Juzgado Mercantil

El objetivo de esta página es proporcionar una visión rápida de las funciones de un juzgado mercantil, el que será competente en los procedimientos de segunda oportunidad, y ubicar este tipo de órgano judicial en el mapa de juzgados y tribunales regulado por el ordenamiento.

Publicado 18/09/25

Actualizado 18/09/25

ARTÍCULO VERIFICADO POR:

Eloi Esmerats Rodríguez

Abogado concursal especializado en Ley Segunda Oportunidad

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Los juzgados de lo mercantil son uno de los tipos de juzgados regulados por la Ley Orgánica del Poder Judicial cuyo titular es un solo juez o magistrado. Dirimen sobre conflictos relacionados con el tráfico mercantil y afectan a patrimonios, negocios, transacciones… de personas y empresas. Entre otros asuntos, les corresponde, además, sustanciar los procedimientos concursales y, con ellos, los trámites de exoneración de deudas conocidos como mecanismo de segunda oportunidad.

Los juzgados de lo mercantil

Los juzgados mercantiles son los dedicados a conflictos que tienen incidencia sobre actividades de negocio y transacciones en el mercado, y sobre ciertas afectaciones patrimoniales tanto de personas físicas como de personas jurídicas.

El Derecho mercantil tradicionalmente se enmarca dentro del ámbito del Derecho civil, del que es una especialidad. Hasta 2003 estos juzgados no existían, y sus asuntos se sustanciaban en los juzgados de primera instancia, junto a los demás casos civiles.

Desde ese momento, se fueron poniendo en marcha de modo gradual, asumiendo los casos de temática mercantil asignados como competencia propia por la normativa. Durante su despliegue, no obstante, compartieron esa función con los de primera instancia.

Los asuntos que conocen actualmente los juzgados de lo mercantil versan sobre ciertos aspectos de la competencia, funcionamiento de las sociedades, propiedad industrial, propiedad intelectual, publicidad, procedimientos concursales…

Si tienes curiosidad, lee la siguiente síntesis de nuestra organización judicial, en la que se ubican los juzgados mercantiles. Si no, sáltate este apartado y pasa al siguiente: Competencias del juez mercantil.

Juzgados, tribunales, asuntos y criterios de organización

Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional a los siguientes juzgados y tribunales:

Tribunales, formados por varios magistrados

Tribunal Supremo — Máximo órgano del poder judicial, con jurisdicción en todo el país. Tiene cinco salas: de lo Civil, de lo Penal, de lo Social, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Militar. Conoce de ciertos recursos (casación, revisión…) y sustancia causas contra cargos aforados (miembros de los tres poderes del estado, fiscales, miembros de otros organismos…), entre otros asuntos.
Audiencia Nacional — Tiene jurisdicción en todo el país. Consta de cuatro salas: de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Trata sobre ciertos asuntos considerados especiales: delitos contra la Corona o la forma de gobierno, falsificaciones de moneda y medios de pago, grandes fraudes, terrorismo, narcotráfico, contrabando de armas, procesos sobre ciertos convenios colectivos, algunos delitos de españoles en el extranjero y ciertos recursos penales, sociales y contencioso-administrativos, entre otros asuntos.
Tribunales Superiores de Justicia — Hay uno con jurisdicción en cada comunidad autónoma, en cuyo ámbito para ciertos asuntos es el órgano judicial máximo (sin perjuicio de las competencias del Tribunal Supremo). Tienen tres salas: de lo civil y lo penal, de lo contencioso-administrativo y de lo social. Sustancia ciertos recursos contra resoluciones de órganos judiciales del territorio basadas en normativa propia autonómica o foral, procesos contra cargos autonómicos aforados o por ciertos hechos cometidos en el territorio y reconocimiento de ciertos laudos y resoluciones arbitrales, entre otros asuntos.
Audiencias Provinciales — Tienen jurisdicción en cada capital de provincia. Conocen de algunos asuntos civiles y penales que no corresponden a los juzgados de esas materias y de ciertos recursos referidos a resoluciones de los diferentes juzgados, entre otros asuntos.

Juzgados, con titularidad de un solo juez o magistrado

Según la ley, en función de la temática de los asuntos que tratan, existen actualmente los:

Juzgados de primera instancia e instrucción — Tratan diversos asuntos civiles y penales. En los penales asumen la instrucción de los casos que enjuiciará la Audiencia Provincial o los juzgados de lo penal, hasta la posible apertura de juicio. Pueden ser juzgados mixtos en estas dos materias o, en algunos casos, estar separados (los de primera instancia, civiles, y los de instrucción, penales).
Juzgados de lo mercantil — Tratan asuntos de relevancia económica y patrimonial en el tráfico mercantil: actividades económicas, sociedades, transportes, propiedad intelectual e industrial, competencia, procedimientos concursales (y mecanismo de segunda oportunidad)…
Juzgados de lo penal — Entre otros asuntos, se encargan de enjuiciar los asuntos relativos a delitos investigados por los juzgados de instrucción, cuando se confirma la acusación. También ejecutan sentencias por delitos graves o menos graves dictadas por los juzgados de instrucción y reconocen y ejecutan resoluciones con sanciones pecuniarias de las autoridades de otros estados de la Unión Europea que deban cumplirse en territorio español.
Juzgados de lo contencioso-administrativo — Sustancian conflictos con las administraciones públicas, cuando ya han superado las fases de reclamación y resolución administrativa, o entre organismos de diferentes administraciones, y dictan resoluciones diversas (relativas a comicios, extranjería, ciertos conflictos de ámbito local o autonómico, entrada en domicilios en asuntos administrativos, restricción de derechos por razones sanitarias…), entre otras competencias.
Juzgados de lo social — Conocen de los asuntos relativos a conflictos entre trabajadores y empresas, por sus contratos y condiciones de trabajo, y de estos con la Seguridad Social.

Estos juzgados tienen jurisdicción asociada, según los casos, a partidos judiciales, provincias o incluso municipios (a uno de esos ámbitos o a varios). El criterio organizativo, dentro del margen determinado por la ley, depende del tipo de juzgado, del número existente, de la población del ámbito territorial, de las necesidades de la actividad en la zona…

Además, hay juzgados especializados de:

Violencia sobre la mujer — Conocen de ciertos delitos cometidos contra la esposa o pareja, o sobre menores que sean descendientes propios o descendientes, tutelados o acogidos a cargo de esta. También pueden sustanciar algunos asuntos de filiación, maternidad y paternidad, matrimonio, adopción, guarda y custodia… El factor violencia de género influye en muchos casos en la competencia.
Menores — Conocen de los hechos delictivos cometidos por menores de edad (con edades entre los 14 y los 18 años), salvo por los de terrorismo o cometidos en el extranjero, y por responsabilidades civiles derivadas. También ejecutan sentencias y vigilan la aplicación de las medidas impuestas.
Vigilancia penitenciaria — Se encargan de hacer cumplir las penas impuestas con privación de libertad y asumen funciones como salvaguardar derechos de los internos en prisiones, tomar ciertas decisiones sobre libertad condicional, beneficios penitenciarios, permisos y otros derechos, grados de cumplimiento, aislamientos… También controlan el ejercicio de las autoridades de las prisiones para corregir abusos y desviaciones del régimen penitenciario.

En ocasiones puede adjudicarse de modo exclusivo conocer de un determinado tipo de asuntos a uno o más juzgados, si hay varios del mismo tipo en una misma circunscripción, o que haya alguno que comparta varias materias.

Por último, existen los llamados juzgados de paz, en municipios que no disponen de juzgado de primera instancia e instrucción.

Los nombra el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, pero son elegidos por el Ayuntamiento. No pertenecen a la carrera judicial, pero deben cumplir ciertos requisitos (algunos similares a los que se exigen a los aspirantes a esta).
Asumen funciones de importancia menor en el territorio en el que ejercen: instrucciones y juicios por importes muy pequeños o delitos leves (antes llamados faltas), actos de mediación y conciliación, custodia de documentos, funciones relacionadas del Registro Civil, actos de auxilio judicial a otros juzgados, actuaciones preventivas…

Juzgados centrales

Existen también varios juzgados centrales, con sede en la Villa de Madrid, que corresponden a algunos de los antes expuestos, pero con jurisdicción en todo el Estado. Se crearon para descongestionar a otros órganos judiciales y sus funciones son diversas, atribuidas por la normativa.

Son los siguientes:

Juzgados centrales de instrucción.
Juzgados centrales de lo penal.
Juzgados centrales de lo contencioso-administrativo.
Juzgados centrales de vigilancia penitenciaria.
Juzgado Central de Menores.

Juzgados y tribunales de Marca Comunitaria

Sobre la planta de tribunales y juzgados expuesta, hay que precisar lo siguiente:

Juzgados de Marca Comunitaria — Los juzgados mercantiles de Alicante tienen, además de su competencia en los asuntos propios de esos juzgados, la exclusividad para conocer de los conflictos relativos a marcas, dibujos y modelos en el ámbito de la Unión Europea (lo que se denomina marca comunitaria). Es la primera instancia.
Tribunal de Marca Comunitaria — Este tribunal actúa en este mismo ámbito judicial y en la misma materia que los antes citados, y se integra en la Audiencia Provincial de Alicante. Es la segunda instancia.

Estos órganos tratan sobre las controversias suscitadas en relación a las marcas, dibujos y modelos registrados en el ámbito europeo: violaciones, impugnaciones, indemnizaciones, caducidad, nulidad, prohibiciones, sanciones…

A pesar de su ubicación en Alicante, estos órganos judiciales en esas materias tienen jurisdicción en todo el país.

En Alicante se ubica, además, la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Competencias del juez mercantil

Un juez mercantil tiene competencia para conocer de asuntos como los siguientes:

Cuestiones y conflictos en materia de:
- Propiedad intelectual e industrial.
- Competencia desleal y publicidad.
- Funcionamiento de sociedades mercantiles y cooperativas y de agrupaciones de interés económico.
- Transporte terrestre, nacional o internacional.
- Derecho marítimo y derecho aéreo.
Toma de algunas decisiones relativas a la tramitación de planes de reestructuración (previos a un posible concurso de acreedores) o de planes de continuidad (previos y luego simultáneos a un procedimiento especial de microempresas).
Apertura de los procedimientos concursales (y su posterior conclusión), y sustanciación durante su desarrollo de diversos trámites asociados a estos, en el caso de:
- Concursos de acreedores de personas físicas o jurídicas insolventes que no tengan la consideración de microempresas a efectos de la normativa concursal.
- Procedimientos especiales de microempresas, dirigidos a personas físicas o jurídicas insolventes con actividad económica que, por no superar ciertos límites de plantilla y de volumen de negocio o deudas, tengan esa consideración a efectos de la normativa concursal.
Concesión o denegación de la exoneración del pasivo insatisfecho, dentro de un procedimiento concursal que afecte a deudores insolventes que sean personas físicas.
Algunas reclamaciones, acciones y ejecuciones civiles o administrativas con trascendencia patrimonial dirigidas contra el deudor inmerso en un procedimiento concursal, o contra socios, administradores, máximos directivos, liquidadores o auditores de la empresa o entidad deudora.
Algunas acciones en el ámbito social por razón de la extinción o modificación de contratos laborales, cuando afecten al deudor sometido a un procedimiento concursal y tengan carácter colectivo.
Recursos contra calificaciones negativas de los registradores mercantiles.
Reconocimiento y ejecución de sentencias y resoluciones judiciales extranjeras que versen sobre las materias de las que tienen competencia estos juzgados…

Hay algunas funciones muy relacionadas con algunas citadas que pueden quedar fuera de la competencia de los jueces mercantiles. Por ejemplo, algunas relativas a la protección de pasajeros de transportes, defensa de consumidores y usuarios, condiciones generales de contratación…

Juzgado Mercantil. Pregundas frecuentes

¿Dónde se ubican los juzgados mercantiles?

Puede haber uno o varios en cada capital de provincia, pero también en otras poblaciones, y puede establecerse un único juzgado mercantil que cubra dos o más provincias o poblaciones limítrofes.

La organización responde a criterios como el número de habitantes o las necesidades derivadas del desarrollo industrial o comercial de algunas zonas.

Estos son algunos ejemplos de la planta actual:

En Castilla-León los hay en Valladolid (2) y Burgos (1).
En Extremadura, en Badajoz (1) y Mérida (1).
En Andalucía los hay en todas las capitales: Huelva (1), Sevilla (4), Cádiz (2), Málaga (3), Córdoba (1), Jaén (1), Granada (2) y Almería (2),
En Catalunya, en Tarragona (1), Barcelona (12) y Girona (2).
En Aragón, solo en Zaragoza (2).
En Madrid los hay en la capital (19).
En el País Vasco los hay en Bilbao (3) y San Sebastián (2).
En Asturias, Gijón (1) y Oviedo (2).
En Murcia, hay en Cartagena (1) y en Murcia (3)…

El que no exista un juzgado en alguna provincia no complica en ningún caso la tramitación de la segunda oportunidad. Los abogados actúan siempre en los juzgados a los que corresponda tramitar un caso con toda la agilidad que permite el sistema.

Y muchos trámites judiciales se realizan telemáticamente, vía la red LEXNET (y con plataformas electrónicas (como, por ejemplo, los procedimientos especiales de microempresas, que se ventilan en buena medida con trámites on line).

¿Pueden intervenir juzgados diversos en el mecanismo de segunda oportunidad?

NO. La concesión o denegación de la EPI (exoneración del pasivo insatisfecho) la decidirá siempre el juez concursal, que ha de ser siempre un juez de lo mercantil.

Puede haber otros juzgados que estén dirigiendo simultáneamente actuaciones que puedan afectar al deudor —concursos de terceros que puedan involucrarle, ejecuciones no paralizadas, procesos penales o sociales, expedientes administrativos…—, pero no intervendrán en la tramitación de la EPI.

¿Por qué se sustancian en un juzgado mercantil los concursos de particulares?

Es lo que contempla la normativa concursal, probablemente porque el legislador ha considerado que en estos procedimientos se dirimen asuntos que afectan de lleno al patrimonio del deudor y a sus transacciones con terceros, incluso si se trata de personas físicas sin actividad económica. Ello puede hacer así conveniente que los tramite un juzgado especializado y no uno meramente civil.

Y es algo que tiene sentido. Aunque las situaciones de insolvencia de sociedades mercantiles suelen ser más complejas que las de particulares, al final el patrón del procedimiento va a ser el mismo: listar acreedores y créditos, inventariar fondos, bienes y derechos, sondear soluciones de pacto o de transmisión o cesión de bienes, realizar liquidaciones patrimoniales…

Aunque los particulares no intervengan en el mercado buscando rendimientos con negocios, sí contratan con terceros con muy distintos fines: prestadores de servicios, empresas de suministros, entidades financieras, garantes… Y se relacionan con las administraciones públicas al igual que las empresas.

La fijación de la competencia judicial es, en todo caso, una decisión que ha experimentado cambios diversos a lo largo de la evolución de la normativa:

Los concursos de acreedores son un procedimiento mercantil que absorbió las antiguas figuras de la suspensión de pagos, la quiebra, el concurso (en su regulación clásica) y la quita y espera. Estos procedimientos tradicionales como el posterior concurso de acreedores estaban pensados para comerciantes (empresas), los dos primeros citados, y para para particulares los otros dos. Pero se sustanciaban en los juzgados de primera instancia, porque no se habían creado aún los especializados en temática mercantil.
Estos juzgados se crearon en 2003, en la misma fecha que se promulgó la Ley Concursal. Y se les adjudicó conocer de los concursos de acreedores. Se buscaba concentrar en un sólo órgano judicial ciertas materias de especial trascendencia para el patrimonio del deudor: civiles, mercantiles, sociales, medidas cautelares… No obstante, siguieron actuando de modo transitorio algunos juzgados de primera instancia mientras se iban creando los mercantiles
En 2015 —corroborado en la publicación del Texto Refundido de la Ley Concursal en 2020— se volvió a dar competencia a los juzgados de primera instancia, pero solo para los concursos de acreedores de particulares (personas físicas sin actividad por cuenta propia). Los de autónomos y de personas jurídicas seguían correspondiendo a los juzgados de lo mercantil.
Con la reforma concursal de 2022 se retornó a la competencia única de los juzgados de lo mercantil, para todo tipo de deudores

Entre otros motivos, estos cambios han buscado en algunos momentos paliar el colapso de los juzgados de lo mercantil cuando aún no se habían creado todos los necesarios.

Pero, aunque no los hay aún en todas las capitales de provincia, la planta cada vez más amplia de este tipo de juzgados permite que asuman ya de modo exclusivo el conocimiento de este tipo de procedimientos.

¿Es el Tribunal Constitucional el órgano supremo de la organización judicial?

NO. El órgano cúspide del sistema judicial es el Tribunal Supremo. Es quien resuelve los recursos últimos, ordinarios y extraordinarios, que llegan de los demás juzgados y tribunales.

Solo quedan al margen los asuntos que tienen que ver con la garantía de los derechos y libertades contempladas en la Constitución y el ajuste a esta de las normas que se promulgan.

El Tribunal Supremo, entre otras funciones, resuelve los recursos de casación (en los diversos órdenes; civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar) y revisión (administrativa) que vienen interpuestos desde instancias inferiores, además de otros extraordinarios.
El Tribunal Constitucional, entre otras funciones, resuelve recursos de inconstitucionalidad de leyes, resoluciones y actos con fuerza legal y recursos de amparo cuando se alega que normas parlamentarias, resoluciones gubernativas o decisiones judiciales violan derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

Por tanto, el Tribunal Constitucional no es un órgano de última instancia, Su competencia es velar por el ajuste de normas y resoluciones a la Constitución, pero no revisar el fondo de las decisiones del sistema judicial, que culmina en el Tribunal Supremo.

¿Pueden interponerse recursos en un procedimiento concursal?

SÍ. Como en otros procedimientos, en los concursales —cuya tramitación es condición para la obtención final de la exoneración de deudas— cabe interponer distintos recursos en determinados momentos procesales, contra diferentes decisiones que puede tomar el juez mercantil.

Por ejemplo, recursos de reposición, que resuelve el propio juez concursal, o de apelación, que resuelve la Audiencia Provincial, o de casación o de infracción procesal, que resuelve el Tribunal Supremo.

Estos son algunos ejemplos concretos:

Cabe un recurso de reposición contra el auto que inadmite la solicitud de declaración del concurso presentada por un deudor o acreedor.
Contra las resoluciones sobre nombramiento y cese de administradores concursales y auxiliares delegados puede interponerse un recurso de reposición.
Contra el auto o la sentencia de apertura de la fase de liquidación el deudor puede interponer un recurso de apelación.
Se puede interponer un recurso de apelación contra la sentencia que resuelva sobre la impugnación de un plan de pagos para la EPI.
Contra la resolución por la que se concede la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho, una vez culminado el plan de pagos, no cabe recurso alguno.
No cabe recurso alguno contra el auto que acuerde la conclusión del concurso. Contra el que la deniegue sí podrá interponerse un recurso de apelación.
Contra las sentencias de audiencias provinciales relativas a la calificación o a la conclusión del concurso, puede interponerse un recurso de casación y uno extraordinario por infracción procesal.

¿El juez concursal es un juez especializado?

Sí. Ello vendrá dado por su experiencia en el puesto. Pero, además, en la provisión de plazas para los diferentes juzgados se suele tener en cuenta la especialización. En concreto, la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que las plazas para los juzgados de lo mercantil se resolverán en favor de quienes:

Acrediten especialización en los asuntos propios de dichos juzgados (obtenida mediante superación de las pruebas establecidas) y tengan mejor puesto en su escalafón.
En su defecto, sean magistrados que acrediten haber permanecido más años en el orden jurisdiccional civil, o, a falta de éstos, tengan mayor antigüedad.

Cuando hay ascensos, los nuevos titulares deberán pasar previamente por las pruebas y actividades de formación que se establezcan. Un juez mercantil será por ello, especialista en temática mercantil, en la vía concursal y en segunda oportunidad.

¿Puede ser magistrado el juez concursal?

SÍ. La diferencia entre jueces y magistrados no es jerárquica, sino de categoría.

Los jueces de carrera (por oposición y curso en la Escuela Judicial) pueden adquirir la categoría de magistrado cumpliendo algunos requisitos, uno de ellos el de antigüedad. También pueden entrar directamente como magistrados los juristas de reconocido prestigio con un mínimo de años de profesión (también precisarán superar un curso en la Escuela Judicial).

Pero que un juez se convierta en magistrado no le dará más competencias o poder de mando. Lo relevante es la adscripción a un órgano judicial y las competencias que tenga este.

Sí es obligado tener la condición de magistrado para ser miembro de ciertos tribunales superiores, que son órganos colegiados. También es posible que la especialización de un magistrado le haga más factible aspirar a un determinado órgano judicial, si hay vacantes y promociones.

Pero cuando se trata de órganos unipersonales, como los juzgados, es irrelevante para las causas el que tengan en un determinado momento como titular a un juez o a un magistrado.

Serán juristas expertos en esa materia, y juzgarán los casos con los mismos criterios, togados unos con escudo plateado (jueces) y otros con escudo dorado (magistrados).