos actuales, duración de la convivencia, tiempo dedicado al cuidado de la familia…

Un fiador es la persona que, mediante un contrato de fianza, garantiza con su patrimonio el cumplimiento de una obligación de otra persona. De este modo, si el deudor incumple el pago de lo comprometido, el acreedor podrá exigírselo al fiador.

Este contrato se suele asociar a préstamos y créditos solicitados a entidades bancarias, cuando estas exigen contar con la garantía personal de un tercero.

Aunque tiene algunos puntos comunes, no debe confundirse la fianza con la obligación, denominada igual, de entregar o depositar un dinero como garantía (para litigar, por costas judiciales, por indemnizaciones, en arrendamientos, en caso de libertad provisional en un proceso penal…).

Un avalista es la persona que, mediante un contrato de aval, garantiza con su patrimonio el cumplimiento de una obligación de otra persona. De este modo, si el deudor incumple el pago de lo comprometido, el acreedor podrá exigírselo en su lugar al avalista.

El contrato de aval suele formalizarse en el ámbito mercantil para garantizar el pago mediante documentos de giro (letras de cambio, cheques, pagarés…).

También suele pactarse cuando se solicita a una entidad bancaria que aporte su garantía para asegurar una obligación de pago o reforzar ciertas decisiones u operaciones: licitaciones, concursos, arrendamientos, responsabilidades asociadas a cargos…

Es similar a la fianza.

ASNEF es un fichero de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito explotado por la empresa ASNEF-EQUIFAX y cuyo tratamiento de datos realiza la empresa EQUIFAX IBERICA.

Es un registro de incumplimiento de obligaciones dinerarias que facilita consultas sobre la posible morosidad de quienes son solicitantes de operaciones de crédito en otras entidades, y también acerca de incidencias judiciales, reclamaciones de organismos públicos, datos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil…

La información del fichero la aportan sus miembros adheridos, que son empresas de todos los sectores de la economía.

BADEXCUG es un fichero con información sobre incumplimientos de obligaciones dinerarias. La información sobre los impagos la facilitan los acreedores o quienes actúen por su cuenta o interés.

Lo gestiona la empresa EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO y una serie de entidades participantes en el sistema que se responsabilizan del tratamiento de los datos.

Estos pueden ser consultados exclusivamente por las entidades adheridas al sistema, que estén aportando información, cuando necesitan evaluar la solvencia de las personas o empresas con impagos.

EXPERIAN también gestiona el fichero CIREX sobre operaciones de microcréditos (haya o no morosidad).

El REGISTRO DE ACEPTACIONES IMPAGADAS (RAI) contiene información sobre impagos, imputables a personas jurídicas, que tengan un importe mínimo de 300 euros y correspondan a documentos en los que el deudor haya reflejado con su firma que aceptó (reconoció) la deuda.

Son los documentos de giro que se utilizan en masa en el sistema bancario y tienen fuerza ejecutiva. Puede tratarse de letras de cambio, cheques, pagarés cambiarios…

La información la aportan las entidades bancarias.

La versión vigente de la legislación concursal está contemplada en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

Esta norma sustituyó a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, vigente durante varios años y que había sido objeto de múltiples modificaciones.

Los textos refundidos son actuaciones legislativas que desarrolla el ejecutivo por orden del legislativo para adecuar, ordenar y racionalizar una norma cuando ha sufrido diversas modificaciones y tiene una parte de la regulación dispersa por otras normas complementarias.

Estas nuevas normas no suponen una modificación legislativa (algo que compete a las Cortes Generales), aunque, además de fundir normas distintas, sí pueden variar la redacción del texto y la estructura de la ley principal (con añadidos, supresiones, desgloses, explicaciones más claras y detalladas, solución de incoherencias o puntos difíciles de interpretar…).

Los ficheros de morosidad o registros de morosos son herramientas informativas al servicio de todo tipo de empresas que aportan datos sobre los incumplimientos de obligaciones de las personas y empresas.

Se alimentan de la información que aportan sus miembros adheridos, que son los acreedores (fundamentalmente empresas de diversos sectores) cuando sufren impagos de sus clientes.

Hay diversos ficheros de morosidad. Por ejemplo, el RAI (de impagos asociados a documentos de giro aceptados: letras de cambio, cheques, pagarés…), el ASNEF -EQUIFAX y el BADEXCUG (de incumplimientos dinerarios)…

Son medios de pago sustentados en una tarjeta que se diferencian de las tarjetas de crédito y de débito en que solo contemplan la posibilidad de pago aplazado con intereses: no incluyen la opción de pago a fin de mes sin intereses ni la de pago al contado (apunte inmediato en la cuenta asociada).

Al disponer solo de la modalidad a crédito con intereses, funcionan como una línea de crédito en cuenta corriente. Admiten solo el pago del total pendiente con cuota fija o con cuota periódica (con unos mínimos y máximos).

El hecho de que estas tarjetas devenguen a menudo intereses elevados y no dispongan de opciones para evitarlos ha dado lugar a una fuerte controversia sobre la escasa adecuación de este tipo de producto para muchos consumidores.

En esta línea, ha habido decisiones judiciales que han determinado que algunas de estas tarjetas, comercializadas entre el público con cierta agresividad, tenían intereses abusivos y sus condiciones de pago alargaban la operación de crédito.

La consecuencia es que ello ha abierto la puerta a las reclamaciones de usuarios endeudados a las entidades emisoras por este tipo de instrumento de pago.

No debe confundirse este tipo de tarjeta con la mayoría de las tarjetas de crédito convencionales que disponen de la opción de fijar el pago aplazado a cuota proporcional o fija pero también permiten al titular optar por el pago sin intereses a final de mes.

Procedimiento judicial que tiene por objeto lograr que el deudor insolvente con impagos satisfaga las deudas pendientes con sus acreedores en la medida de lo posible. Para ello, se busca la facilitación de acuerdos de pago (aplazamientos, fraccionamientos, reducciones…) o se procede a la liquidación de patrimonio (venta para dedicar el importe a los pagos), entre otras posibles medidas, si esos pactos no prosperan o se incumplen.

El pago de las deudas de los acreedores en la liquidación debe respetar ciertas prelaciones en función de su tipología, ya que unos derechos de cobro tienen más preferencia que otros.

Los ficheros de morosidad o registros de morosos son herramientas informativas al servicio de todo tipo de empresas que aportan datos sobre los incumplimientos de obligaciones de las personas y empresas.

Se alimentan de la información que aportan sus miembros adheridos, que son los acreedores (fundamentalmente empresas de diversos sectores) cuando sufren impagos de sus clientes.

Hay diversos ficheros de morosidad. Por ejemplo, el RAI (de impagos asociados a documentos de giro aceptados: letras de cambio, cheques, pagarés…), el ASNEF-EQUIFAX y el BADEXCUG (de incumplimientos dinerarios)…

ERTE es el acrónimo de Expediente Temporal de Regulación de Empleo.

Supone la suspensión o reducción temporal de un contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor.

Como efecto, los contratos no se extinguen (no hay despido) y los trabajadores continúan vinculados a la empresa, pero sin que esta les pague el salario ni indemnizaciones, o, si hay solo reducción, cobrando un importe menor.

Durante el período de suspensión los trabajadores tienen, en su caso, derecho a percibir las prestaciones por desempleo. Y superada la situación, pueden reincorporarse a la empresa.

Ordenación en grupos de los créditos concursales (derechos de cobro) a efectos de su preferencia a la hora de saldar las deudas en la liquidación del patrimonio del deudor.

El orden de preferencia es la siguiente:

  • Contra a la masa (van aparte de todos los demás y son los primeros en satisfacerse).
  • Con privilegio especial (se pagan con los bienes afectos).
  • Con privilegio general.
  • Ordinarios
  • Subordinados.

Calendario de pagos que pacta el deudor con los acreedores en la vía diferida de acceso al BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) para saldar las deudas no exonerables que estén pendientes. Puede tener hasta cinco años.

También pueden pactarse planes de pago en los acuerdos extrajudiciales y en las propuestas de convenio al inicio del concurso (en este último caso solo si se trata de autónomos).

En general, un deudor es la persona física o jurídica que se ha comprometido frente a otra persona o ente a realizar un pago, prestar un servicio o cumplir otro tipo de obligación en unas determinadas condiciones (forma, plazos, fechas…).

Dentro de los procedimientos preconcursales y concursales, el deudor suele serlo de obligaciones de pago dinerario (frente a proveedores, compañías de suministro, prestamistas, administraciones públicas…).

Conjunto de procedimientos regulados en la Ley Concursal que tienen como fin ayudar a solucionar el problema de impagos de los particulares y autónomos en situación de insolvencia.

Incluye tres fases:

  • Una fase preconcursal dirigida al logro de un pacto del deudor con sus acreedores (Acuerdo Extrajudicial de Pagos).
  • Una fase judicial (Concurso Consecutivo) si el acuerdo citado no se consigue, en la cual generalmente se liquidará el patrimonio del deudor para realizar los pagos o se constatará su insuficiencia.
  • Una tercera fase en la que el deudor, cumpliendo algunos requisitos, podrá cancelar todas o algunas de las deudas pendientes (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho).

Este mecanismo, de modo completo, fue introducido en la Ley Concursal por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, conocida coloquialmente como ‘Ley de la Segunda Oportunidad’.

Personas naturales (físicas) que no son titulares de un negocio como autónomos adscritos al RETA o a una mutua profesional alternativa. Actúan como individuos y asumen las deudas con su patrimonio personal, que no está afecto a una actividad económica por cuenta propia.

Pueden ser trabajadores (con contrato laboral), directivos (contrato de alta dirección), funcionarios, pensionistas por jubilación, invalidez o viudedad, estudiantes, doctorandos, rentistas, amas de casa…

Los juzgados de primera instancia e instrucción son órganos jurisdiccionales dirigidos por un juez, y adscritos a un territorio concreto (partido judicial), que puede actuar en el orden civil y el penal.

Son el primer acceso judicial de los ciudadanos cuando en estos ámbitos se debe dirimir algún conflicto.

En los procedimientos preconcursales y concursales del Mecanismo de Segunda Oportunidad los juzgados de primera instancia son, en general, los que se encargan de los procedimientos en los que el deudor es un particular.

Los juzgados de lo mercantil son órganos jurisdiccionales dirigidos por un juez que pueden estar adscritos a una provincia o a varias de la misma comunidad autónoma, y tener sede en la capital de la provincia (uno o varios juzgados) o en otras poblaciones.

Se encargan de las cuestiones suscitadas en materia mercantil, y de los asuntos concursales (exceptuando los que corresponden a particulares, que se dirimen en los juzgados de primera instancia).

Licenciado en Derecho, inscrito como ejerciente en un Colegio de Procuradores, que lleva la representación en juzgados y tribunales de sus clientes y se encarga de labores documentales e informativas y de las notificaciones entre la sede judicial y los abogados.

En los procedimientos de segunda oportunidad (dirigidos a particulares y autónomos) no es obligatorio contar con procurador. Sin embargo, algunos abogados prefieran contar igualmente con los servicios de este tipo de profesional en su prestación jurídica a deudores que son personas naturales.

Es una norma aprobada por el Gobierno para afrontar situaciones extraordinarias o urgentes si bien, para tener validez, deberá ser aprobada por el Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días desde su promulgación.

Es un tributo personal, directo y progresivo que grava las rentas obtenidas anualmente por las personas físicas para colaborar en el sostenimiento del Estado.

Es una asociación que trabaja por una organización judicial basada en la libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, por la democratización de la carrera judicial, igualdad entre hombres y mujeres, etc.

Es un movimiento no violento que defiende los intereses de los hipotecantes que no pueden hacer frente al pago de la cuota de sus hipotecas frente al marco legal que protege a los bancos.

El Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo recoge en su Anexo el Código de Buenas Prácticas Bancarias.

Este Código contiene una serie de medidas para reestructurar la deuda de los deudores hipotecarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Los bancos que estén acogidos a este Código están obligados a aplicar dichas medidas a los deudores que cumplan los requisitos de vulnerabilidad.

Conjunto de sentencias o resoluciones judiciales dictadas por distintos órganos judiciales.

La jurisprudencia ejerce una función importante de complementar el ordenamiento jurídico mediante la doctrina reiterada del Tribunal Supremo.

Procedimiento judicial mediante el cual el acreedor solicita la venta en pública subasta de un inmueble gravado con hipoteca para garantizar el pago de un préstamo, cuando el deudor incumple con el pago de las cuotas hipotecarias.

IPREM o Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, es un índice de referencia que se utiliza para conceder ayudas, subvenciones o subsidios. Se actualiza cada año.

Plusvalía o Plusvalía municipal, es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Se trata de un tributo local que grava el incremento de valor que experimenta un inmueble desde que se adquiere hasta que se transmite.

Es un conjunto de normas de derecho civil (capacidad, adopción, matrimonio, divorcio, sucesiones…), aunque no regula todas las materias del orden civil.

Órgano jurisdiccional único y superior en toda España y en todos los órdenes del derecho (civil, penal, contencioso-administrativo y social). Tiene su sede en Madrid.

La Dirección General de Tributos (DGT) es el órgano directivo de la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio de Hacienda que se encarga de la política tributaria del Gobierno de la Nación.

Índice de contenidos

A continuación, te explicamos lo más relevante sobre la reunificación de deudas. Si precisas asesoramiento sobre esta materia, no dudes en ponerte en contacto con uno de nuestros abogados. ¡La primera consulta es gratuita!

1. 

¿Qué es la reunificación de deudas?

Reunificar deudas consiste en agrupar todos los préstamos en uno solo, lo cual implica cancelar los anteriores y volver a contratar uno nuevo que concentre todos los pagos. De esta manera se paga menos cada mes, pero durante más tiempo.

Se aceptan todo tipo de deudas: la hipoteca, el crédito del coche, cargos en la tarjeta de crédito, deudas con la Administración o cualquier préstamo al consumo.

La reunificación de deudas es recomendable cuando el nivel de endeudamientos supera los ingresos.

 

2. 

¿Cómo funciona?

Lo primero que hay que hacer es sumar lo que queda por pagar de cada préstamo junto a los intereses.

Después, se puede acudir a una empresa mediadora o a una entidad financiera (banco o caja) para explicar la situación y escuchar una propuesta.

Sin embargo, si estás en una situación en la cual no puedes (o te cuesta) afrontar el pago de tus deudas, te recomendamos que consultes con un abogado especializado en deudas.

 

3. 

¿Cuáles son los requisitos?

Al reunificar deudas se acaba pagando menos al mes, lo que implica una situación de alivio. Pero hay algunas condiciones:

  • No se pueden unificar unas deudas si y otras no.
  • Se comprobarán los ingresos mensuales o que no se esté incluido en una lista de morosos.
  • Hay que demostrar que se tiene capacidad de pago.
  • Para poder llevar a cabo una unificación de deudas se ha de contratar un nuevo préstamo (personal o hipotecario) con el que se cancelen los préstamos o créditos existentes.

 

4. 

¿Qué tipos de reunificación de deudas existen?

La mayoría de entidades bancarias ofrecen agrupar las deudas ampliando la hipoteca, o incluso con una nueva. Aquí el inconveniente lo tienen aquellos usuarios que no poseen una vivienda en propiedad. Por ello existen varias opciones.

Reunificación de deudas con hipoteca

La nueva hipoteca no puede superar el 80% del valor del bien hipotecado. La reunificación hipotecaria es el mecanismo más utilizado porque más de un 80% de españoles es propietario de la vivienda en la que reside y el banco se guarda un as en la manga. La utiliza como una garantía de pago.

Las hipotecas tienen por lo general mejores condiciones que un préstamo personal o al consumo (es decir, se paga menos). Esto no quiere decir que no haya que asumir costes, se volverá a pagar la notaría, el registro de la propiedad e impuestos. Aquí el inconveniente es que si no pagas, el banco puede quedarse con la casa.

Reunificación de deudas con aval

Hay una segunda vía y es para aquellos que cuenten con un avalista, es decir una tercera persona que esté dispuesta a responder con sus bienes o ingresos si el deudor no paga su deuda.

Para los que no cuenten con un avalista, existe la opción de solicitar una reunificación de deudas mediante un aval propio, es decir, algún bien a su nombre, como un vehículo. Si no se puede llevar a cabo por ninguna de estas opciones, la solución es solicitar un préstamo.

Reunificación de deudas con un préstamo

Otra opción es solicitar un préstamo personal por el valor total de todas las deudas acumuladas para poder cancelar los préstamos anteriores. El cliente asume el coste del nuevo préstamo, con sus intereses, además del coste de los que se liquidan.

 

5. 

¿Implica algún gasto?

Es probable que al juntar todos los préstamos y créditos en uno solo lo que nos salga a pagar crezca. Además, hay una serie de gastos que siempre se asumen. Estos son los más comunes:

  • Gastos por cancelar de manera anticipada los préstamos que se tenían.
  • Los intereses que haya compromiso de pagar.
  • La comisión de estudio o los gastos de formalizar una nueva hipoteca.
  • Formalizar la apertura de un nuevo préstamo y sus comisiones.
  • La comisión en caso de intermediación para aquellos que hayan optado por una agencia mediadora.

Es conveniente consultar con varias entidades antes de tomar la decisión o utilizar un simulador y comparar alternativas.

 

6. 

¿Cuánto se tarda en reunificar deudas?

El tiempo puede variar mucho según el tipo de cliente o la entidad que lo gestione, también depende de si se cambia de banco. Si solo se tiene en cuenta lo que se tarda en conceder un nuevo préstamo, la media está entre 24 horas o 15 días.

 

7. 

¿Cómo reunificar deudas estando en ASNEF?

Si el cliente aparece en ASNEF (un fichero de morosos) lo habitual es que los bancos y entidades financieras rechacen de primeras la propuesta de reunificación, ya que no confían en que el deudor pueda hacer frente a los pagos.

Ahora bien, hay excepciones y depende de cada caso:

  • Si la deuda que aparece en ASNEF es pequeña (por ejemplo, una factura de teléfono atrasada) basta con pagar lo que se debe a la empresa y solicitar que te elimine del registro.
  • Si la deuda es mediana, se puede recurrir a un familiar o amigo. Cuando te acepten la reunificación en tu banco, se lo devuelves.
  • Hay empresas que se encargan de eliminar la deuda para que no suponga un inconveniente en la solicitud de financiación y después lo incluyen en el importe de la solicitud del préstamo.
  • Las opciones aumentan cuando se dispone de una propiedad, un aval o una persona que pueda avalar la operación.
  • También es importante el papel del cónyuge. Si la nómina del interesado es alta y también lo es la de la pareja, las probabilidades de conseguir unificar todas deudas aumentan aun apareciendo en ASNEF.

Incluir alguna propiedad como garantía, puede ser la clave porque la entidad quiere contar con ella si hubiera impago.

 

8. 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de reunificar deudas?

Lo que está claro, es que es mejor intentar una refinanciación de nuestras obligaciones financieras, antes que llegar a una situación de impago total. Además, existe el derecho a retractarse hasta 14 días después de la firma del contrato. Pero como en todo, hay ventajas y desventajas.

Desventajas

Juntar todos nuestros préstamos y créditos en uno solo conlleva unos gastos que conviene tener en cuenta:

  • Costes de cancelar los préstamos de manera anticipada.
  • Comisiones por cancelación o amortización anticipada.
  • Gastos de solicitar un nuevo préstamo hipotecario.
  • Comisión por apertura de hipoteca.
  • Costes de tasación de la vivienda o inmueble hipotecado.
  • Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
  • Honorarios de la notaría.

Finalmente, conviene recordar que la deuda se alarga en el tiempo. Al empezar de cero se paga menos cada mes, pero se suman más meses o años.

Si se decide hacerlo a través de una agencia mediadora, esta cobrará su propia tarifa. Algo que no suele ocurrir al hacerlo con el banco.

Ventajas

La principal ventaja es que se acaba pagando una sola cuota con un solo interés, en lugar de varios préstamos cada uno con sus intereses.

Además, el importe mensual destinado a la amortización de la deuda se reduce y permite a los consumidores contar con más liquidez cada mes.

Los préstamos con garantía hipotecaria destinados a las reunificaciones tienen intereses más elevados que las hipotecas normales, pero algunos cuentan con un interés más bajo que los préstamos personales.

Si se contrata a una empresa que se encargue de todo el papeleo y de negociar, el proceso se simplifica porque solo hay que llamar y después aceptar el acuerdo.

Al final, una reunificación de deudas es un producto financiero más y ello implica la necesidad de que exista seguridad en el proceso.

 

9. 

Reunificación deudas de tarjetas de crédito

Generalmente, los que tienen una tarjeta de crédito (asociada al banco) abonan al final de mes todas las compras realizadas con ella, pero también se puede optar por pagar a plazos. Y esta operación genera intereses.

Lo mismo ocurre con las tarjetas revolving, porque solo permiten aplazar las compras. Endeudarse con las revolving no es difícil porque a veces los intereses son tan altos que se tiene que recurrir a otro préstamo solo para pagarlos.

Tanto es así, que el Tribunal Supremo se tuvo que pronunciar al respecto y considerar que si el interés es del 20% o más, se puede denunciar. La sentencia analizó un caso concreto, el de Wizink, que es la entidad que más denuncias acumula en España por este tipo de tarjetas. Pero también aplica a Carrefour o algunos bancos.

¿Pero qué pasa si no se paga?

Si se acumulan impagos de tarjetas de crédito o revolving, la consecuencia es el devengo de intereses de demora. Y ante esta situación es importante actuar rápido para no incrementar la deuda.

Sobre todo, porque si el propietario de la tarjeta no intenta solucionarlo, el banco iniciará acciones que agravarán la situación financiera del cliente:

  • El banco puede bloquear la tarjeta de crédito.
  • La deuda sigue generando nuevos intereses.
  • Se pagan más comisiones.
  • Se puede acabar en una lista de morosos.

Optar aquí por la reunificación de deudas, implica agrupar todas las deudas de cada una de las tarjetas en una y empezar a pagar lo que falte junto a los nuevos intereses.

 

10. 

Reunificación de deudas con impagos

Tener impagos es peligroso por varias razones. Uno, porque genera más intereses. Dos, porque la entidad financiera intentará quedarse con algo que el deudor tenga en propiedad, como un coche, una casa y hasta la nómina.

Si se llega a la situación donde se acumulan deudas con impagos, la mejor opción es hablar con el banco o bancos con los que se tiene la deuda y demostrar la voluntad de arreglo para poder negociar.

Así, podrá ofrecer un período de carencia, extender el plazo con cuotas más accesibles o refinanciar la deuda.

Si se decide no pagar, la deuda crece aún más por los intereses por demora y las comisiones por gestión de cobranza. Después, es posible que el banco inicie acciones por la vía judicial.

 

11. 

Reunificación deudas de microcréditos

Los microcréditos llevan de la mano la palabra rápido. Se conceden enseguida pero también hay que pagarlos cuanto antes, en algunos casos el plazo de devolución es de máximo 30 días.

Las cantidades suelen ser bajas pero aún así, puede darse el caso de que pasado el plazo no se cuente con el dinero para pagarlo.

La mejor opción es ponerse en contacto con la compañía con la que se ha contratado el producto para pactar un nuevo método de pago.

Si la cosa se complica y se opta por ampliar el microcrédito, o se acude a otra entidad a pedir otro y los intereses empiezan a subir, es mejor solicitar la reunificación de deudas donde se pueden agrupar todos, sin importar el tipo de interés ni el importe total.

 

12. 

Alternativas a la reunificación de deudas

La reunificación de deudas es recomendable cuando la cantidad total de las deudas en su conjunto no son muy altas. Cuando las deudas son más altas o se cuenta con varias hipotecas existen otras herramientas legales que podrían ser más interesantes:

La Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de la Segunda Oportunidad es una normativa que permite a los deudores salir de la economía sumergida y paralizar los embargos. Pero hay que acreditar que no se dispone de suficientes recursos para pagar las deudas, es decir, estar en una situación de insolvencia actual o inminente. Es el equivalente al concurso de acreedores para empresas, pero pensado para personas físicas (familias, pequeños empresarios o autónomos).

La Dación de Pago

La dación en pago consiste en entregar un bien hipotecado como garantía para extinguir la deuda. En este caso, se puede resolver por completo la deuda con el banco o puede faltar o sobrar una parte. Si ocurre esto, la entidad tiene que acordar con el cliente cómo lo solucionan.

Ampliación de la hipoteca

Con este método al recibir el dinero se cancelan los préstamos personales pendientes y se consigue más tiempo para saldar la deuda. Además, suele tener un tipo de interés más bajo, ya que los plazos para las hipotecas son más largos que para los préstamos personales y los intereses son inferiores.

Carencia de capital

Durante el tiempo establecido, el deudor, solo amortizará con sus pagos los intereses del préstamo.

Carencia total

Implica dejar de pagar toda la cuota, sin intereses y capital. En los dos casos, la cantidad que el usuario deja de abonar temporalmente será cobrado por el banco después, y se recalcula el préstamo.

 

13. 

Código de Buenas Prácticas Bancarias

Siguiendo con el punto anterior, los deudores también pueden encontrar su aliado en el Código de Buenas Prácticas Bancarias, pensado para proporcionar ayuda a todas aquellas familias que padecen dificultades económicas y no pueden hacer frente al pago de la hipoteca de su vivienda habitual y estén en situación de especial vulnerabilidad.

El Real Decreto-Ley 6/2012, modificado posteriormente por la Ley 1/2013, la Ley 25/2015 y Real Decreto-ley 5/2017, da derecho a reestructurar la deuda hipotecaria. Y conlleva una rebaja del tipo de interés, instauración de periodo de carencia y ampliación del plazo de amortización.

Hay que cumplir una serie de requisitos:

  • Ser persona física y  tener suscrito con el banco contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria sobre la primera vivienda o vivienda habitual, vigentes a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 6/2012.
  • También se pueden acoger usuarios con contratos formalizados con posterioridad a esa fecha y que se encuentren en el umbral de exclusión de acuerdo con los requisitos definidos en la normativa.

 

14. 

¿Dónde puedo reunificar deudas?

El proceso lo puede gestionar una empresa mediadora, de intermediación financiera, la entidad bancaria o abogados y economistas especializados en deudas.

Este tipo de compañías asesoran, resuelven dudas y trabajan para encontrar la opción de financiación que mejor se adapte a las necesidades y particularidades de cada caso, con las mejores condiciones posibles para su devolución.

En Libertad Sin Deudas trabajamos con algunos de los mejores abogados y asesores jurídicos. Contamos con colaboradores en toda España. Puedes contactar con ellos sin ningún compromiso y te asesorarán.

 

15. 

¿Cómo reunificar deudas con bancos?

No todas las entidades bancarias tradicionales ofrecen préstamos o créditos de reunificación de deudas. La mayoría sin embargo, cuenta con simuladores donde se puede calcular cuánto costaría hacerlo. Esta opción servirá para hacerse una idea, pero siempre es mejor acudir a una oficina o hacer la gestión por teléfono.

Reunificar deudas con ING

ING tiene un simulador de préstamos personales online donde hay que indicar cuál es la finalidad de este. En este caso sería “cancelación de otros préstamos”. La cantidad mínima que se puede solicitar es 6.000 euros y la máxima 60.000 euros a través de un Préstamo NARANJA, donde solo puede haber un único titular y está dirigido a trabajadores por cuenta ajena.

Reunificación deudas con Cajamar

Cajamar dispone de un servicio de reunificación de deudas llamado Financiación Agrupa.

El requisito de Cajamar es que no haya demoras en el pago de los préstamos, créditos o tarjetas de crédito (con un máximo de 6 tarjetas por operación) que se quieran agrupar.

El importe solicitado no podrá ser inferior a 300 euros ni superior a 60.000 euros, con un plazo máximo de 120 meses. El banco gestiona de manera gratuita la cancelación de todos los préstamos que se agrupen.

Reunificación de deudas con el Banco Santander

Con el simulador de préstamos personales del Banco Santander se puede comprobar si está preautorizado en solo un momento y en pocos pasos. Ofrecen hasta 60.000 euros a devolver en un máximo de 8 años.

Reunificación de deudas Banco Popular

El Banco Santander compró el Popular en 2017. Al desaparecer la entidad, cualquier deuda continúa vigente, pero cambia de acreedor y ahora toca ajustar cuentas con el Santander. Puedes acceder al simulador de préstamos personales del Banco Santander mencionado en el punto anterior.

Reunificación deudas con Bankinter

En el simulador de préstamos personales de Bankinter, disponible para clientes y no clientes, hay que indicar si se prefiere hipoteca o préstamos. En el caso del segundo, cuál es la finalidad del préstamo, el nivel de ingresos y los gastos mensuales.

Reunificar deudas con CaixaBank

La calculadora de CaixaBank permite solicitar financiación a medida, eligiendo la cuota y plazo que mejor se adapten a cada caso.

Reunificar deudas Banc Sabadell

Los préstamos y créditos que ofrece el Banc Sabadell, así como la hipoteca también se pueden calcular desde su web. La entidad ofrece hasta 60.000 euros a través del Préstamo Expansión a pagar entre 24 y 60 meses.

Reunificar deudas BBVA

El BBVA ofrece condiciones de financiación a medida según las necesidades de cada cliente. Con el simulador de préstamos del BBVA se puede elegir el importe, el plazo de devolución, calcular la cuota del préstamo y conocer los intereses. Además, distingue entre aquellos que tengan la nómina o pensión domiciliada y los que no.

Reunificar deudas Bankia

En el simulador de hipotecas de Bankia, o en el de préstamos personales también se puede calcular la cuota que necesitas y conseguir crédito.

Reunificar deudas con Abanca

En la pestaña de préstamos y créditos personales de Abanca ofrecen la opción de trasladar los préstamos de hasta 50.000 euros que se tengan con otra entidad y ofrecen bajar el tipo de interés sea cual sea.

Reunificar deudas Caja Rural

En este enlace de Rural Vía, se accede al simulador de préstamos personales e hipotecarios que ofrece la entidad.

Reunificar deudas Deutsche Bank

El banco alemán Deutsche Bank, dispone de una calculadora de cuota mensual según el tipo de préstamo que se elija (fijo o variable), el plazo del préstamo y el número de cuotas por año que se desee (a elegir entre 12 y 14 cuotas). Aunque advierten que los resultados de las simulaciones son orientativos.

Reunificar deudas Evo

A través de Evo puedes solicitar un préstamo desde 3.000 euros hasta 50.000 y elegir la cuota que se quiere pagar cada mes en función del plazo y el importe solicitado. El préstamo personal EVO tiene un plazo de devolución de entre 1 y 8 años.

Reunificar deudas Unicaja

Esta entidad no cuenta con un simulador, pero en el siguiente enlace se pueden consultar todos los préstamos personales que ofrece Unicaja, que llegan hasta los 60.000 euros con 8 años para devolverlo.

Reunificar deudas Cajasur

Cajasur dispone de un espacio en el que se puede consultar, solicitar cita con un asesor y llevar a cabo simulaciones de sus productos y servicios.

 

16. 

¿Cómo reunificar deudas con entidades financieras especializadas?

La mayoría de entidades financieras online ofrecen una calculadora de reunificación de deudas para que se pueda ver la letra que quedaría al mes. Aunque hay que comprobar si la calculadora incluye los gastos de la operación y el seguro.

Realizar una simulación no conlleva ningún compromiso con la entidad, por lo que se pueden utilizar diversos simuladores de reunificación de deudas y más tarde, comparar los resultados para optar por la reunificación que más conviene.

Algunas no cobran por el servicio ofrecido hasta obtener resultados. A continuación, se muestran algunos ejemplos:

Reunificar deudas con Cetelem

Cetelem ofrece un préstamo exclusivo para reunificar deudas y aquí se puede hacer la simulación. No piden aval y ofrecen préstamos al consumo para pagar deudas de hasta 60.000 euros por un periodo de 10 años.

Reunificación de deudas Cofidis

Cofidis, también cuenta con un simulador de créditos y préstamos personales, con tipos de interés desde 4,95% TIN. Tampoco piden aval e igual que Cetlem ofrecen préstamos al consumo para pagar deudas de hasta 60.000 euros por un periodo de 10 años.

Reunificar deudas SuitaPrest

SuitaPrest ofrece préstamos para la reunificación de deudas utilizando garantía hipotecaria, es decir que la propiedad sirva de garantía.

Reunificar deudas con Inmofinan

Inmofinan es otra empresa que ofrece servicios adaptados, ya sean préstamos personales, autónomos o empresas, hipotecas, microcréditos, financiación empresarial y la obtención de líneas de crédito ICO.

Reunificar deudas con Agencia Negociadora

Agencia Negociadora asegura reducir el pago hasta un 80% pero sólo con vivienda en propiedad, hipotecada o no. Los plazos que ofrecen son entre 8 y 30 años, con una TAE desde 1,25% hasta 11,74%. Las condiciones finales dependen del perfil de crédito y la oferta de financiación tiene que ser aprobada por la entidad financiera.

Reunificar deudas con GE2010

GE2010 es otra empresa que se encarga de negociar financiación para conseguir mejorar el tipo de interés y obtener liquidez.

Primero realiza un estudio gratuito y después analiza si la operación es viable o no. Si es que sí, se encargan de la negociación y trámites. No cobran sin tener un resultado positivo. En su caso, ofrecen reducir hasta un 70% los pagos y de esta forma disponer de un poco de tranquilidad financiera.

 

17. 

Documentación necesaria para reunificación de deudas

Hay empresas que sólo pedirán (de entrada) el DNI y la escritura de la vivienda, pero a nivel general, la documentación que solicite una empresa de reunificación de deuda variará en función de la compañía y del régimen laboral.

Así, a los asalariados les pedirá:

  • Contrato de trabajo.
  • Tres últimas nóminas.
  • Declaración de la Renta o IRPF año anterior.

A los autónomos necesitarán:

  • Declaración de la renta de los dos últimos años.
  • IVA del año anterior y el de los trimestres del año en curso.
  • Tres últimos recibos de la cuota de autónomos.

En el caso de los pensionistas, se solicitará:

  • Certificado de la Seguridad Social justificando ingresos.
  • Declaración de la renta del último año.

Hay algunos documentos que se repiten en todos los casos:

  • El DNI de todos los titulares de la deuda.
  • Los últimos recibos pagados de cada uno de los préstamos que se tengan.
  • En caso de embargo, autos judiciales o cartas de abogados reclamando algún préstamo.
  • Escrituras de las propiedades o nota simple del registro.
  • Si se utiliza la propiedad como aval, se pedirá la escritura de la vivienda y una tasación reciente.

Una vez que se envíe toda la documentación, la empresa se pondrá en contacto con el interesado y le informará del resultado del estudio.

Es aconsejable sondear diversas fuentes de financiación hasta conseguir las mejores condiciones para pagar menos.

 

Preguntas Frecuentes

GRATIS