Ley Concursal
En esta página conocerás a grandes rasgos el objetivo de la llamada Ley Concursal, qué figuras procedimentales clásicas absorbió y cómo evolucionó la regulación de los procesos de insolvencia hasta llegar a esta norma. Asimismo, encontrarás una breve lista con los principales aspectos regulados por esta ley.
La Ley Concursal es la norma que regula los procedimientos por insolvencia, llamados concursales. Su objetivo es canalizar y organizar los pagos posibles a los acreedores de aquellos deudores que no pueden hacer frente a sus deudas de modo ordinario.
Qué regula la normativa concursal
La normativa concursal se contempla fundamentalmente en la llamada Ley Concursal. Esta es la norma general reguladora de los procedimientos aplicables a todo tipo de deudores, sean personas físicas o jurídicas, cuando se hallan en situación de insolvencia y no pueden afrontar los pagos comprometidos.
Los actuales procedimientos concursales cubren tanto los supuestos de insolvencia ya producida como aquellos en los que esta es solo inminente. Y también los de mera probabilidad de insolvencia, como causa para iniciar las etapas preconcursales.
Cómo ha evolucionado la regulación de los procedimientos de insolvencia
Antes de que se promulgara la Ley Concursal, en 2003, existían varias figuras procedimentales clásicas en el mundo de los negocios:
- Suspensión de pagos y quiebra, dirigidas a personas jurídicas
- Concurso de acreedores (en su regulación tradicional) y quita y espera, para personas físicas.
Estos procedimientos contemplaban tanto supuestos de insolvencia transitoria como de insolvencia definitiva.
La citada Ley Concursal de 2003 absorbió estas figuras procesales en un procedimiento; el concurso de acreedores.
La ley de 2003 fue modificada numerosas veces hasta 2020, año en el que la regulación de esta norma y alguna complementaria fue objeto de una fusión, compilación y mejora de redacción y estructura, dando lugar al llamado Texto Refundido de la Ley Concursal.
Es la norma concursal vigente, aunque desde ese año ha sido objeto de nuevas modificaciones: una de ellas, la de 2022, especialmente relevante.
La ley Concursal es una norma técnicamente compleja y ello, unido a los objetivos de armonización con las normativas europeas de insolvencia, justifica que se reforme a menudo.
Este enlace lleva a la norma vigente:
Objetivo de la actual Ley Concursal
El objetivo de la Ley Concursal es favorecer que el deudor salde en la medida posible sus deudas con los acreedores mediante pactos con estos o liquidando su patrimonio.
Además de lo relativo a estos procedimientos de pago, la Ley Concursal incluye varios artículos que regulan el llamado mecanismo de segunda oportunidad, trámite que permite cancelar algunas deudas a los particulares y autónomos si finalmente no las pueden pagar y cumplen ciertos requisitos.
Qué aspectos regula la Ley Concursal
La Ley Concursal es una norma muy amplia, que regula aspectos muy diversos de los procedimientos por insolvencia.
Entre otros:
- Los pactos preconcursales, acuerdos que pueden alcanzarse para canalizar algunos de los pagos y evitar la vía judicial (plan de reestructuración) o la liquidación (plan de continuación).
- Las dos modalidades de procedimiento concursal:
- El concurso de acreedores propiamente dicho.
- El procedimiento especial para microempresas (similar, pero algo más sencillo).
- El inicio, tramitación y conclusión de los procedimientos concursales (suponen la apertura de esa etapa judicial).
- La negociación de posibles pactos dentro del procedimiento concursal para facilitar algunos pagos con una mejora de condiciones: plan de continuación, Convenio concursal, plan de pagos…
- La liquidación de patrimonio del deudor si no se formalizan esos pactos, mediante medidas como ventas, subastas, cesiones de bienes, transmisión de negocios…
- El examen de la conducta del deudor y de sus antecedentes, para ver si incurrió en algunas conductas irregulares (que pueden conllevar sanciones, indemnizaciones o prohibiciones).
- La posibilidad de cancelar algunas deudas finalmente impagadas, si al deudor le resulta imposible saldarlas y es persona física que cumple ciertos requisitos.
Esto último es lo que corresponde al mecanismo de la llamada ley de la segunda oportunidad: la exoneración de deudas o, más concretamente, exoneración del pasivo insatisfecho (EPI).
La llamada ley de la segunda oportunidad es en realidad un fragmento de la Ley Concursal que regula los requisitos y trámites que pueden permitir a las personas físicas declaradas en concurso obtener, dentro de un procedimiento concursal, la exoneración de todas o algunas de sus deudas impagadas.