Acuerdo Extrajudicial de Pagos

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos era uno de los instrumentos previstos por Ley Concursal para un momento anterior la declaración de este: el preconcurso de acreedores o etapa preconcursal. Permitía pactar medidas para facilitar los pagos, proteger el patrimonio del deudor, evitar el concurso y facilitar la exoneración de deudas de particulares y autónomos.

En qué consistía el Acuerdo Extrajudicial de Pagos

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos era un instrumento regulado por la Ley Concursal para que se negociara en la etapa previa a este, denominada preconcurso.

Se trataba de un acuerdo especialmente adecuado para pequeñas empresas y autónomos (profesionales, comerciantes y empresarios individuales), y era útil incluso para particulares.

Su finalidad era servir como pacto en el que deudor y acreedores pudieran acordar medidas que facilitaran los pagos pendientes, logrando además:

• Que no se declarara el concurso de acreedores, eludiendo, con ello, la posibilidad de llegar a una liquidación patrimonial.
• La anticipación de ciertos efectos de protección del patrimonio del deudor ante sus acreedores, propios del concurso.
• Favorecer la continuidad de la actividad económica del deudor, si la tenía.

Era uno de los tres instrumentos preconcursales previstos en la normativa, junto a los acuerdos de refinanciación y las propuestas anticipadas de Convenio concursal (instrumento este último que ya se ejecutaba en el concurso).
Se concedía un período de negociación para esos acuerdos de tres meses (dos si era un particular), contados desde que se había comunicado al juez el inicio de esas negociaciones.

Como requisitos, se establecía lo siguiente:

• El deudor debía estar en situación de insolvencia actual o inminente.
• Si el deudor era persona física (natural), la estimación inicial del valor del pasivo no debía superar los cinco millones de euros.
• Cuando deudor era persona jurídica, debía:
  • Disponer de activos suficientes para pagar los gastos de tramitación del expediente y además tener una estimación inicial del valor del activo, por un lado, y del activo, por otro, que no excedieran de cinco millones de euros.
  • Tener menos de cincuenta acreedores.
• Además, el deudor NO debía estar en ninguna de estas circunstancias (algunas similares a las que ahora se exigen para obtener la exoneración de deudas):
  • Haber sido condenado en los diez años anteriores, en sentencia firme, por ciertos delitos (contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores).
  • Haber alcanzado otro Acuerdo Extrajudicial de Pagos o un acuerdo de refinanciación homologado en los cinco años anteriores.
  • Estar negociando en ese momento un acuerdo de refinanciación.
  • Haber sido declarado en concurso de acreedores en los cinco años anteriores.
  • Haberse solicitado ya la apertura del concurso.

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos no era, por tanto, un instrumento pensado para empresas de gran dimensión, con activos muy elevados y plantillas numerosas, cuyo concurso resultaría muy complejo o que tuvieran implicaciones en comportamientos irregulares o trayectorias recientes comprometidas.

Cómo se tramitaba un Acuerdo Extrajudicial de Pagos

El modo de iniciar la negociación de este instrumento de pacto era la solicitud de mediador concursal, efectuada por el deudor, que se realizaba mediante un formulario al que se adjuntaban ciertos datos o documentos.

Requería la firma o consentimiento del cónyuge de haber una vivienda familiar de propiedad compartida que pudiera quedar afectada.

La solicitud se dirigía:

• Si el deudor era un particular o una persona jurídica no inscribible en el Registro Mercantil, al notario. Este podría nombrar a un mediador de la lista del registro de mediadores concursales o asumir esa función por sí mismo (de no oponerse el deudor).
• Si era deudor un autónomo o una persona jurídica inscribible en el Registro Mercantil, al registrador mercantil —para que nombrara mediador— o a una cámara de comercio homologada para actuar como tal.

El mediador concursal tenía como misión ayudar a las partes a lograr el acuerdo,

Ello incluía comprobar requisitos, revisar datos y documentos, constatar la existencia de las deudas, realizar comunicaciones y convocatorias, conducir reuniones, chequear propuestas, resolver dudas, valorar contrapropuestas…, hasta certificar si el acuerdo era posible o no.

La aprobación debía contar con ciertas mayorías de representación de los acreedores, indicadas por la ley. Y se lograba, el pacto se elevaba a escritura pública y se comunicaba al juez.

El mediador podía además supervisar el cumplimiento del pacto.

De no alcanzarse, o de incumplirse, se abría el llamado concurso consecutivo.

Contenido que podía tener el Acuerdo Extrajudicial de Pagos

El acuerdo, en general, podía contener medidas como las siguientes:

• Esperas (aplazamientos) por un plazo no superior a diez años.
• Quitas (reducciones de importe).
• Cesiones de bienes en pago (daciones en pago) o para pago de los créditos o de una parte de estos (siempre, de bienes no necesarios para la actividad económica si la había).
• Conversiones de créditos en instrumentos financieros.

Si el deudor era un particular, solo podía contener esperas, quitas y cesiones de bienes (entre ellos, la dación en pago).

Además, la propuesta debía contar con un plan de pagos, un plan de viabilidad de la actividad económica, si existía, y detalle de las cantidades que se reservarían, en su caso, al pago de alimentos para el deudor y su familia (en caso de particulares o autónomos).

No podía pactarse nunca:

• La liquidación global del patrimonio del deudor.
• Una alteración del orden de prioridad de cobro de los acreedores (clasificación de créditos).

Y las deudas con acreedores públicos, Hacienda, la Seguridad Social, etc. quedaban siempre al margen del Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

Qué ventajas tenía intentar el Acuerdo Extrajudicial de Pagos

Ya desde el inicio del preconcurso, con la comunicación de apertura de negociaciones y el nombramiento del mediador concursal, se producían algunos efectos de protección de los bienes del deudor, ya que su patrimonio había de servir para satisfacer a los acreedores en ese momento o si se abría el concurso.

Entre otros:

• Que se paralizaran o suspendieran algunas ejecuciones y embargos.
• La suspensión de la posibilidad de apertura del concurso a iniciativa de los acreedores y del plazo para que el deudor estuviera obligado a ello.

Además, para deudores personas físicas, intentar este acuerdo, aunque no se lograra, permitía suavizar el requisito de pago mínimo en una de las vías posibles para tramitar la cancelación de deudas, entonces llamada beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).

No sería preciso en tal caso saldar previamente el 25 % de las deudas ordinarias que pudieran estar pendientes (solo había que pagar las correspondientes a los créditos contra la masa, los más preferentes, y a los privilegiados, los siguientes en prioridad). La otra vía era un plan de pagos, como ahora, si no se cumplía ese requisito de pago mínimo en la liquidación.

Qué ventajas tenía alcanzar un Acuerdo Extrajudicial de Pagos

Lograr el acuerdo aportaba una serie de beneficios para el deudor:

• Seguir evitando que se abriera el concurso y, con ello, eludir el riesgo de liquidación.
• Continuar con la actividad económica (aunque con alguna restricción en sus facultades de administración y disposición).
• Aplicar las medidas pactadas: créditos aplazados (por las esperas), liberación de parte de la deuda (importes reducidos por las quitas), deudas convertidas en participaciones…
• Lograr el levantamiento de algunos embargos…

La ley establecía los criterios de aplicación de lo pactado a unos u otros acreedores, según diferentes factores.

Motivos que llevaban al fracaso a muchos acuerdos extrajudiciales de pagos

No era frecuente que las negociaciones preconcursales para alcanzar un Acuerdo Extrajudicial de Pagos culminaran en éxito. Lo habitual es que no se llegara al pacto, aunque se intentara.

Las negociaciones no solían fructificar por motivos diversos, muchas veces no achacables al deudor.

Estas eran algunas de las causas más recurrentes:

• Había una mayoría de acreedores que:
  • No estaban interesados de inicio en el acuerdo.
  • No acudían a las reuniones, no daban respuesta posterior a lo hablado o decidían no continuar negociando.
  • Rechazaban pactar quitas (reducciones de la deuda) o esperas (aplazamientos de pago).
  • Se negaban a aceptar cesiones de bienes, o no les interesaban los bienes propuestos.
  • Estimaban que, dada la situación del deudor, sus compromisos no resultarían viables a corto o medio plazo.
  • Consideraban no razonables las propuestas del deudor si el compromiso de pago solo incluía una parte pequeña de lo debido.
  • Valoraban como excesivamente largos los calendarios de aplazamiento o fraccionamiento propuestos por el deudor.
  • Consideraban que, de abrirse la fase de concurso, la liquidación del patrimonio del deudor podrá darles una satisfacción mayor de sus derechos de cobro.

• Quienes aprobaban el pacto no representaban la mayoría legal suficiente.
• El cónyuge del deudor, que compartía con este la copropiedad de la vivienda familiar afectada, no aceptaba presentar conjuntamente la solicitud de acuerdo y tampoco daba su consentimiento a la solicitud.
• El mediador concursal llegaba la conclusión de que lograr un acuerdo razonable resultaba inviable en ese momento.
• Resultaba imposible conseguir un mediador o notario que aceptara actuar en los trámites y reuniones para intentar este tipo de pacto.

Esto último era un hecho irregular, que no debía producirse, pero, aunque resultara extraño tratándose de un procedimiento legal, a veces ocurría. Influía la escasa remuneración que la ley preveía para esos trabajos (en algunos casos podía rondar importes de solo 200 o 400 euros).

Pero la negativa de los mediadores sondeados no perjudicaba al deudor con vistas a conseguir la exoneración de deudas, al no ser achacable a inacción de este.

Qué ha motivado que ya no se regule el Acuerdo Extrajudicial de Pagos

Lo que ha llevado al legislador a eliminar la figura del Acuerdo Extrajudicial de Pagos como instrumento preconcursal dirigido a pequeñas y medianas empresas, autónomos e incluso particulares es precisamente el no haber cumplido de forma satisfactoria su propósito.

Este tipo de pactos tuvo un éxito escaso, aunque se intentara a menudo por su ventaja en los requisitos de la EPI (la exoneración de deudas), y, a pesar de ello, contribuía a incrementar los costes globales de los concursos, que ya de por sí conllevaban gastos no fáciles de asumir por muchos deudores en crisis.

Por ello, se estimó que, para el tipo de deudor que podía aspirar a este tipo de pacto extrajudicial, convenía:

• Si se trataba de autónomos o de pequeñas sociedades —las ahora consideradas microempresas—, fundir las actuales opciones de acuerdo preconcursal y concursal en un único instrumento de pacto procesalmente mucho más sencillo, con menor coste y adaptado a las necesidades de este tipo de negocios: el plan de continuación.
• Proponer otro instrumento que pudiera aprovechar también tanto a autónomos como a particulares, ligado a la tramitación de la exoneración de deudas: el plan de pagos.

Asimismo, se dispuso para las sociedades que excedan los límites que pone la ley para tener la consideración de microempresa otro instrumento, el plan de reestructuración, sustitutivo de los antiguos acuerdos de refinanciación.